Ya sé que una de mis grandes obsesiones es la transparencia político-administrativa. Soy de los que piensa que la corrupción se combate con dicha transparencia…  No digo que haya corrupción en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, digo que no es transparente (pese a los premios ‘fake’ que recibe) y eso no deja de ser una tentación para la corruptela…

Y como decía San Ignacio de Loyola, “cuando se evita la tentación, se evita el pecado”.

Cuento todo esto porque, tras ver el acta de la Junta de Gobierno Local del pasado 10 de junio (que se publicó ayer 18 de junio) observo (como ya conté en la previa) que se dio cuenta de la realización de 8 grupos de contratos menores adjudicados, durante el mes de mayo, por los Directores Generales de distintas áreas municipales.

(Lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo pero esta vez es un escándalo mayúsculo…)

-Dación de cuenta contratos menores mayo 2026 de la Dirección General de Seguridad, Innovación, Administración Digital y Emprendimiento correspondientes a Alcaldía.
-Dación de cuentas de contratos menores de la Dirección General de Familia, Política Social y Deportes- Área 1.
-Dación de cuenta contratos menores mayo 2026 de la Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Nuevos Proyectos.
-Dación de cuenta de Contratos Menores mayo 2026 de la Dirección General del Área Medio Ambiente y Desarrollo de la Ciudad.
-Dación de cuenta contratos menores mayo 2026 de la Dirección General de Presidencia, Economía y Hacienda.
-Dación de cuenta contratos menores mayo 2026 de la Dirección General de Seguridad, Innovación, Administración Digital y Emprendimiento – 2ª tenencia.
-Dación de cuenta de contratos menores mayo 2026 de la Dirección General de Familia, Política Social y Deportes- Área 3
-Dación de cuenta contratos menores aprobados en mayo del 2026 de la Dirección General de Cultura y Educación.

Sin embargo, el contenido real de esas daciones de cuenta cabe en una sola línea del Acta: La Junta “queda enterada de la relación elevada por el Director General”. Y punto. Ni una empresa. Ni un importe. Ni un objeto contractual. Nada de nada.

Curiosa manera de rendir cuentas.
A los vecinos, claro, que son los que pagan la falla. A los vecinos, desprecio.

Porque si la Junta de Gobierno Local recibe una relación de contratos menores, parece razonable pensar que esa información forma parte del expediente y, por tanto, debería reflejarse en el acta.
Al menos en sus aspectos esenciales: quién ha sido contratado, para qué servicio o suministro y por cuánto dinero.

Exactamente igual que ocurre con los contratos ordinarios que se aprueban en la misma sesión y cuyos detalles aparecen desarrollados durante páginas y páginas.

Pero, cuando se trata de contratos menores, cae el telón de la oscuridad.

El ciudadano debe conformarse con un acto de fe. Debe creer que todo está correcto, que los contratos responden al interés público y que los importes son razonables.
Y calladitos porque no hay posibilidad de comprobar nada.

La situación mejora poco cuando llega la publicación trimestral. Entonces aparecen listados interminables con descripciones genéricas que, en muchos casos, apenas permiten saber qué se ha contratado realmente.
Una transparencia de baja resolución, vamos. Como esas fotografías pixeladas donde se intuye una figura, pero resulta imposible distinguir los detalles.

Y lo más llamativo es que ni siquiera existe una publicación sistemática y accesible de estos contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público que permita a cualquier vecino seguir el rastro completo del gasto municipal.
La actual es otro escándalo:

Solo hay uno y es del mes de marzo pasado.

La alcaldesa Paloma Tejero presume con frecuencia de buen gobierno, modernización y administración digital. Sin embargo, la verdadera digitalización no consiste en colgar documentos incompletos en una web. Consiste en facilitar que cualquier vecino pueda conocer con facilidad cómo se gasta cada euro de dinero público.

No se trata de cuestionar necesariamente la legalidad de los contratos menores sino de denunciar la falta de información que recibe el vecino.

De hecho, el contraste es muy llamativo. En esta misma Junta de Gobierno Local se detallan exhaustivamente contratos de 7.200 €, 21.102 € o 72.587 €, con informes, importes, plazos y procedimientos, mientras que las daciones de cuenta de contratos menores se resuelven con una sola frase: la Junta “queda enterada” de la relación remitida por el Director General.

¿Qué empresas fueron contratadas?
¿Qué trabajos realizaron exactamente?
¿Cuál fue el importe de cada contrato?
¿Cuántos presupuestos se solicitaron?
¿Existen adjudicatarios recurrentes?
¿Por qué esa información no figura en las actas?
¿Por qué no se facilita de forma sencilla y accesible a los vecinos?

No hay respuesta. Solo que la alcaldesa Paloma Tejero se pone frente a su propia contradicción.
Cuanto más presume de transparencia, más llamativo resulta que una parte relevante de la contratación municipal permanezca prácticamente invisible para el ciudadano medio.

No, señora, no.
Los contratos menores no deberían ser una transparencia menor.

Manolo Pérez