El Gobierno de Pedro Sánchez defiende la acampada en la Puerta del Sol para protestar por la situación de la vivienda, pese al requerimiento que ha enviado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la Delegación del Gobierno exigiendo su desmantelamiento en 48 horas.

«Nosotros apoyamos una concentración cívica, pacífica y que se generó de forma espontánea», sostienen fuentes de Moncloa, que apuntan a que, en todo caso, la competencia del desalojo correspondería a la Policía Local, dependiente del Ayuntamiento de la capital.

Para el Ejecutivo central «al Partido Popular le molestan las calles y no los áticos», en referencia al polémico ático en el Paseo del General Martínez Campos que adquirió la Comunidad de Madrid y ha puesto ahora a la venta por casi 6,7 millones de euros.

De esta forma, parece que desde el Gobierno tienen poca intención de hacer caso al requerimiento de Ayuso, pese a que ha amenazado con presentar un recurso contencioso-administrativo si no se ordena el desalojo en ese plazo de dos días, con petición de medidas cautelares, ante el órgano judicial correspondiente. Además, el Ejecutivo autonómico tampoco descarta «emprender cualquier tipo de acción judicial, incluidas las acciones penales contra el delegado del Gobierno en defensa del interés de todos los madrileños».

Para el Gobierno autonómico «la concentración y acampada permanente en la Puerta del Sol excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución española» porque no existió comunicación previa obligatoria, por su carácter permanente e indefinido, porque supone una alteración del orden público con peligro para personas y bienes y porque es una ocupación ilegal del dominio público.