La Comunidad de Madrid ha elevado la presión sobre la Delegación del Gobierno por la acampada instalada desde el pasado sábado en la Puerta del Sol. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno para que, en un plazo máximo de 48 horas, dé las instrucciones necesarias para proceder al desalojo y para garantizar la protección de la Real Casa de Correos.

Así lo anunció este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, que acusó al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y al Ministerio del Interior de no estar actuando para poner fin a una situación que, según denunció, está provocando perjuicios a vecinos y comerciantes de la zona.

García Martín calificó la instalación de “acampada ilegal” y sostuvo que los comerciantes de la Puerta del Sol, con los que aseguró que la Comunidad está “en permanente contacto”, temen que la protesta pueda acabar ocasionándoles un importante perjuicio económico. En este sentido, el consejero recordó las pérdidas que, según sus palabras, sufrieron durante el 15M, que situó por encima de los 90 millones de euros.

“La impunidad, la ilegalidad, el desorden, no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol”, afirmó el portavoz del Ejecutivo autonómico, que convirtió así la actuación sobre la acampada en un nuevo frente entre el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno en Madrid.

El requerimiento remitido al delegado del Gobierno no se limita al desalojo de los manifestantes. La Comunidad reclama también medidas para proteger la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, ante los actos registrados en los últimos días.

García Martín recordó que se trata de un edificio con más de 250 años de historia y declarado Bien de Interés Cultural. Según relató, se han producido pintadas en sus paramentos, se ha arrojado basura contra la fachada y las ventanas y se han registrado orines en el exterior del inmueble. “En definitiva, le damos al delegado del Gobierno esas 48 horas para que atienda este requerimiento”, señaló el consejero.

La vía judicial, sobre la mesa

La Comunidad ya anticipa cuál será el siguiente paso si la Delegación del Gobierno no atiende su petición. García Martín aseguró que, una vez transcurrido el plazo, el Ejecutivo regional presentará el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente y solicitará medidas cautelares.

Pero la advertencia va más allá de la vía contenciosa. El portavoz madrileño aseguró que la Comunidad se reserva “el derecho a poder emprender cualquier tipo de acción judicial”, incluidas acciones penales, contra el delegado del Gobierno.

El Gobierno de Ayuso sitúa así la responsabilidad de intervenir sobre la acampada en la Administración General del Estado y reclama una actuación inmediata para poner fin a la ocupación de la Puerta del Sol y proteger tanto a los vecinos y comerciantes como al patrimonio de la sede del Ejecutivo autonómico