El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo de Gobierno in extremis, minutos antes de que comenzara la constitución de la XI Legislatura de las Cortes castellanoleonesas. Las negociaciones parecían rotas el pasado miércoles por la noche, cuando la formación de Juan García-Gallardo publicaba sus últimas condiciones. Santiago Abascal hacía presagiar lo peor esta mañana, ante la negativa de los populares de otorgarle lo que los electores habían decidido. Casi se olía la repetición de los comicios. Entonces, la magia de la última negociación entre Fernández Mañueco y García-Gallardo ha surtido efecto.

La duda había estado durante los últimos días en el reparto de cargos. Así lo hacían saber diversas fuentes de Vox a este medio a comienzos de la semana. Finalmente y pese a los sudores hasta el último instante, sí ha podido ser.

Vox se ha granjeado la presidencia de las Cortes regionales y una secretaría tercera; así como la vicepresidencia del Ejecutivo y tres consejerías. De su parte, el PP volverá a estar al frente de Castilla y León.

El acuerdo programático ha sido este:

Las medidas selladas entre PP y Vox se encuadran dentro del orden constitucional y comunitario, por mucho le pesara a algunos diputados, tal y como así lo expresaron esta mañana en el Congreso. En el clausulado se deja claro que el pacto respeta la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y el marco de la Unión Europea.

11 ejes de Gobierno

Los primeros ejes sobre los que girará el gobierno de coalición, bien pondrían responder al Preámbulo de cualquier texto legal. Fernández Mañueco y García-Gallardo defenderán la igualdad «entre hombres y mujeres», la solidaridad entre todas las regiones españolas -con fortalecimiento de provincias y municipios-, la Historia española como elemento conciliador y los intereses, siempre dentro de los principios europeos.

A continuación, se promete el crecimiento económico y la creación de empleo mediante el impulso de las capacidades productivas y los recursos de Castilla y León. En líneas similares al pacto alcanzado en la Comunidad de Madrid entre Isabel Díaz-Ayuso y Rocío Monasterio, se reducirá el gasto institucional, se fomentarán las políticas públicas que ayuden a las familias y a la natalidad, se garantizarán servicios públicos de calidad a la vez que se reducirán los impuestos. Por otro lado, se mejorarán las infraestructuras y se asegurará la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial de la comunidad.

Acciones destacables

Para lograr lo anterior, los nuevos socios de Gobierno plantean 32 acciones. Entre las más novedosas, destacan la aprobación de una ‘Ley de Desarrollo y Competitividad Rural’ o de una para luchar ‘contra la violencia intrafamiliar’. Esta segunda podría erigirse como antesala a la primera derogación de una la Ley autonómica contra la violencia de género. También, la decidida pretensión de acabar con los problemas de okupación, en clara contraposición a la línea oficial defendida por los socios de Podemos del Gobierno de coalición a nivel nacional.

Por otro lado, se apuntalan varias propuestas con espíritu de ser aplicadas el territorio nacional, como en el ámbito de la educación, la financiación autonómica, la política energética, el reparto del agua o la inmigración.