María Cristina de Habsburgo-Lorena, segunda esposa de Alfonso XII, fue nombrada Regente del Reino de España el día siguiente al  de la muerte del Rey, el 26 de noviembre de 1885. El matrimonio había tenido dos hijas, las Infantas María de las Mercedes y María Teresa, y la Reina viuda estaba embarazada del que sería su último hijo el Príncipe Alfonso, futuro  rey Alfonso XIII. Con objeto de evitar problemas con los carlistas, se espero a nombrar heredero hasta el nacimiento del niño, hijo póstumo del Rey Alfonso XII. La Regencia continuó hasta la  declaración de mayoría de edad del Príncipe de Asturias, el día que alcanzó la edad de 16 años, el 17 de mayo de 1902.

María Cristina de Habsburgo- Lorena  (María Christina Désirée Henriette Felicitas Rainiera von Habsburgo- Lothringen)  nació en 1858 cerca de Brno, Moldavia, y murió  en Madrid a los 71 años, en 1929.  Hija del archiduque Carlos Fernando de Austria y de la archiduquesa Isabel Francisca de Austria, era prima segunda de los emperadores Francisco José de Austria y de Maximiliano I de Méjico. Era tataranieta de Carlos III de España.

El día 28 de noviembre de 1885, María Cristina juró fidelidad al heredero de la Corona y a la Constitución y, dos días después, juró como Regente la Constitución en el Congreso

Durante los diecisiete años de su Regencia se perdieron los últimos restos coloniales, en América y Asia, de lo que había sido el Imperio Español.

Práxedes Mateo Sagasta

El día 27 de noviembre de 1885, Sagasta fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros por la Reina Regente, María Cristina, en cumplimiento del acuerdo del turno pacifico entre los dos partidos constitucionales y conforme  a lo pactado en el Palacio del Pardo días antes de la muerte del Rey Alfonso XII.  Su mandato duró casi  cinco años, hasta el 5 de julio  de 1890 cuando dimitió.

Sagasta fue el primer Presidente del Consejo de Ministros nombrado por la Reina Regente, era la cuarta vez que desempeñaba el cargo.

No todos los conservadores estuvieron de acuerdo con lo pactado en El Pardo, una facción, encabezada por Francisco Romero Robledo, no aceptó la cesión del poder a los liberales y abandonó el partido para formar su propia agrupación, el partido liberal- reformista, en un intento de crear un espacio político intermedio entre los dos partidos turnantes en el poder. A los disidentes se unió  el partido de la izquierda dinástica de José López Domínguez.

A estos últimos, en enero de 1886, Sagasta trató de atraerlos al partido liberal, pero las peticiones de su  líder, López Domínguez, sobrino del general Serrano, fueron tan excesivas que se frustró la  unión.

Sagasta formó un Gobierno formado por una mezcla de notables de las distintas ramas del partido liberal.

La sociedad estaba dividida en varios sectores: por un lado, los monárquicos defensores del modelo canovista y ajenos al sentir de las nuevas clases sociales; por otra parte, la oposición representada por los republicanos de cualquier signo, los nacionalistas, carlistas y representantes de la nueva burguesía sin espacio político, y por último  el proletariado entorno al partido socialista obrero español, la unión general de trabajadores y la confederación nacional del trabajo. Todo ello bajo la atenta mirada de la Iglesia Católica.

El 8 de marzo de 1886, se suprimieron las Cortes y se convocaron elecciones que se celebraron el 4  abril. Se repitieron las irregularidades habituales en las elecciones y los liberarles consiguieron la mayoría absoluta con  268 diputados sobre un total de 395 de la Cámara. Entre los elegidos  se encontraba Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones, futura figura política del régimen. Los conservadores obtuvieron 63 escaños y 44 el resto de partidos de la oposición. Las Cortes elegidas fueron la más duración de la Restauración, las únicas que estuvieron a punto de agotar su vida legal de cinco años. Las primeras Cortes de la Regencia se abrieron el  día 10 de mayo. A este periodo de gobierno de Sagasta se le llamó el “Gobierno Largo” y también el “Parlamento Largo”.

El 17 de mayo de 1886, la Reina Regente dio a luz al hijo póstumo de Alfonso XII, fue un varón al que pusieron el nombre de Alfonso. Fue Rey desde el día de su nacimiento con el nombre de Alfonso XIII, primero bajo la regencia de su madre María Cristian y después de 1902, cuando fue proclamada su  la mayoría, como Rey constitucional hasta el 14 de abril de 1931, fecha de la declaración de  la II República Española.

En junio de 1886, España envió una expedición a explorar la región comprendida entre la península de Río de Oro y los oasis de Adrar  Tamar, dentro del vasto protectorado español de la costa noroccidental de África. El territorio estaba limitado por  la Bahía del Oeste y cabo Bojador, protectorado que había sido proclamado por el Gobierno español en 1884. La expedición estaba formada por el profesor Francisco Cervera,  el militar Julio Cercera y el cónsul en Marruecos, y arabista, Felipe Rizzo.

En septiembre de 1886, se produjo el último intento de golpe republicano en  la España  del siglo XIX. La sublevación estaba encabezada por el general  Manuel Villacampa del Castillo y organizada desde el exilio por el conspirador  republicano Manuel Ruiz Zorrilla. Fracasó y  el fracaso dividió profundamente a los republicanos españoles.

Los republicanos ya  estaban muy divididos: Castelar se había separado de sus antiguos compañeros para fundar el partido republicano posibilista;  Pi i Margall favorecía un movimiento federal; Ruiz Zorrilla lideraba el partido progresista republicano y Salmerón dirigía el grupo de los centralistas. En enero de 1886, los tres últimos habían llegado a una alianza, la unión republicana.

Con la participación de la Asociación Republicana Militar, dirigida por el general Villacampa,  los republicanos prepararon el golpe en Madrid. El pronunciamiento se produjo el 19 de septiembre. No consiguieron que lo apoyase ningún regimiento de la guarnición ni tampoco consiguieron levantar a las masas. El fracaso fue total, los líderes fueron capturados, juzgados y condenados  a muerte para ser posteriormente indultados por la Reina Regente. Con el intento murió el republicanismo histórico español.

El ministro de Gracia y Justicia Manuel Alonso Martínez, en noviembre de 1886, tomó la iniciativa de autorizar  los matrimonios civiles para los no católicos. La  iniciativa generó un  nuevo conflicto con la Iglesia y solo después de intensas negociaciones con la Santa Sede se llegó a un acuerdo, pacto que  se plasmó en la Ley de Bases de 1888, por la cual la Iglesia reconocía al Estado la capacidad y potestad de regular los efectos civiles del Matrimonio.

En España, hasta 1870, no existió otro matrimonio distinto al matrimonio canónigo. La Constitución de 1869 dio lugar a la presentación en las Cortes de un proyecto de Ley de Código Civil  en el que se imponía el matrimonió civil como única forma reconocida.  En tanto se aprobaba el nuevo Código, en junio de 1870, se promulgó la Ley Provisional de Matrimonio Civil, único reconocido, que habrá de celebrarse por todos los españoles que deseen contraer el vínculo.  La Iglesia rechazó la Ley  de 1870  porque chocaba contra los principios y las costumbres de los españoles católicos, por lo que fue incumplida y supuso un fracaso. El Decreto de febrero de 1875, firmado por Cánovas, planteó un nuevo sistema matrimonial, a la vista del fracaso del matrimonio civil, restableciendo la forma canónica pero conservando el matrimonio civil, exclusivamente con carácter excepcional, para aquellos que  ostensiblemente manifiesten no pertenecer  la religión católica.

El 7 de octubre de 1886, por  Real Decreto Ley, se puso fin a la Ley de  Patronato de 1880 procediéndose a la abolición de la esclavitud en Cuba y la liberación de los 30.000 esclavos que quedaban sometidos a la ley derogada. Así, se puso fin a la esclavitud dos años antes de lo indicado en la citada ley de Patronato.

En este año de 1886, Valentín Almirall publicó su obra fundamental “Lo catalanisme” en la que defendía el particularismo catalán y la necesidad de reconocer las personalidades de la diferentes regiones en las que se ha dividido la península. Proponía una confederación, o estado, compuesto con una estructura dual similar al existente, en su época, en el imperio Austro- Húngaro. Almirall  ha sido considerado como el fundador del catalanismo político. De estos mismos años son la creación y difusión de los símbolos catalanistas: la bandera en 1880; el himno de Els Segadors en 1882; el día de la patria, el 11 de septiembre, en 1886; la sardana en 1892 y los patrones en 1885 y 1881.

No fue nada fácil para  Sagasta mantener unido a  un partido tan heterogéneo como era el partido liberal. Las dificultades empezaron a ponerse de manifiesto a lo largo del año 1887 con las escisiones  de Cristino Martos, Presidente de las Cortes, y del general Manuel Cassola Fernández, Ministro de la Guerra,  y la pugna entre el Ministro de Ultramar, Germán Gamazo, y el Ministro de Estado, Segismundo Moret, en la defensa de políticas económicas proteccionistas o librecambistas.

Las razones de Cristino Martos eran puramente personales. Las del general Cassola estaban ligadas a las reformas militares que éste presentó entre ellas: el servicio militar obligatorio y una amplia reorganización interna del Ejército.

La situación del Ejército era muy deficiente en comparación con otros ejércitos nacionales europeos. Su organización estaba más pensada para tareas de guarnición y de mantenimiento del orden público que preparada para la guerra, con recluta forzosa, tropas mal equipadas, con excesos de mandos  y con una estructura organizativa poco adecuada para un ejército moderno.

El proyecto presentado por Cassola, en junio de 1887, no fue aprobado por las Cortes debido a una fuerte oposición de los conservadores  y de los militares, tanto conservadores como liberales, que eran diputados.  Uno de los temas más polémicos del proyecto fue la propuesta de establecer el servicio militar obligatorio  sin redenciones ni sustituciones que beneficiaban a los hijos de las familias más acomodadas. Sagasta no prestó al ministro el apoyo necesario para sacar adelante el proyecto por lo que el general Cassola presentó su dimisión como Ministro de la Guerra pasando, a continuación, a realizar algunas campañas críticas contra el Presidente del Consejo.

El Gobierno optó por imponer por Decreto las partes menos conflictivas del proyecto  que no habían sido refutadas por las Cortes, entre ellas: supresión de los grados honoríficos, los empleos superiores al efectivo, la movilidad entre armas con algunas excepciones en los cuerpos especiales, ascensos por antigüedad en tiempos de paz, etc.

Mucha mayor dificultad tenía el enfrentamiento interno en el partido a causa de la política económica. El problema surgió cuando el ministro de Fomento  Germán Gamazo trató de variar la política tradicional librecambista del partido liberal.  Política que   apoyaba Sagasta,  quien había  nombrado un Ministro de Hacienda librecambista.

Gamazo era el portavoz de la Liga Agraria, organización creada en 1887 en defensa de los intereses agrícolas de carácter regeneracionistas y donde estaban representados todo el abanico de la política  caciquil del País. Demandaba una solución a la crisis agrícola que afectaba especialmente al cultivo de cereales. La crisis era el reflejo en España de la crisis  agraria europea caracterizada por el descenso de la producción y la caída de los precios a causa de la llegada de productos agrícolas desde Argentina, Estados Unidos, Canadá y Australia  con unos costes de producción más bajos y cuyo transporte se había abaratado con los avances de la navegación a vapor.

La crisis afectó, sobre todo, al sector cerealista castellano, a la remolacha azucarera y a la ganadería. Los salarios se estancaron y muchos pequeños propietarios  se arruinaron  y se vieron obligados a emigrar.

La Liga Agraria presionó al Gobierno para que adoptara medidas fiscales  y arancelarias. Rebajas de los impuestos que gravaban la propiedad de la tierra, el cultivo y la ganadería,  y proteccionistas protección arancelaria para reservar el mercado interno a los cereales producidos en España, aunque fuera a costa de que los consumidores  españoles tuvieran que soportar precios más elevados.

A la campaña proteccionista se unieron los empresarios textiles catalanes  a quienes había afectado gravemente la depresión agraria al provocar caídas de sus ventas y, posteriormente, los industriales metalúrgicos vasco. Se formó un frente común castellano –catalán – vasco en defensa de políticas proteccionistas que salvaguardaran el mercado nacional de productos importados más baratos.

Gamazo pretendía quitar significación política a sus propuestas, sin embargo, en la práctica, actuaba de acuerdo con sus intereses y al margen del partido.

La primera gran reforma del Gobierno de Sagasta fue la promulgación de la Ley de Asociaciones, el 30 de junio de 1887, que desarrollaba el derecho  a la libertad de asociación que reconocía el artículo 13 de la Constitución de 1876. Quedaban sometidas a esta Ley las asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo, o  de cualquier otro fin lícito, que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia.  También se regulan por esta Ley los gremios, las sociedades de socorros mutuos, de previsión de patronos, cooperativas de producción, de crédito o de consumo. La Ley permitió que las organizaciones obreras pudieran actuar legalmente, incluía la libertad sindical, dando un gran impulso el movimiento obrero en España.

En 1887,  en el Centre Catalá se produjo una ruptura entre las dos corrientes que la integraban: la izquierdista y federalista  y la catalanista y conservadora. Estos últimos abandonaron el Centre, en noviembre, para formar la Lliga de Catalunya. A partir de la ese momento la hegemonía catalanista pasó a la Lliga.

La Restauración consolidó un Estado centralista con un férreo control de la administración provincial y local por parte del gobierno. Durante éste tiempo continuó el proceso de creación de un nacionalismo  españolista, conservador, ligado al legado histórico, con el catolicismo y la lengua castellana como principales elementos en oposición a la concepción republicana  de la nación como una libre voluntad de los ciudadanos  como titulares de la soberanía.

El proceso de nacionalización española, auspiciado por Cánovas, Menéndez Pelayo y Vázquez de Mella, tuvo una intensidad menor que en otros países europeos como Francia donde, desde la escuela al servicio militar obligatorio, cumplieron la función de nacionalizar el País. Mientras en España las lenguas diferentes al castellano se mantuvieron en sus respectivos territorios, en Francia se impuso el francés como lengua única dejando de hablarse el resto de leguas de país.

El proceso de nacionalización español se basó exclusivamente en los dos partidos dinásticos, dejando fuera del proceso al resto de partidos y a gran parte de la población incluyendo a los trabajadores.  Las organizaciones socialistas y anarquistas tenían, y defendían, un carácter internacionalista. El nacionalismo si se afianzó en las ciudades, donde se produjeron manifestaciones nacionalistas con motivo del conflicto con Alemania por las Islas Carolinas, por  la invención del submarino por Isaac Peral o por la Guerra del general García Margallo en Melilla. El débil proceso de construcción nacional fue la causa y efecto de la expansión de los regionalismos. La oposición al Estado no solo fue, a partir de entonces,   de los carlistas o federalistas sino que, a ellos, se unieron los que se sentían de patrias distintas especialmente en Cataluña, País Vasco y Galicia.

En febrero de 1888, en Rio Tinto, Huelva, se produjo un movimiento revolucionario para conseguir mejoras en la calidad de la vida, y en las condiciones medioambientales, que se daban en la producción de cobre en las minas de esa localidad propiedad de la empresa inglesa Río Tinto Campany Limited, rebelión que fue salvajemente reprimida por el ejército, en el llamado “el año de los tiros”, con el resultado oficial de 13 muertos y 48 heridos.

Las minas de Río Tinto, con más de 5.000 años de antigüedad, son las más antiguas del mundo y desde épocas prehistóricas se han explotado para obtener cobre, plata  y hierro.  Habían sido compradas al Estado en 1973  por Río Tinto Company quien las transformó en una mina moderna, industrializando la producción   y  dando trabajo a más de 10.000 mineros. Era la explotación minera  a cielo abierto más grande del mundo.

El procedimiento para obtener el cobre era en un sistema de calcinaciones del mineral a cielo abierto, las teleras,  consistente en colocar grandes montones de mineral de varias toneladas sobre ramajes a los que se prendía fuego para obtener cobre puro. Los enormes montones liberaban azufre durante la combustión en forma de grandes nubes de gases sulfurosos, “la manta”, que arruinaba la salud y  la vegetación con efectos perniciosos para la agricultura de la zona. La situación se había hecho intolerable.

El día 1 de febrero de 1888, estalla la huelga con un seguimiento casi completo en la mina y en los pueblos de la zona. El día 4, los líderes de la huelga convocaron una manifestación pidiendo la eliminación de los humos y mejoras en las condiciones salariales y laborales  de los mineros. La manifestación se concentró en Zalamea la Real  donde, los líderes de la huelga,  negociaban con la Corporación Municipal un acuerdo para la supresión de las teleras   como fuentes productoras de los humos.

Estando en plena negociación,  se presentó el Gobernador Civil, Agustín Bravo y Joven, acompañado del Regimiento de Pavía,  dispuesto a poner orden. Desautorizó a la Corporación  de Zalamea negándoles autoridad para negociar el fin  de las calcinaciones y salió al balcón del Ayuntamiento para pedirles a los huelguistas, concentrados en la plaza del pueblo, que depusieran su actitud. Entonces sucedió lo inesperado, los soldados abrieron fuego contra la multitud, seguido de un ataque a bayoneta,  produciéndose muertos y heridos. La cifra oficial de víctimas habla de 13 muertos y 48 heridos aunque en la memoria colectiva se recuerdan muchos más, algunos como consecuencias de las heridas recibidas y no curadas por temor a represalias. Tan grande fue la represión que no hubo manifestaciones en la mina durante los siguientes 12 años.

El día 8 de abril de 1888, la Reina Regente inauguró la Exposición Universal de Barcelona. La exposición se llevó a cabo en la Parque de la Ciudadela, recinto militar ganado por la ciudad. La exposición duró hasta el 9 de diciembre del mismo año. Concurrieron un total de 22 países de todo el mundo y recibió más de dos millones de visitante.

La exposición mejoró las infraestructuras de Barcelona, rehabilito el Barrio de la Ribera y la ciudad dio un gran salto hacia la modernización y el desarrollo. Fue el banco de pruebas del estilo modernismo que,  como estilo artístico, dominó las nuevas construcciones de la ciudad.

Aprovechando la presencia de la Reina Regente en Barcelona para la inauguración de la Exposición Universal, la Lliga  de Catalunya presentó el Mensaje a la Reina Regente (Missatge a la Reina Regent) en la que, entre otras cosas, pedían: que vuelva a poseer la nación catalana sus Cortes Generales libres e independientes; servicio militar voluntario; la lengua catalana oficial en Cataluña; enseñanza en catalán ; tribunal supremo catalán y que el Rey jurara en Cataluña sus constituciones fundamentales. Era un programa político que iba más allá del modelo austro-húngaro   defendido por el Memorial de Greuges tres años antes.

El día 20 de abril de 1888, se publicó la segunda gran reforma del programa del Gobierno, la Ley del Jurado, una vieja aspiración de los progresistas, que ya había sido incorporado durante el Sexenio Democrático y derogado durante los primeros tiempos de la Restauración. Se estableció  el juicio por jurado para aquellos delitos que tuvieran impacto en el orden social o que afectaran a derechos individuales. La Ley estuvo vigente hasta su derogación en 1923.

En agosto, al amparo de la nueva Ley de Asociaciones y aprovechando los trabajos relacionados con la Exposición Universal que había empleado a miles de personas en tareas de construcción con duras condiciones laborales, se funda la UGT (Unión General de Trabajadores) en un congreso obrero celebrado en Barcelona el día 12 de dicho mes. Fue fundado por un grupo de treinta y dos delegados que representaban a 44 sociedades de oficios. El sindicato nació como el órgano sindical socialista.

Nueve días más tarde, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que había nacido en la clandestinidad nueve años antes en Madrid, celebró su I Congreso en Barcelona. Fue la primera vez que se planteó la definición clara y distinta entre partido político que aspira al poder y sindicato orientado a defender a los trabajadores en sus relaciones de producción. El Congreso ratificó a Pablo Iglesias como presidente.

El 8 de septiembre de 1888, fue botado en aguas de San Fernando (Cádiz) el  buque submarino de Isaac Peral con gran éxito, pese a ello las autoridades desecharon el invento por no superar el criterio de autonomía. Fue el  segundo navío sumergible español operativo después del Ictíneo de Narciso Monturiol que también había  sido  botado con éxito en Barcelona veintinueve años antes,  en 1859. El de Peral era  un submarino moderno con propulsión eléctrica.

En mayo, se celebró  en Barcelona el congreso de la FTRE que decidió crear la Federación Española de Resistencia al Capital, conocida con el nombre de Pacto de Unión y Solidaridad. Era una federación anarquista y cuyo objetivo era reunir, en una acción común, la fuerza del proletariado español para dirigirla contra el capitalismo imperante

En octubre, en el congreso  del Pacto celebrado en Valencia, se disolvió la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), muy afectada por los sucesos de la Mano Negra, al imponerse el sector  anarquista que era opuesto  a la existencia de una organización pública, legal y sindical. Los ganadores del congreso defendían el espontaneísmo y la insurrección, propugnando el fortalecimiento de la organización mediante huelgas y otras formas de lucha para arrancar a los patronos mejoras en los salarios y en las condiciones laborales.  El congreso decidió reservar la acción sindical para la Federación Española de Resistencia al Capital y para la actividad anarquista fundó la Organización Anarquista de la Región Española que era lo menos organización posible, sin estatutos ni normas disciplinarias. Solo duró un año, desapareciendo al año siguiente.

La Liga Agraria castellana y los empresarios textiles catalanes celebraron un Congreso  Económico Nacional en Barcelona coincidiendo con la Exposición y aprovechando la presencia  de los agentes económicos en la  Expo. En la década siguiente se unieron,  a ésta alianza   de agricultores castellanos e industriales catalanes, los metalúrgicos vascos.

También este año se celebraron manifestaciones y asambleas multitudinarias en varias ciudades españolas de agricultores miembros de la Liga pidiendo protección arancelaria contra la importación de productos agrícolas.

Al frente de la Liga Agraria estaba el ex ministro de Ultramar, Germán Gamazo, quien  había abandonado el Gobierno en octubre de 1887. La pugna entre el proteccionismo y le liberalismo causó tensiones en el Gobierno. La mayoría de sus miembros, encabezados por el ministro de Estado Segismundo Moret, eran fieles a la política librecambista tradicional en el movimiento liberal, de hecho, había sido el gobierno de Sagasta quien había modificado la política arancelaria del Sexenio Democrático. Durante el Sexenio se había  publicado una Ley para el progresivo desmantelamiento de los aranceles, ley que el Gobierno modificó para acortar el período transitorio y acelerar la desaparición de aranceles.

A lo largo de 1889, el enfrentamiento entre Sagasta y Gamazo se hizo más intenso y preocupante al lograr este último el apoyo del general Martínez Campos quien ejercía gran influencia en la Reina Regente.

La forma que encontró Sagasta de dar cohesión al partido fue el cumplimiento del programa histórico del liberalismo democrático.

En mayo de 1889, dieron comienzo las discusiones sobre el proyecto de sufragio universal. El sufragio universal figuraba en el programa del partido y con él se recuperaba el sufragio ejercido durante Sexenio Democrático.

Además, estaba la promesa de Emilio Castelar de disolver su partido republicano y recomendar a sus correligionarios el ingreso en el partido liberal en el mismo momento de la aprobación de la ley electoral que aprobara el sufragio universal. Las discusiones en el Congreso fueron duras pues no había el menos interés, ni la más mínima presión popular, por recuperar el sufragio universal.

El 25 de julio de 1889, en La Gaceta de Madrid se publica la edición corregida del Código Civil. Era la cuarta reforma del programa de Gobierno de Sagasta que, junto al Código Penal de 1870 y el Código de Comercio de 1885, configuró el edificio jurídico de España. El nuevo código incluyó el derecho civil foral y respetó el derecho canónico acerca del matrimonio.  El Código es el cuerpo legal que regula sustancialmente las materias jurídicas civiles de carácter común en España. El Código de 1889 está aún en vigor, aunque con muchas modificaciones sobre el publicado en 1889. La redacción del Código la dirigió el primer jurista de la época, Manuel Alonso Martínez, cumpliendo el mandato de la Ley de Bases de 1888.

La regulación del matrimonio fue objeto de una negociación con el Vaticano llegándose al acuerdo recogido en el artículo 42 del Código donde la Ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico,  que debe contraer todos los que profesan la Religión Católica, y el civil que se celebrará del modo que se  determina en el Código.

A finales de septiembre de 1889, se celebra en París la primera Conferencia General de Pesos y Medidas con la idea de crear un estándar mundial. Se adopta el kilogramo como masa patrón internacional, se define el metro como distancia patrón y se adopta la equivalencia del quilate a 200 mg.

El día 1 de mayo 1889 había sido declarado  el Día Internacional de los Trabajadores por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París. Se celebraba en memoria de los Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fue ajusticiado en Estados Unidos por su participación en los sucesos ocurridos en la protesta llevada a cabo en Chicago, el 1 de mayo de 1886, para exigir la jornada de trabajo de 8 horas. En el Congreso, también se decidió celebrar, el 1 de mayo del año siguiente, una manifestación internacional para que, en todos los países y ciudades, los trabajadores reclamasen la jornada laboral de ocho horas y la prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años.

La apertura del Canal de Suez en 1869, mejoró las comunicaciones, incrementó el comercio y el intercambio cultural entre España y Filipinas, y  permitió el acceso de los nativos a las universidades europeas, todo ello favoreció el impulso emancipador de las islas.

Pi i Margall afirmaba que la élite dirigente filipina había gestado sus ideas en las universidades europeas.  En 1889, ya se advertía en las Cortes del peligro de la publicación de un libro  en tagalo (lengua de los nativos de Filipinas) y en castellano, titulado Noli me tangere, de José Rizal, héroe nacional de Filipinas, medico  formado en Madrid. Noli me tangere (No me toques en latín) es un texto de la Biblia Vulgata  y son las palabras que Jesucristo dirige a María Magdalena  después de su resurrección.  El libro es un relato costumbrista de los avatares de los jóvenes filipinos independentistas. En 1891, Rizal publico una nueva obra más radical, El Filibusterismo, en el que se lamenta del colonialismo español y pide derechos políticos para los filipinos.

En Washington se celebra, en 1889, una conferencia internacional americana para conmemorar el centenario de Estados Unidos, pero  con la verdadera intención de reafirmar el liderazgo de este país en el continente. La conferencia no alcanzó los fines que se proponían los norteamericanos, pues los delegados hispanoamericanos defendieron su independencia. Aun así, la postura de la administración del Presidente Benjamín Harrison dio un fuerte impulso a las aspiraciones independentistas  de los cubanos.

Durante los primeros meses de 1890, los sindicatos socialistas estuvieron preparando la jornada  de primero de mayo como una fiesta del trabajo,  pero los anarquistas, en cambio, optaron por la vía de la huelga general revolucionaria. En Madrid se realizaron mítines el 1º de mayo y una manifestación pacífica el domingo cuatro.

En el País Vasco la situación se complicó, terminada la  movilización los empresarios despidieron a los principales líderes socialistas, por lo que la situación degeneró en huelga, se declaró el estado de guerra y la tensión no disminuyó hasta finales de mes. Los sindicatos consiguieron la reducción de jornada a 8 horas.

En Cataluña, la huelga anarquista acabó en actos violentos. Se declaró el estado de sitio con la presencia de la Guardia Civil y  las tropas en la calle. También hubo disturbios en Valencia y en Andalucía.

La tercera reforma del programa del Gobierno de Sagasta se cumplió con la proclamación de la Ley Electoral,  de 26 de junio de 1890, por ella se restituyó el sufragio universal masculino para mayores de 25 años. La Ley multiplicó el número de electores paro mantuvo el mismo procedimiento electoral. Era una destacada conquista política que ya había estado en vigor entre los años 1868 y 1875 durante el Sexenio Democrático y que solo se perderá durante las dictaduras de Primo de Rivera (1923-1930) y de Franco (1939-1975). Las mujeres no tenían derecho al voto.

La Ley no fue resultado de la presión popular a favor de la extensión del sufragio, cosa comprensible si tenemos el cuanta el nivel cultural,  el analfabetismo y el desinterés político de la gran mayoría de españoles, sino que fue presentado como la culminación del proceso constituyente en España.

La Ley se aprobó con la oposición del partido conservador. Con ella Sagasta consiguió: fortalecer su partido, asegurar su liderazgo, eliminar competidores por la izquierda y sumar un importante grupo de republicanos posibilistas que obedecieron a Castelar quien, a continuación, abandonó la política. Con la Ley, además,  Sagasta satisfizo una reivindicación histórica del liberalismo democrático  en un momento en el que aumentaba la presión de Germán Gamazo a favor de aprobar un arancel proteccionista para la producción cerealista.

La Constitución de 1876 reservaba a la ley electoral la regulación de éste derecho. La Ley electoral de 1878, elaborada por Cánovas, había introducido el sufragio censitario masculino por lo que, además de eliminar una de las libertades del Sexenio, volvían a tener la capacidad de emitir un voto solamente las personas con un determinado poder económico.

El sufragio universal masculino no supuso la democratización del sistema político. Mantenía los mismos procedimientos electorales, es decir se mantuvo el fraude electoral por medio de las redes caciquiles que se extendieron al conjunto de la población. El gobierno de turno  fabricaba los resultados de las elecciones de modo que, a través de los gobernadores civiles y los caciques, conseguían amplias mayorías para poder gobernar sin interferencias de las Cortes. Ningún gobierno durante la Restauración perdió nunca unas elecciones.  El sufragio universal masculino no supuso una mayor transparencia, ni un respeto a la legalidad en las elecciones, porque siguió existiendo el manejo de la voluntad popular.

La Ley no significó cambios para  las masas rurales, extremadamente pobres y analfabetas, y, al mantener los procedimientos electorales y  los resultados favorables al gobierno de turno, no produjo ninguna transformación en las estructuras de los partidos, seguían siendo estructuras cerradas  de notables sin ningún tipo de organización de base que sirviera para captar el voto de los ciudadanos.

Solo en algunos núcleos urbanos la oposición pudo invertir esa realidad aunque no dejó de ser un hecho testimonial.  Con el sufragio universal la representación republicana aumentó  y empezaron a surgir los diputados  que representaban a opciones nacionalistas.

El 5 de julio de 1890, inexplicablemente para todos, Sagasta dimitió y fue sustituido por Antonio Cánovas. Su dimisión estaba relacionada por la amenaza de Romero Robledo de hacer públicos unos documentos relacionados con la concesión de un ferrocarril en Cuba en la que aparecía implicada la mujer de Sagasta.

Joaquín de la Santa Cinta, Ingeniero aeronáutico, economista e historiador