La guerra entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano ha dado un nuevo paso más radical después de que el Gobierno regional presentase una denuncia ante la Policía por impedirles el acceso al personal técnico encargado de iniciar las obras más urgentes en el Estadio de Vallecas por las malas condiciones de las instalaciones.

Todo se originó esta misma mañana cuando se presentaron los operarios en torno a las 9:00 horas en el estadio, después de que al club madrileño le fuera retirada la concesión administrativa del recinto ante las graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones. Sin embargo, según informa la Comunidad de Madrid, tanto el vicepresidente como el responsable de los servicios jurídicos del Rayo les impidieron la entrada.

Una tensa situación que obligó al Ejecutivo autonómico a presentar una denuncia por obstrucción, ya que solo una parte del personal pudo trabajar en instalaciones anexas que no están bajo el control del Rayo. La decisión de arreglar el estadio se produjo por recomendación tras una auditoría técnica que detectó graves deficiencias en materia de seguridad. Lo más preocupante eran problemas en las instalaciones eléctricas, en los sistemas de protección contra incendios y en las condiciones sanitarias. La defensa de la Comunidad de Madrid sostiene que estas carencias obligan de urgencia y máxima prioridad a acometer una reforma inmediata, con una duración estimada de entre dos y seis meses.

El conflicto se agravó después de que el Gobierno regional retirara al Rayo la gestión del estadio al considerar que el club no había subsanado las deficiencias ni aportado la documentación requerida dentro de los plazos establecidos. Desde la Comunidad se acusa a la entidad de retrasar deliberadamente el inicio de unas obras que considera imprescindibles para garantizar la seguridad del recinto.

La consecuencia más inmediata es que el Rayo Vallecano tendrá que buscar una sede alternativa para disputar sus partidos como local al inicio de LaLiga, con Butarque como principal opción mientras se ejecutan las reformas. El enfrentamiento institucional también ha provocado un creciente malestar entre la afición, reflejado en pintadas contra la directiva en los alrededores del estadio y en un ambiente de máxima tensión entre el club y la Administración regional.