La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado una denuncia interpuesta por tres particulares contra Isabel Díaz Ayuso por la compra de un ático valorado en 6,3 millones de euros por parte del Gobierno Regional.

La compra del ático ha suscitado varias denuncias interpuestas contra el Ejecutivo de la presidenta de los populares madrileños. Mientras que la presentada ante la Fiscalía del Alto Tribunal que buscaba investigar supuestas responsabilidades penales de la presidenta ha sido archivada, otras tres presentadas por Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa se encuentran en manos de los Juzgados de Instrucción de Madrid, ubicados en Plaza de Castilla. En este caso, la Fiscalía no se ha pronunciado por el momento. El ático fue puesto a la venta horas después de que su compra saltase a los medios de comunicación y elucubrase.

Según han confirmado fuentes fiscales a Libertad Digital, la denuncia ha sido archivada por basarse en hipótesis elucubrativas que hilaban hechos publicados en los medios de comunicación. Estas teorías en contra de Ayuso no serían apoyadas en el texto de la denuncia por ningún dato ni ninguna prueba que apuntase hacia un supuesto uso ilícito de los fondos públicos por parte de la empresa Planifica Madrid, dependiente del Ejecutivo regional.

El Ministerio Público habría aludido en su resolución a la doctrina del Tribunal Supremo, que la remisión a recortes de prensa al Alto Tribunal no justifica la apertura de una causa penal. Algo que se sustenta asegurando que las alusiones a la presidenta de la comunidad son amplias e interpretativas, por lo que no considera óbice la apertura de diligencias.

Aunque se trata de una denuncia interpuesta por tres particulares no identificados, cabe recordar que los servicios jurídicos de Más Madrid se trasladaron el pasado 31 de julio a las puertas del Supremo para anunciar una denuncia contra Ayuso tras estallar el caso del ático. Estos aseguraban que existían indicios suficientes como para abrir diligencias por la compra del inmueble situado en el barrio de Chamberí por un supuesto delito de malversación de fondos públicos.