Francisco Serrano Domínguez (en la foto)

Francisco Serrano Domínguez, Duque de la Torre fue nombrado, por el Rey Amadeo I, Presidente del Consejo de Ministros por segunda vez el día 26 de mayo de 1872. La duración de su mandato no llegó a un mes, presentó su dimisión el 13 de junio del mismo año.

El Rey pensó que el general Serrano podía gobernar porque su partido seguía teniendo la mayoría en las Cortes.

Cuando fue nombrado Presidente se encontraba dirigiendo  a las tropas gubernamentales del ejercito del norte,  en el frente vasco – navarro, en la Tercera Guerra Carlista.  Acababa de ganar, el día 4 de mayo, la batalla de Oroquieta al propio pretendiente carlista, Carlos VII quien, derrotado, se vio obligado a huir a Francia.

El general Serrano, que acababa de recibir la notificación de su nombramiento como Presidente del Consejo de Ministros, firmó, el 24 de mayo, con la Diputación Foral de Vizcaya, favorable a los  carlistas, el Convenio de Amorebieta por el que se ponía fin al conflicto, indultando a los sublevados que entregasen las armas y devolviendo a sus empleos a los jefes y oficiales que se habían sumado a la rebelión. La última concesión causó muchas críticas en el Ejército,  en la oposición radical y republicana por considerarla demasiado generosa y por atribuirse  Serrano facultades que no tenía.

Finalmente, aunque estuvo en trances de acabar con el Gobierno de Serrano antes de que iniciara su andadura, el Convenio fue aprobado por el Rey y por las Cortes.

El Convenio de Amorebieta puso fin a la guerra en el frente vasco – navarro, pero los carlistas siguieron combatiendo en Cataluña donde el pretendiente prometió, el 16 de junio, devolver los fueros catalanes, aragoneses y valencianos. Los fueros  habían sido abolidos por Felipe V con los decretos de Nueva Planta, en 1714, al final de la Guerra de Sucesión Española.

Serrano formó un Gobierno conservador donde había tres antiguos progresistas, tres antiguos unionistas y un Alfonsino, Cánovas que había reconocido al Rey Amadeo I.

El Gobierno fue presentado ante el Congreso de los Diputaos el día 27 de mayo. La presentación la hizo el Presidente Interino del Consejo de Ministros, almirante Topete, en ausencia del General Serrano que aun no había  llegado a Madrid desde la zona de guerra del norte. Topete fue, por tercera vez, Presidente Interino desde el 26 de mayo al 4 de junio de 1872.

En la presentación ante las Cortes, Ruiz Zorrilla anunció, para sorpresa de todos, ejercer una oposición leal y respetuosa con el nuevo Gobierno y desear que éste agotara la legislatura, es decir, pasaba de la oposición frontal de su partido, el radical, a la aceptación de las reglas de la monarquía constitucional. La postura de Ruiz Zorrilla fue inmediatamente contestada por miembros de su partido, encabezados por Cristino Martos, que no estaban dispuestos a aguantar dos o tres años  más para conseguir el poder ni a colaborar con el Gobierno. Ante la actitud de parte de su partido contraria a su posición, Ruiz Zorrilla renunció a su acta de diputado el día 31 de mayo y se retiró  de la política. El 4 de junio, Serrano juró su cargo como Presidente del Consejo de Ministros.

A pesar de haber sido votado por las Cortes, la oposición, formada por radicales y republicanos, ejerció una fuerte oposición, conjuntamente  con la prensa radical, cuestionando la legitimidad del mismo y empleando un lenguaje pre revolucionario.

El 6 de junio, dos días después del juramento de Serrano,  los radicales convocaron en la Plaza Mayor de Madrid a la Milicia Nacional para que se manifestaran contra el Gobierno. Éste procedió a acuartelar a las tropas y a la Guardia Civil y  a solicitar al Rey un decreto de supresión de las garantías constitucionales  para atajar, lo que parecía, una inminente insurrección republicana a la que se sumarían los radicales.

La solicitud, refrendada por las Cortes, se presentó al Rey el día 11 de junio. Amadeo I  se negó a firmar el decreto por temor a que estallara un grave conflicto civil entre ambos partidos, los republicanos y los radicales, con  el resto de partidos dinásticos.

A continuación, Serrano presentó su dimisión el día 12 de junio  de 1872 y se retiró a sus fincas de Arjona.  Ese mismo día, los batallones de la Milicia Nacional congregados en la Plaza mayor de Madrid se disolvían al conocer la noticia de la dimisión de Serrano. La dimisión fue aceptada.  El día 13 de junio, el Rey nombró nuevo Presidente del Consejo de Ministros a Manuel Ruiz Zorrilla.

Manuel Ruiz Zorrilla

Manuel Ruiz Zorrilla fue nombrado, por segunda y última vez, Presidente del Consejo de Ministros el día 13 de junio de 1872. Su mandato acabo con la abdicación del Rey Amadeo I y la proclamación de la I República Española, el 12 de febrero de 1873.

Para aceptar el nombramiento, Ruiz Zorrilla puso como condición que las Cortes fueran disueltas y se convocaran nuevas elecciones, condición que fue aceptada por el Rey.

Así, la primera acción del Gobierno de Ruiz Zorrilla fue  la suspensión de los Cortes por decreto del día 14 de junio. Las Cortes fueron disueltas y convocadas nuevas elecciones a celebrar el 24 de agosto de 1872. Serían las segundas elecciones que se llevarían a cabo en ese  año. Medida  que sentó muy mal a la oposición porque no era constitucional, no habían transcurrido los cuatro meses preceptivos desde las elecciones anteriores.

En el nuevo Gobierno, además de la Presidencia, Ruiz Zorrilla se reservó la cartera de Gobernación. Lo formaban  dos antiguos demócratas  y cuatro antiguos progresistas más el general  Fernando Fernández de Córdova  como Ministerio de la Guerra.

La inestabilidad política y la ineficacia del Estado se ponían de manifiesto con los 6 cambios de gobierno que se habían llevado a cabo en el último año y medio que, unido a las tres elecciones generales y los correspondientes vaivenes de funcionarios públicos que acarreaban cada cambio de gobierno, hacían a España ingobernable y  a los gobiernos inefices.

España seguía soportando dos guerras: la Guerra de los 10 años en Cuba donde ninguno de los contendientes era capaz de alcanzar la victoria y que suponía un enorme coste a la economía española, y la Tercera Guerra Carlista que, si bien había desaparecido temporalmente en el frente vasco – navarro con el Convenio de Amorebieta, continuaba  muy activa en el frente catalán.

A estas alturas de su reinado, Amadeo I solo contaba con el apoyo de los radicales de Ruiz Zorrilla. Su soledad se vio acentuada con el atentado que sufrió la pareja real  en la calle Arenal de Madrid el día 18 de julio. El almirante  Topete se enteró, por un amigo, de que se iba a producir un atentado contra el Rey. Informó al  Ministro de Estado, Cristino Martos, y al Gobernador Civil de Madrid quién  hizo llegar la noticia al Rey, éste se negó a cambiar el recorrido de su paseo.  El gobernador colocó agentes de policía en el trayecto, pero éstos   esperaron a que los regicidas disparasen antes de detenerlos.

El atentado se produjo en la tarde del 18 de julio cuando los Reyes regresaban a Palacio, en coche descubierto, después de dar un paseo por el Retiro y el Paseo del Prado. Tres individuos  armados con trabucos dispararon contra los Reyes a la altura de la Iglesia de San Ginés. Ninguno de los disparos  alcanzó sus objetivos y los Reyes no fueron heridos, aunque el atentado los dejó muy impresionados.

Los autores del atentado eran republicanos federales.  Detenidos y juzgados, en el juicio fueron defendidos por Francisco Pi i Margall.

Los Reyes no eran apreciados y continuamente sufrían continuos desaires de todo tipo. En una ocasión, su coche fue zarandeado por una manifestación de vendedores ambulante en la calle de Alcalá, en otra se les lanzó lodo cuando pasaban por la calle de Cedaceros, cerca del Retiro un hombre se acercó al monarca y le insultó gravemente, etc.

A las elecciones de agosto de 1872, lo radicales en el gobierno presentaron un programa de reformas muy ambicioso en el que incluían: el jurado, la abolición de las quintas  para el Ejército de Tierra y las matriculas del mar para la Armada, separación de Iglesia –Estado, etc., con ello los radicales pretendían cumplir las promesas hechas al pueblo llano durante la Revolución del 68.

En el partido constitucional de Sagasta volvió a surgir la eterna duda que había asaltado al partido progresista en los últimos años del reinado de Isabel II: participar en las elecciones sabiendo que iban a perder porque el gobierno usaría todas las tácticas habituales  que venían llevando a cabo todos los gobiernos en ejercicio  a lo largo del siglo, o volver al retraimiento que habían venido practicando los progresistas durante los últimos estertores del reinado de Isabel II. Finalmente, el 5 de julio decidieron la participación. No obstante presentaron pocos candidatos, en la mitad de las circunscripciones electorales no se presentaron.

Los resultados de las elecciones respondieron  a lo esperado, el vencedor fue el partido radical con 274 diputados, seguido de los 77 del partido republicano, 14 del partido constitucional y 9 moderados. La abstención fue muy alta por el desinterés general, la campaña de abstención de carlistas y republicanos y el retraimiento de la  mitad de los electores del partido constitucional que  no fueron a votar.

Los resultados tuvieron graves repercusiones para el futuro. La anulación del partido constitucional, como alternativa dinástica a los radicales, propiciado por las ilegalidades cometidas por éste partido, y refrendadas por el Rey, hizo que la clase media comenzase a decantarse por la restauración borbónica en la figura del príncipe Alfonso, futuro Alfonso XIII.  La alternativa del príncipe Alfonso había cobrado fuerzas con el reconocimiento como heredero de la dinastía por su tío el Duque de Montpensier y por el liderazgo de Antonio Cánovas en el partido que lo sustentaba. También juzgaron un importante papel en el apoyo al príncipe Alfonso los anti- abolicionistas  cubanos.

Las nuevas Cortes abrieron sus puertas, para el primer período de sesiones, el día 15 de septiembre, período que duro hasta el 24 de diciembre.

A primeros de septiembre, con el control de las Cortes en su mano, el Gobierno de Ruiz Zorrilla puso en marcha   el mismo amplio esquema de reformas acordes en su programa de gobierno.

Una de las principales reformas fue la abolición de la esclavitud en las colonias americanas. Ésta reforma creo tensiones en el gobierno, había ministros partidarios de mantener el pacto de las Cortes Constituyentes de 1869 de no introducir reforma en Cuba hasta que terminara la insurrección.

En Puerto Rico  se estaba aplicando la Ley Moret, o Ley de vientres libres, desde julio 1870, por la cual se otorgaba la libertad a los hijos nacidos de esclavas.

Cuando el Gobierno planteó la inmediata abolición de la esclavitud en Puerto Rico acompañada de la separación de la autoridad política de la militar y la concesión del régimen provincial, los ministros de Ultramar y de Hacienda dimitieron.  El proyecto de ley  se presentó el 24 de diciembre, último día de sesión de las Cortes antes de ser suspendidas. El proyecto contaba con el apoyo de los republicanos y de la Sociedad Abolicionista Española. La presión de los comerciantes y hombres de negocios con intereses en Cuba logró que el Gobierno no extendiera al proyecto abolicionista a ésta última Isla.

Al proyecto se opusieron los conservadores con argumentos como: la desestabilización de la isla por la inmediata liberalización  de 300.000 esclavos y la debilitación de la autoridad del Estado por la separación entre la autoridad política y la militar. Además del efecto negativo, que en su opinión, estas medidas podían causar al alentar a los insurrectos de la isla vecina, Cuba. Los radicales confiaban en que éste hecho mostrara la voluntad del Gobierno de que, en la paz, se podrían obtener las mejoras prometidas por la revolución.

Ante la debilidad de partido constitucional, la oposición al proyecto la llevaron a cabo los Centros Hispanos Ultramarinos, grupos de presión cuya finalidad era oponerse a la abolición inmediata  de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico.

Cuando el Gobierno presentó el proyecto, los círculos se unieron en una Liga Nacional que publicó un manifiesto, escrito por Adelardo López de Ayala, en el que se pedía la paralización del mismo y la sustitución del Gobierno de Ruiz Zorrilla por un gobierno conservador con Ríos Rosas , Sagasta, Topete o Serrano.

El 2 de diciembre, se constituyó el Banco Hipotecario de España debido a que el Gobierno de Ruiz Zorrilla concede, por ley, la creación de éste banco  al Banque de Paris et des Pays –Bas, S.A. a cambio de un préstamo que sería concedido al Gobierno y cuyos fin era el pago de intereses pendientes de la Deuda Pública. Entre los fundadores el banco Hipotecario se encontraba la familia Urquijo. Al amparo de la Ley del 2 de diciembre del año anterior, el 31 de enero, el Gobierno de España en el último decreto firmado por el Rey Amadeo I, facultó al Banque de Paris et des Pays –Bas para crear el Banco Hipotecario. Tuvo el privilegio de ser el único en su clase  y ostentó el monopolio de emisión de células hipotecarías como mecanismo financiador de los prestamos que concedía.

Del resto de las reformas del programa de Ruiz Zorrilla, solo consiguió sacar a delante la Ley de Enjuiciamiento Civil, promulgada por Real Decreto de 22 de diciembre de 1892.

Las Guerras de Cuba y la Tercera Carlista, que se reactivo a finales de 1872, impidieron al Gobierno, como había ocurrido a los gobiernos anteriores del Sexenio, cumplir con sus promesas en cuanto a la abolición de las quintas y las matrículas de mar. La necesidad de llamamiento de nuevos remplazos produjo algaradas en varias ciudades alentadas por los republicanos. El más grave de los levantamientos se produjo en el Ferrol en octubre.

A finales del año  1872 se recrudeció la Tercera Guerra Carlista con una  nueva insurrección en la zona vasco-navarra. El Convenio de Amorebieta supuso una desmovilización parcial del ejército constitucional, cuando se reanudaron las hostilidades, los carlistas se habían hecho dueños de parte de la Vascongadas y Navarra. La guerra volvió por los mismos caminos de los años treinta del siglo, los carlistas volvían a dominar el campo y los constitucionalistas las ciudades. Las dificultades por la que pasaba el Gobierno hicieron que Ruiz Zorrilla intentara restablecer las relaciones con el partido constitucional, pero se encontró con la rebelión de los ministros de Estado, Cristino Martos,  de Fomento, José de Echegaray, y del Presidente de las Cortes Nicolás María Rivero.

La propuesta de acercamiento consistía en juzgar a Sagasta por el Senado, en lugar de por  los tribunales ordinarios,  por el escándalo de los dos millones de reales que había motivado su dimisión de la Presidencia del Consejo. Todos  los rebeldes votaron con los republicanos para bloquear la propuesta.

Las Cortes habían reanudado sus sesiones el 15 de enero de 1873.

A finales de enero, con motivo del aplazamiento del bautismo del Heredero debido a un parto difícil de la Reina, los radicales más extremistas sintieron que  las Cortes habían sido  desairadas por el Rey. El rumor de una reunión entre el Rey y el general Serrano, sobre la formación de un nuevo gobierno constitucionalista, hizo que los extremistas propusieran que las Cortes se declararan en sesión permanente, en Convención a semejanza de otras etapas revolucionarias de Francia. La llegada del Gobierno lo impidió. Las Cortes se dieron por enteradas del nacimiento del Infante sin ningún tipo de discurso o celebración. Las Cortes, dominadas por un partido radical dividido, no estaban prestando el suficiente apoyo a la Monarquía.

El conflicto  definitivo surgió el mismo mes de enero con los oficiales del Arma de Artillería. Éstos habían amenazado al Gobierno con dimitir  si éste mantenía como Capitán General de las Vascongadas al general Baltasar Hidalgo de Quintana y Trigueros a quién se le acusaba de haber colaborado en la sublevación del Cuartel de San Gil en 1866.  Hidalgo, por entonces Capitán de Artillería, secundó al brigadier Blas Pierrard Alceda en la dirección de la sublevación. Huido tras el fracaso, sus compañeros de arma no le perdonan lo que consideran una traición a los compañeros caídos en el Cuartel de San Gil.

La respuesta del Gobierno, con el apoyo de las Cortes,  fue mantener el nombramiento y proceder a reorganizar el arma. Los oficiales mantuvieron su amenaza y dimitieron en bloque.

El día 6 de febrero, una delegación de oficiales de artillería dimitidos se entrevistó con el Rey para pedir su intervención en el conflicto. Se ofrecieron a apoyar un golpe de fuerza que disolviera las Cortes y suspendiera las garantías constitucionales para la elección de unas nuevas Cortes. El Rey no aceptó el golpe, pero prometió que se opondría a la reorganización del arma que preparaba el Gobierno. Ese mismo, día el rey se enteró  por la prensa que Hidalgo iba a ser nombrado Capitán General de Barcelona, llamó a Ruiz Zorrilla quien le aseguró que no era cierto lo que la prensa decía.

Al día siguiente, se confirmó el nombramiento por lo que el Rey supo que Ruiz Zorrilla le había mentido e intentó que el Gobierno diera marcha atrás. Ese mismo día, el Congreso de los Diputados aceptó la dimisión de los oficiales del arma de Artillería, su sustitución por los sargentos y la reorganización del arma. Un día después, el día 8, el Senado ratificó la decisión del Congreso.

El Rey se sintió engañado una vez más y la única alternativa que le quedaba al Rey era nombra un gobierno del partido constitucional y disolver las Cortes, pero para disolver las Cortes era  necesario recurrir a la fuerza lo que podía desencadenar una guerra civil en un País que ya estaba enfrentado a dos guerras al mismo tiempo: las guerras de Cuba y Carlista.

El rey podía contar con los más famosos generales conservadores, aunque la guarnición de Madrid estaba en manos de militares afines al partido radical. El día 8, el Rey comunicó al almirante Topete que iba a firmar el decreto de reorganización del arma de Artillería porque no deseaba que se llegara a derramar sangre por su causa. Ese mismo día, el Rey firmó el decreto y expuso su idea de que se formase un gobierno de conciliación de todos los partidos que lo votaron en 1870, de lo contrario no le quedaba otra opción que abdicar.

Ruiz Zorrilla reunió su Gobierno e intentó que se estudiara la propuesta del Rey de formar un gobierno de conciliación con los constitucionalistas de Serrano y de Sagasta para defender la continuidad de la Monarquía de Amadeo I, pero la propuesta fue rechazada.

El día 9 de febrero, el partido constitucional acordó ofrecerse al Rey para formar gobierno. Enviaron un telegrama al general Serrano, que estaba en Jaén, para que volviera inmediatamente a Madrid. Serrano llegó a la capital el día 10, pero ese mismo día se enteró de que el Rey había renunciado al trono.

El día 9, se publicó la reorganización del arma de Artillería . El día 10 de febrero de 1873, el Rey renunció a la Corona. Ruiz Zorrilla  reunió el Gobierno en un intento de formar un gobierno provisional para organizar una consulta sobre la forma de gobierno del Estado, consulta que también apoyaba el partido constitucional como medida para evitar la proclamación inmediata de la República.  El intento fracasó por la división del Gobierno. Los ministros de procedencia demócrata, encabezados por el Ministro de Estado Cristino Martos,  con el respaldo del Presidente de las Cortes, se decantaban por una reunión conjunta del Congreso y del Senado,  constituida en Convención,  decidiera  la forma de gobierno. Esto significaba, dada las mayorías en las Cámaras, la proclamación inmediata de la República.  Las Cortes aprobaron una moción del republicano Estanislao Figueras por las que se declaraban en sesión permanente.

El Rey envió un mensaje a las Corte, el 11 de febrero, en el que el que expresaba su amargura y desilusión porque: “Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles, todos invocan el dulce nombre de la Patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso y atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males”.

Esa misma tarde del 11 de febrero,  ante las dos Cámaras reunidas en Asamblea Nacional, se leyó la renuncia de Amadeo I y se proclamó la Primera República  Española por 258 votos a favor y 28 en contra.

Tras un receso de tres horas, las Cámaras volvieron a reunirse para nombrar Presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras al frente de un Gobierno pactado entre radicales y republicanos federales.

El mismo día, 11 de febrero de 1873, las Cortes fueron suspendidas, se transformaron en Asamblea Nacional tras la renuncia de Amadeo I y, ese mismo día, comenzaron las sesiones como tal. Siguieron reuniéndose hasta el 22 de marzo cuando fueron suspendidas. Finalmente fueron disueltas el 24 de abril.

Después de la abdicación, el Rey Amadeo I se trasladó a Lisboa con su familia acompañado del último Presidente del Consejo de Ministros de su reinado, Ruiz Zorrilla. Desde Lisboa pasó a Turín donde fijó su residencia con su familia. Entre los pocos revolucionarios del 68 que acudieron a despedirse de los Reyes se encontraba el almirante Topete.

Asumió el título de Duque de Aosta y vivió en Turín hasta su muerte, el 18 de enero de 1890.

No fue un rey popular y se granjeó muchos enemigos, muchos de ellos por ser extranjero, no hablar español, proceder de la familia real italiana que estaba enfrentada a los católicos  por los territorios italianos del papado, etc.

La alta nobleza y la jerarquía eclesiástica no reconocieron nunca su monarquía, los primeros lo boicotearon haciéndole continuos desaires, los segundos  lo veían como el hijo del Rey de Italia quién había despojado al Papa Pio IX  de los Estados Pontificios, además era partidario de la libertad de culto y de la separación entre Iglesia y Estado.

Las Guerras de Cuba y Carlista no contribuyeron a su popularidad, las circunstancias hicieron que, durante su reinado, no se pudieran cumplir algunas de las reivindicaciones más deseadas por el pueblo: el fin de las quintas, las matriculas de mar y los impuestos al consumo.

Las políticas abolicionistas y de libre mercado produjeron desafectos en el único grupo que le apoyaba, los miembros de la burguesía industrial y financiera a los que ennobleció.

A todo ello, se unió la división de los partidos que le votaron como Rey en 1870 y el crecimiento del partido republicano federal en una mezcla de diversos proyectos políticos que propugnaban una república unitaria, unos , o federal, otros.

Ruiz Zorrilla se retiro de la vida política, no volvería hasta la segunda mitad de 1874 cuando Sagasta volvió a presidir el consejo de ministro, siendo presidente de la República el general Serrano.

Serrano  se exilió en Francia después de fracasar en el intento de sublevar a la Milicia Nacional a favor de Amadeo I.
Joaquín de la Santa Cinta, Ingeniero aeronáutico, economista e historiador