Presidentes del Gobierno de España durante la regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (II): Francisco Martínez de la Rosa
Francisco de Paula Martínez de la Rosa Verdejo Gómez y Arroyo, granadino, nació en 1787 y murió a los 75 años en Madrid, en 1862. Poeta, y dramaturgo del romanticismo español, político liberal y diplomático, con fama de liberal moderado y de derechas. Catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Granada. Diputado en las Cortes de Cádiz, encarcelado en el Sexenio Absolutista por Fernando VII. Secretario de Estado durante el Trienio Liberal y exiliado durante la Década Ominosa.
Sustituto de Cea Bermúdez, nombrado Presidente del Consejo de Ministros por la Reina Gobernadora el 15 de enero de 1834. Con su nombramiento el Gobierno de España empezó otra etapa, el gobierno por el Partido Moderado. Fue el primero en ser nombrado en la Gaceta como Presidente del Consejo de Ministros y Secretario de Estado.
En sus primeros gobiernos siguió contando con los ministros fuertes del gobierno anterior de Cea, Zarco y De Burgos.
Con el nombramiento de Martínez de la Rosa, la Reina Gobernadora iniciaba un acercamiento a los liberales prometiendo una convocatoria a Cortes y la discusión de una nueva Constitución. Ante el desafío carlista, la Regente tenía necesidad de ampliar su base de apoyos si quería salvar la corona.
Los aires europeos seguían soplando por regímenes liberales, incluso Portugal había cambiado a un gobierno liberal. Todo estaba a favor de cambiar el absolutismo imperante en España por un gobierno alineado con las ideas imperantes en Europa. Martínez de la Rosa, con fama de liberal, fue el elegido para gobernar la transformación al liberalismo.
El programa de gobierno del Presidente del Consejo estaba orientado a legitimar en el trono a Isabel II y a luchar contra el carlismo, para ello pensaba redactar unas leyes Fundamentales de la Monarquía. No aceptaba la Constitución de Cádiz por demasiado revolucionaria por lo que quería hacer las reformas progresivas que el país pudiera ir permitiéndose.
Antes de fin de enero encargó a ministros relevantes de su gabinete redactar un proyecto de estatuto político nuevo, el Estatuto Real, que sería el anteproyecto de una nueva constitución.
También en enero se crearon las Reales Audiencias provinciales como tribunales superiores de cada provincia.
Poco después se convocaron Cortes. Se suprimieron los Consejos de Castilla, de Guerra, de Hacienda y de Indias, sus funciones se repartieron entre otros organismo del Estado. Con ésta reforma los Consejos dejaron de ser órganos de gobierno como venían siendo desde más de un siglo.
También se abolieron las Juntas de Fe.
España necesitaba un buen servicio diplomático para lo cual era necesario disponer de personal cualificado y experto, funcionarios preparados y disciplinados. Fernando VII había atenido una diplomacia desastrosa, como ejemplo valga los resultados obtenidos en el Congreso de Viena donde nuestro plenipotenciario, Pedro Gómez Labrador, fue incapaz de hacer valer los seis años de lucha contra Napoleón en la Guerra de la Independencia.
Martínez de la Rosa desarrolló el Ministerio de Estado, credo por el gobierno anterior y que dio lugar a nuestro actual Ministerio de Asuntos Exteriores. Para ello creó la figura del Subsecretario como figura intermedia entre el Ministro y el Oficial Mayor con mayor capacidad de decisión que el Oficial y más técnico que el ministro. Lo nombraba el Ministro y estaba a sus órdenes y se ocupaba de todos los asuntos de trámite. Solía durar en el cargo más que el ministro de turno. La reforma la completó el gobierno siguiente y ambos hicieron el cambio en la diplomacia española.
El Gobierno inicio una serie de reformas económicas liberalizadoras de acuerdo a su ideología tales como la libertad de comercio, la prohibición de crear nuevos gremios, la libertad para criar el ganado que uno quisiese, etc. Libertad de cerrar y cercar fincas respetando las servidumbres de paso, cañadas, veredas y abrevaderos. Legalizó las ventas y las ocupaciones de tierras de baldíos y de realengos hechas por particulares entre los años 1820 y 1823 o cualquier otra ocupación ocurrida en el pasado. Publicó la Ley de Caza y Pesca permitiendo que cada uno cazase o pescase en su propio terreno. Dio libertad a los ayuntamientos para vender tierras propias.
Se abrió la Escuela de Ingenieros de Caminos lo que permitió preparar técnicos cualificados que permitieran hacer nuevas correnteras y desarrollar el ferrocarril, medio de transporte que empezaba a tener presencia en España aunque inicialmente en proyectos que no fueron llevados a término, pero que indicaban la necesidad de disponer en el país de personal cualificado.
Estas decisiones significaban acabar con los obstáculos que frenaban el desarrollo económico los últimos siglos y que motivaron que en la década siguiente tuviera lugar un fuerte auge económico.
La preocupación del Gobierno por la educación hizo que en 1834 se creara la Escuela Normal de Maestros lo que dio lugar a iniciar la reforma de la primera enseñanza. Un año después, en la orden de supresión de Órdenes Religiosas se exceptuaron aquellas dedicados a la enseñanza.
Como ya hemos indicado, nada más formarse el Gobierno de Martínez de la Rosa, éste encargo a los hombres fuertes de su gobierno la redacción de un proyecto constitucional cuyo resultado fue promulgado en Abril de 1834. El proyecto se llamó Estatuto Real y fue presentado como una restauración de las antiguas Leyes del reino. El objetivo buscado era atraer a la causa de Isabel II a los conservadores demostrando que respetaba las leyes antiguas y a los liberales con las promesas de elecciones.
El Estatuto Real era una especie de Carta Otorgada donde no se hablaba de soberanía, ni de poderes de las Cortes, etc., tampoco era una Constitución porque no emanaba de de la soberanía nacional sino de la soberanía de un rey absoluto que se auto limitaba sus poderes por propia voluntad. Seguía el modelo francés de Luis XVIII en la restauración de la monarquía tras la derrota de Napoleón.
Creaba unas Cortes Bicamerales con dos cámaras: el Estamento de los Próceres del Reino (Cámara Alta) integrada por los Próceres en número ilimitado y cuyos miembros no eran elegidos sino que eran designados por la Corona entre la nobleza y los poseedores de grandes fortunas, eran vitalicios pero no hereditarios salvo para los Grandes de España, y el Estamento de los Procuradores de Reino (Cámara Baja) con una duración en el cargo de tres años, salvo disolución anticipada de las Cortes, cuyos miembros eran elegidos mediante sufragio censitario limitado al 0,15 % de la población española y su número será fijado por una ley posterior.
En el Estatuto no había nada que no fuera otra cosa que la mera convocatoria de Cortes. La terminología empleada expresaba la voluntad de situar al régimen con él instaurado lejos de la tradición constitucional del liberalismo español.
Se aprobó por Real Decreto. En él la Corona, basándose en su poder absoluto, delega funciones en otros órganos del Estado pero el conjunto de poderes continua en manos del soberano.
El Rey se reservaba la potestad de convocar y disolver las Cortes, éstas no podían deliberar asuntos que no se le hayan pedido expresamente por medio de un Decreto Ley. La aprobación de las leyes siempre requerirá la sanción real sin que éste deba justificar las razones para no hacerlo. Las Cortes solo servían, y se usaba, para aprobar el presupuesto y los ingresos del Estado vía impositiva.
El Soberano nombraba al Presidente y Vicepresidente de cada Estamento y estos cesaban cuando el Rey suspendía o disolvía las Cortes.
El Rey era inviolable y no era responsable de sus actos, la responsabilidad les incumplía a los miembros que actuaban en el Gobierno junto al Rey.
El Estatuto no contemplaba el sistema electoral y se remitía a leyes posteriores. En 1834 el sufragio fue censitario, había que tener una renta anual superior a los 12.000 reales, e indirecto a través de compromisarios y en 1836 la elección fue directa y el sufragio censitario. Las primeras elecciones se convocaron para el 20 de mayo siguiente. El cargo de Procurador era no retribuido, voluntario y se podía renunciar a él. En la convocatoria de mayo de 1834 se fijó el número de procuradores en 188 y en la de mayo del año siguiente en 258. No representaban a la provincia donde fueron elegidos sino a todo el País. Aunque hubo Próceres y Procuradores moderados y progresistas, nunca se organizaron en grupos.
El Rey nombraba y cesaba al Presidente del Consejo de Ministros y a los miembros del mismo. El poder ejecutivo es delegado por el monarca en el Gobierno y éste necesita la doble confianza para gobernar, del Rey y de las Cortes. Aparece la llamada cuestión de confianza.
Los ministros actuaban como un sistema colegiado y las decisiones las tomaba el Consejo de Ministros y no cada Ministro por separado. El Consejo de Ministros asumía el gobierno y la administración del país, era el gobierno de la Nación.
El Estatuto no recogía ningún derecho u obligaciones de los ciudadanos, los procuradores solicitaron que se modificase y reintrodujese en el mismo una relación de derechos y deberes, pero sus peticiones, varias veces reiteradas, fueron desoídas
Los exaltados no aceptaron el Estatuto y se llamaron a partir de entonces progresistas.
También en abril de 1834, las provincias se dividieron en Partidos Judiciales y estos en Municipios. Los Partidos eran homogéneos en tamaño y fuero circunscripciones electorales en 1837 y 1845. Eran la base del sistema judicial español.
En el año 1834 la Guerra Carlista continuaba en los cuatro focos principales: Portugal, Navarra- País Vasco, norte de Cataluña y el Maestrazgo. Había guerrilla en otros puntos de España, pero la guerra se desarrollaba básicamente en los lugares mencionados.
La situación internacional era complicada, las potencias del norte, es decir, Austria, Prusia y Rusia, no reconocían a Isabel II, tampoco la reconocían Nápoles ni el Vaticano.
El Gobierno envió instrucciones al embajador en Londres para tratar de llegar a acuerdos que terminaran con la guerra de Portugal expulsando de éste país a Miguel I y a Don Carlos.
En Londres se firmó, en abril de 1834, un acuerdo llamado la Cuádruple Alianza entre Inglaterra, Francia, España y Portugal. Por éste tratado Portugal se comprometía a expulsar a Miguel I y Don Carlos con la ayuda del Ejército español, la flota británica y la cooperación de Francia.
Se concedía una amnistía general en los dos reinos y se dejaba al carlismo y al miguelismo sin apoyo exterior.
Conforme al pacto firmado, España combatió en Portugal contra el miguelismo y los portugueses lucharon en España contra los carlistas.
En éste tratado España desempeñaba un papel de potencia de segundo orden dependiente de otras potencias mayores.
Los carlistas, por su parte, enviaron delegados a las potencias del norte para pedir reconocimiento de Don Carlos como beligerante y ayuda monetaria. Obtuvieron muchas declaraciones de simpatía pero poco en efectivo. Como tenían dificultades para la devolución del dinero prestado, el crédito se fue reduciendo a medida que la guerra se dilataba.
Las dos potencias mayores firmantes del acuerdo no colaboraran mucho con los defensores de Isabel II, su interés estaba centrado en hacerse con el mercado español, Francia, y portugués, Inglaterra. De hecho Don Carlos llegó a estar en manos de Gran Bretaña que lo dejo libre en lugar de entregarlo a España según lo acordado.
Francia apenas participo en la Guerra, nunca actuó contra los carlistas que se movieron a sus anchas por el norte de la frontera con España.
Ya antes de la firma del tratado de la Cuádruple Alianza, a finales de Abril, las tropas españolas estaban en Portugal al mando del general Rodil.
Un mes después, con el tratado de Évora, Miguel I renunció al trono portugués y se refugió en Inglaterra. La guerra en Portugal había terminado lo que significó un duro golpe para el carlismo. Don Carlos estaba casado sucesivamente con dos infantas portuguesas hermanas de Miguel. Don Carlos, para huir del acoso de Rodil, también se acogió al pabellón inglés, siendo embarcado con destino a Inglaterra a mediados de junio de 1834. Poco después huyó a Francia llegando a España a primeros de julio.
El viento de la Guerra en el Norte soplaba a favor de los carlistas. Su líder militar, Tomás de Zumalacárregui, organizó inicialmente a sus combatientes como guerrillas que, aprovechando las características rurales del movimiento, impedía al general cristino Valdés utilizar tácticas militares de campo abierto y hacer valer su potencia como ejército regular.
El general Valdés fue sustituido por el general Quesada que, ante la imposibilidad de ocupar todo el país y poner freno a la guerrilla, decidió negociar, negociaciones que fracasaron.
Con la llegada de Don Carlos a España el mando carlista quedó dividido entre el mando político, con responsabilidad de Don Carlos, y el militar a cargo de Zumalacárregui. Ésta división del mando supuso el sometimiento del general en jefe a la autoridad de unas Diputaciones y Juntas creadas por Don Carlos lo que perjudicó a las acciones militares.
Don Carlos empezó a organizar un Estado, sometido a su soberanía absoluta, estableciendo una organización con Consejos del tipo del gobierno tradicional español. Creo la Junta Provisional Consultiva, en junio de 1834, integrada por Secretarios de Estado intentando dar pasos hacia la formación de un Gobierno Carlista, pero no tuvo éxito.
Dividió el territorio vasco en seis distritos que deberían recaudar fondos, y reclutar soldados. No fue fácil, unos vascos alegaban contrafuero para negarse a pagar y los otros desertaban. Ante ésta situación Don Carlos se dejó llevar por los radicales teocráticos. Muchos carlistas empezaron a abandonar a Don Carlos aunque seguían creyendo en la causa.
En junio de 1834 la guerra continuaba su curso. El general Quesada fue sustituido por el general Rodil, el vencedor en Portugal, que se trasladó al norte con su ejército de Extremadura. Por ésta época Zumalacárregui se vio obligado a cambiar de táctica, necesitaba controlar el territorio y las comunicaciones, lo que dejaba a sus fuerzas expuestas en objetivos fijos atacables por los crsitinos.
A pesar de sus acciones, Rodil no consiguió los objetivos propuestos de capturan a Don Carlos y a finales de septiembre fue sustituido.
Al mismo tiempo, el Gobierno dividió el ejército del norte en dos cuerpos, el navarro, al mando de nuestro conocido Francisco Espoz y Mina, y el vasco al mando de Joaquín de Osma. La guerra se endureció de una manera desconocida, se fusilaba a todos los prisioneros independientemente del grado que ostentaran.
En ésta etapa de la guerra, la situación de Zumalacárregui parecía óptima y así continúo durante los años 1834 y 1835. En abril de 1835, Espoz y Mina fue sustituido por Valdés quien volvía a la guerra por segunda vez.
Animado por los éxitos, Don Carlos ordenó a Zumalacárregui tomar Bilbao. El general carlista creía que no era una buena decisión, pero Don Carlos necesitaba una ciudad para poder fijar la capital y obtener ayuda de Austria. Sitio la ciudad el 10 de junio de 1835.
En los otros frentes, la guerra continuaba en la misma tónica que en el frente norte, guerra de guerrillas con el mismo control del campo por las partidas carlistas y las ciudades por los ejércitos cristinos.
Desde los territorios del norte controlados por los carlistas, éstos emprendieron una serie de expediciones en años sucesivos siendo las realizadas en los años 1934 y 1835 las siguiente: Dos expediciones sucesivas llevadas a cabo por Basilio García en1 834.
Las únicas colonias americanas españolas tenían sus propios problemas. Cuba y Puerto Rico habían aceptado bien la colonización española durante los tiempos de la independencia de Sudamérica por puras razones económicas. La comercialización de sus productos estaba centralizada y su único mercado era el español donde tenían asegurada la venta de su producción. Las posibilidades de incremento de la misma pasaba por incrementar el mercado con Estados Unidos, donde sus productos muchos más baratos por proceder de una mano de obra esclava, competían directamente con los producidos por los estados sureños.
La economía esclavista estaba estabilizada y los hacendados criollos necesitaban al ejército para dominar las sublevaciones de esclavos y por tanto para evitar los movimientos emancipadores. Además, en buena tradición española, los dueños de las haciendas hacían lo que les daba la gana, seguían importando esclavos a pesar de los acuerdo de 1817 con Gran Bretaña para hacer ilegal el comercio de esclavos, no pagaban sus impuestos, etc., todo lo cual tendría que cambiar si cambiaban de potencia colonizadora.
La gran parte de población blanca se concentraba en las ciudades donde estaban organizados económica y políticamente. Ésta sociedad reflejaba la misma división que la metropolitana, estaba dividida en conservadores preocupados por la seguridad de sus negocios y la liberal que querían la igualdad de libertades y derechos que los españoles.
Hasta 1833 el producto de exportación más importante era el café. A partir de esta fecha, la competencia de la producción de América Central y Brasil hizo que la economía antillana se pasase al azúcar producido a precios muy bajos debido a la explotación de mano de obra esclava.
España necesitaba dinero y éste lo había en Cuba y Puerto Rico, por lo que se decretaron nuevos impuestos y se puso en marcha una desamortización de tierras de la iglesia para pagar gastos producidos por la guerra carlista. Como había ocurrido otras veces, los que tenían dinero se opusieron y la recaudación fue mínima.
La situación en resumen en 1833 era la siguiente: Los criollos ricos querían la igualdad de derechos con los peninsulares y mantener el monopolio español que le garantizaba la venta de sus productos a unos precios fijados, los comerciantes querían la libertad de comercio para vender al mejor postor y ambos querían mantener la esclavitud a toda costa para garantizarse costes de producción bajos y por tanto buenos beneficios.
La subida al poder de los liberales en España en 1833 representó una pérdida de influencia de los acaudalados absolutistas. Los liberales no estaban por la labor de que el Estado tuviera que pagar gastos militares para que los potentados tuvieran grandes ganancias privadas sin contrapartidas.
El Estatuto Real de abril de 1834concedió las mismas libertades a los cubanos y puertorriqueños que gozaban el resto de españoles. La única diferencia era que el Gobernador de Cuba podía suspender la aplicación de las leyes siempre que lo considerase oportuno y lo comunicase al Gobierno que debía ratificarlo.
Dadas las facultades concedidas a los gobernadores, estos eran una especie de dictadores a favor del liberalismo. Meses después el Gobierno decidió crear una serie de impuestos indirectos con objeto de recaudar más dinero de las colonias.
Los potentados cubanos se opusieron y presentaron una serie de demandas ante el Estamento de Procuradores de las Cortes. Estas demandas estaban orientadas a disminuir las cargas tributarias, a reclamar que los impuestos cubanos se gastaran en Cuba, etc., además de que se terminara efectivamente con la trata de esclavos llevando mano de obra española a las islas del Caribe.
El 30 de junio de 1834 hubo elecciones en España de acuerdo a lo legislado en el Estatuto Real. Se eligieron el Estamento de Procuradores del Reino. Entre los elegidos pronto aparecieron las ideas liberales.
Antes de abrirse las Cortes, en Madrid hubo unos disturbios anticlericales. Más de 80 religiosos murieron en manos de las turbas acusados de ser carlistas y de ser culpables de la epidemia de cólera que había aparecido en Madrid. Los culpables no se encontraron.
El 24 de julio se abrieron las Cortes, cortes que duraron hasta mayo del año siguiente cuando se disolvieron.
Con el Estatuto Real, las Cortes no tenían poder legislativo, solo podían responder a consultas solicitadas formalmente por el Gobierno, podían ejercer el derecho de hacer peticiones y asesoramientos a los legisladores, pero nada más constituirse pidieron el poder legislativo.
Entre los miembros de las Cortes, el Estamento Prócer siempre estaba del Gobierno, pero el Estamento de Procuradores se dividió entre progubernamentales y antigubernamentales. Los segundos constituían la llamada oposición. De los 210 procuradores casi la mitad eran progubernamentales y aproximadamente la otra mitad se dividía entre oposición y no decantados. Ninguno de los grupos tenía mayoría absoluta, pero en la oposición estaban las figuras políticas más conocidas que, además, vivían en Madrid por lo que estaban siempre presentes en el hemiciclo, en contraposición los progubernamentales o ministeriales residían fuera de la capital y tenían que desplazarse a sus localidades de residencia con alguna frecuencia por asuntos personales.
A finales de agosto, Joaquín María López hizo la primera propuesta para incluir en el Estatuto Real una tabla de derechos de los ciudadanos entre los que se podían encontrar le derecho a la libertad individual, la libertad de prensa, la igualdad ante la ley, etc. Después de arduas discusiones la propuesta fue aprobada por 4 votos de diferencia. Se presentó como una petición al Gobierno que la Reina Regente se negó a firmar.
A mediados de octubre se presento por el Ministro de Hacienda, el conde de Toreno, el Presupuesto del estado para el año siguiente que no fue aprobado hasta finales de mayo de 1835. El motivo de una discusión tan larga era la idea de que la industria y el comercio debían de contribuir a los ingresos del Estado y los liberales se sentían perjudicados.
A mediados de enero de 1835, el segundo Regimiento de Voluntarios de Aragón se amotinó apoderándose del edificio de Correos en la Puerta del Sol y las calles adyacente.
En principio parecía que había algún motivo político de descontento pero parece ser que le principal motivo era utilizar los hechos para librase del Ministro de la Guerra, Manuel Llauder Camín, al que no querían ni los miembros del gabinete de Martínez de la Rosa ni la oposición liberal.
Los amotinados estaban mandados por el teniente Cayetano Cordero de la Vega. El Capitán General de Madrid, el recién nombrado José Canterac y Dossan, se presentó en Correos donde recibió unos tiros que lo dejaron en el sitio. Con éste hecho se inauguraba un período durante el cual muchas autoridades sufrirían un violento final.
Después de algunas escaramuzas con la guardia real, se presentó el general José Manso y Solá anunciando, en nombre de S. M. el perdón para todos acabó con el motín. No se investigó nada ni se exigieron responsabilidades por la muerte del capitán general, si se destituyó al Ministro de Guerra Llauder.
A finales de enero se suprimieron las famosas pruebas de limpieza de sangre tan importantes en el pasado, fueron sustituidas por un certificado de ser hijo de matrimonio legítimo.
A final de abril de 1835 se firmaba el convenio de Eliot entre los dos bandos en lucha para evitar la crueldad extrema de la guerra hasta entonces con fusilamientos sistemáticos de prisioneros y torturas por ambos lados. El convenio sirvió de poco y las atrocidades siguieron
En mayo de 1835 se pidió, a cambio de mayor influencia de los respectivos embajadores en asuntos del reino, ayuda a Inglaterra y a Francia para acabar con la Guerra Carlista. Inglaterra envió un cuerpo de voluntarios llamado La Legión Británica o Legión Evans en 1835, compuesto por unos diez mil hombres que estuvieron combatiendo en San Sebastián y en Bilbao durante tres años hasta su disolución. También su flota vigiló las costas y suministró armas a los isabelinos. Francia envió a la Legión Francesa desde Argelia. Solo Portugal contribuyó con unos 20.000 soldados del ejército regular que fueron muy apreciados por los mandos españoles.
También, en mayo, Fermín Caballero puso una moción de censura al Gobierno que se discutió el día 11 aunque las Cortes no tenían poder para censurar al Gobierno. La moción fue aprobada, por cuatro votos de diferencia, y presentada a la Reina. La reacción de Martínez de la Rosa fue disolverlas y cerrar el período de sesiones, pero el ambiente fue empeorando y acabó dimitiendo el 7 de junio de 1935.
Su sucesor fue otro miembro del Partido Moderado, que había sido Ministro de Hacienda con Martínez de la Rosa, José María Queipo de Llano.
Joaquín de la Santa Cinta. Ingeniero aeronáutico, economista e historiador