La empresa a la que el Gobierno señala como «fondo buitre» por el desahucio de Maricarmen es, en realidad, una pyme madrileña con menos de diez trabajadores que el propio Ejecutivo ayudó a digitalizarse. Urbagestión Desarrollo e Inversión SL recibió en 2023 una subvención de 6.000 euros del Kit Digital, concedida por Red.es, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que ahora dirige Óscar López.

Según consta en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la ayuda corresponde al Segmento II del programa, reservado a empresas de entre 3 y menos de 10 empleados. Se financió con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para acceder a ella, la sociedad tuvo que acreditar ante la Administración su condición de pyme, requisito imprescindible de la convocatoria.

Urbagestión se constituyó en Madrid el 21 de octubre de 2005 con un capital social de 3.006 euros. Tiene su domicilio en la calle Zurbano, opera bajo la marca comercial Urbagesa y está encuadrada en la actividad de intermediación inmobiliaria por cuenta de terceros. Sus administradores solidarios son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes. Según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, facturó 586.450 euros y obtuvo un beneficio de 2.990 euros.

Pese a ello, el Gobierno ha cargado este miércoles contra la sociedad. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha condenado «la actuación de la propiedad, del fondo de inversión». También ha arremetido contra los partidos que, a su juicio, «ponen la alfombra roja a los fondos buitre para que vengan a desahuciar a las Maricarmen». La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que su departamento llamó «hasta diez veces» a la abogada de la empresa para intentar comprar la vivienda o cubrir la diferencia de renta.

La compañía rechaza esa etiqueta. «No somos propietarios de ninguna otra vivienda. No se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una sencilla pyme», ha defendido en sus comunicados. La Ley de Vivienda considera gran tenedor al titular de más de diez inmuebles residenciales. El Gobierno no ha precisado con qué criterio califica de fondo buitre a una sociedad a la que él mismo reconoció como pyme de menos de diez trabajadores.

El desahucio de Maricarmen

Maricarmen Abascal, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, ha sido desahuciada este miércoles del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Vivía en él desde 1956, cuando su padre firmó un contrato de renta antigua. Tras la muerte de su padre, el contrato pasó a su madre y, al fallecer esta, a ella. Pagaba unos 500 euros al mes.

Urbagestión sostuvo en los tribunales que esa segunda subrogación solo podía durar dos años, salvo discapacidad superior al 65%. El Tribunal Supremo le dio la razón en marzo. La empresa le planteó un alquiler de hasta 2.650 euros, rebajado después a unos 1.650, por encima de su pensión. También rechazó la oferta de una escritora anónima dispuesta a pagar la diferencia. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU había pedido paralizar el desalojo.

El lanzamiento se ha ejecutado en el cuarto intento. La Policía ha desalojado a primera hora la acampada frente al portal, donde se habían concentrado cientos de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas, y se han producido cargas. La comisión judicial ha ejecutado el desahucio y, hacia las 13:00 horas, Maricarmen ha salido en camilla hacia una ambulancia del Samur.