Han pasado ya doce meses desde el cese de Menchu Miralles como Interventora del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Doce meses sin una figura clave para la fiscalización económica, el control presupuestario y, en definitiva, la garantía de legalidad en la gestión municipal. Doce meses en los que una institución con el tamaño, el presupuesto y la complejidad de Pozuelo continúa funcionando en una situación que, como mínimo, resulta difícil de justificar.

La convocatoria del proceso selectivo para cubrir el puesto de Interventor General (referencia SEL19I029G, expediente SEL/2025/54) parecía el paso necesario para devolver la normalidad institucional. Se publicó la lista de admitidos y excluidos. Y, desde entonces, silencio.

Ninguna fecha de examen pública, ninguna comunicación sobre el desarrollo del proceso, ninguna señal de avance en un nombramiento que no es menor: estamos hablando del máximo responsable del control interno económico del Ayuntamiento.

El desconcierto aumentó el pasado viernes 19 de diciembre, durante la Copa de Navidad del Ayuntamiento. En ese contexto festivo, la alcaldesa, Paloma Tejero, anunció verbalmente la llegada de un nuevo Interventor General.

Sin resolución conocida, sin comunicación oficial clara, sin que la ciudadanía retuviera el nombre mencionado. Un anuncio informal sobre un cargo que, por definición, debería estar rodeado de rigor jurídico y transparencia administrativa.

La escena resultó, cuando menos, sorprendente. Más aún si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento lleva un año sosteniendo la estructura de control económico mediante una situación provisional.

Mientras tanto, decisiones de enorme relevancia financiera siguen su curso. Entre ellas, una liquidación del presupuesto de 2024 que ha generado comentarios y dudas en distintos ámbitos municipales, y la preparación del Presupuesto de 2026, cuya tramitación está siendo observada con especial atención política y técnica.

El Interventor no es un puesto decorativo ni protocolario. Es la pieza que debe garantizar que cada euro público se gestione conforme a la ley, con estabilidad presupuestaria y sin desviaciones arbitrarias.

Por eso resulta tan llamativo que un proceso selectivo de esta importancia permanezca en una especie de limbo administrativo, mientras el posible nombramiento se desliza en un acto navideño como si se tratara de una anécdota menor.

La pregunta es inevitable:

¿En qué punto real se encuentra la convocatoria?
¿Se ha celebrado ya alguna prueba? ¿Existe una propuesta formal de nombramiento?
¿Cuándo piensa el Ayuntamiento comunicar oficialmente quién asumirá una responsabilidad tan crítica?

Pozuelo de Alarcón no es un municipio cualquiera. Su volumen económico, su exposición pública y la exigencia de sus vecinos requieren instituciones sólidas y procedimientos impecables.

La figura del Interventor General debería ser sinónimo de estabilidad, control y confianza. Justo lo contrario de la incertidumbre actual.

Porque, más allá de polémicas políticas o estilos personales, lo verdaderamente importante es que el control del dinero público no puede depender de anuncios improvisados ni de silencios prolongados.

La transparencia no debería celebrarse en una copa de Navidad, sino publicarse con todas las garantías en los cauces oficiales.

Y, sobre todo, debería llegar cuanto antes.

Manolo Pérez