El segundo Presidente del Consejo de Ministros nombrado por la Reina Regente fue Antonio Cánovas. Volvía al cargo, por novena vez después de 4 años, el día 17 de julio de 1890. Su mandato duró casi dos años y medio, hasta su cese el día 11 de diciembre de 1892.

El gobierno de Cánovas no modificó las reformas introducidas por los liberales, de esta forma se afirmaba el principio básico del sistema de turnos pacíficos de los partidos dinásticos, los avances liberales  eran respetados por los conservadores logrando, así,  un equilibrio entre el conservadurismo y el progreso.

El gobierno anunció que, acabadas las reformas políticas y jurídicas, iba a dar preferencia a los temas sociales y económicos, con especial atención a los problemas de la clase trabajadora. En el último propósito se avanzó poco debido a la fuerte oposición que encontraron los primeros intentos de aprobar las leyes sociales entre las filas de su propio partido conservador.

Cuando, a finales de 1890, Cánovas hablo de la necesidad de la intervención del Estado para la solución de la cuestión social alegando la insuficiencia de las medidas de caridad, fue acusado, por los más integristas, de violar los principios de la justicia que consagraban el derecho de la propiedad.

Desde 1890, los choques entre las tropas españolas de Melilla y las tribus rifeñas iban en aumento. El 2 de octubre, fueron asesinados un grupo de soldados españoles que trabajaban en la construcción de un fuerte a las afueras de la ciudad. La tensión acabó en la guerra de Melilla, o  guerra del general Margallo, en 1893.

El 29 de  diciembre 1890, las Cortes liberales quedaron disueltas, convocándose nuevas elecciones legislativas para el día 1 de febrero de 1891. Las elecciones convocadas lo fueron por sufragio universal masculino. Los electores pasaron de 800.000 a 4.805.000.  Se elegían 399 diputados.

La maquinaria de fraude funcionó  a la perfección bajo el mandato del Ministro de Gobernación Francisco Silvela y los conservadores obtuvieron una  cómoda mayoría de 253 escaños. Los resultados manipulados se conseguían  fuera de  las ciudades importantes. En Madrid y Barcelona los partidos no dinásticos, es decir: republicanos, socialistas y nacionalistas fueron mayoría aunque no llegaron a obtener la fuerza suficiente para erigirse en la oposición al sistema de la Restauración. En el mundo rural, con una población analfabeta, atrasada y muy desigual, primaba el cacique y las manipulaciones electorales  y era donde se conseguían las mayorías. Más de dos tercios de la población española  vivían en municipios de menos de 10.000 habitantes.

El limitado proceso de industrialización de España, el  lento crecimiento de las organizaciones obreras hacía difícil la implantación de de éstas y de los partidos que las apoyaban y así, en las elecciones de 1891, el PSOE obtuvo unos 5.000 votos en todo el País, de ellos poco más de 1.000 en Madrid.

El día 3 de marzo  de 1891, se inaugura en Madrid el edificio del banco de España, sito en la esquina de la calle Alcalá con el paseo del Prado, en la plaza de Cibeles.

El 15 de marzo del mismo año, se constituyó oficialmente la Unió Catalanista por iniciativa del Centre Escolar y de la Lliga. La unió era un  grupo político conservador, catalanista,  formado por la unión de diversos sindicatos y asociaciones que se unieron para ofrecer resistencia al artículo 15 del código civil que, en su opinión, atentaba contra el derecho civil catalán.

La celebración del 1 de mayo de 1891 no tuvo nada que ver con la misma del año anterior. El gobierno de Cánovas decidió prohibir las manifestaciones aunque si permitió los mítines y las reuniones en lugares cerrados. Los socialistas aceptaron las limitaciones. No obstante se produjeron incidentes en Cádiz, sucesos  que influyeron  decisivamente en los hechos sangrantes ocurridos en Jerez en enero del año siguiente, 1892.

El día 15 del mismo mes, el Vaticano  publica la encíclica del Papa León XII, Rerum Novarum, en la que expone la doctrina social de la Iglesia. Para el Papa,  el capital solo puede legitimarse  si se  pone al servicio de las necesidades de la comunidad. En la encíclica se afirma que el Estado debe intervenir en la economía para proteger a los grupos sociales menos favorecidos y  se anima a los obreros a que se organicen en asociaciones profesionales. El objetivo de la encíclica era la inserción de la Iglesia en el mundo obrero.

En la Iglesia existirán dos corrientes: aquella que exhortaba a la paciencia de los obreros y a la caridad de los ricos, excluyendo cualquier  tipo de agrupación o sindicato, y la que concebía un catolicismo social como defensa de los derechos de los obreros y su defensa colectiva en forma de agrupaciones o sindicatos.

La aceptación de la encíclica en España no se correspondió con la importancia que esta tenia, los obispos la publicaron pero la entendieron como las encíclicas anteriores, como un nuevo documento en la lucha contra la secularización y la vuelta  a los orígenes cristianos.

No  fue comprendida como un cambio en la política social de la Iglesia. La valoración se centro en dos cuestiones: una referida a uno de sus contenidos, su posición intervencionista del Estado, y la otra a cerca de la pertinencia y legitimidad de la intervención del pontífice en cuestiones económicas, es decir, en la pretendida autonomía de la economía política, no susceptible, por tanto, de ser afectada por criterios morales.  Limitar la intervención de la Iglesia  solamente a los consejos sobre  la moral religiosa pero sin inmiscuirse en cuestiones económicas en las que no era competente.

El 26 de mayo de 1891, se aprobó el llamado arancel de Cánovas ( se publicó el 31 de diciembre del mismo año) que derogó el arancel librecambista de Laureano Figuerola de 1869, estableciendo fuertes medidas proteccionistas para la economía española  en defensa de la actividad interior frente a la competencia exterior. El arancel  de Cánovas  era el complemento la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas de julio de 1882, ley que, a fin de captar el mercado antillano en su totalidad para las industrias textiles catalanas, añadieron  este nuevo mercado al monopolio peninsular. Mediante esta Ley, los puertos de Cuba y Puerto Rico pasaban a ser considerados de cabotaje y por tanto libres de aranceles.

Con el arancel, el gobierno satisfacía las demandas de determinados sectores económicos con gran fuerza de presión como los representados por el frente formado por la Liga Agraria de  cerealistas castellanos y los empresarios textiles catalanes. El arancel fijaba unas tarifas altísimas a la importación de cereales y manufacturas textiles que protegían a los grandes agricultores castellanos y fabricantes textiles catalanes de la competencia de los trigos americanos y los tejidos ingleses. Se le llamó le arancel del hambre por la subida de precios de los alimentos y de los textiles que siguió a su entrada en vigor.

El arancel sirvió para compensar a los empresarios que apoyaban  la Restauración y para la consolidación del sector industrial  textil catalán, la siderurgia vasca, la minería  asturiana, las compañías eléctricas y, como siempre, a la banca. También favoreció a la agricultura de exportación (vid, aceite y naranjas), pero las clases humildes quedaron estancadas en la pobreza y la desigualdad.

En 1891, en Cuba, el mercado de exportación estaba prácticamente en manos norteamericanas. Los interesados en este comercio, ante la grave dependencia económica que sufría la isla y la amenaza del nuevo arancel aprobado por el gobierno norteamericano que hacia ruinosa la exportación del azúcar cubano a ese país, constituyeron el llamado Movimiento Económico que buscaba la firma de un tratado comercial con los norteamericanos y reformas arancelarias que protegiesen sus intereses. El Gobierno, y las autoridades de la isla, sospechaba de que detrás de estas maniobras había intenciones anexionistas, no obstante  España negoció un tratado comercial con los Estados Unidos, el Tratado Foster- Cánovas de agosto  de 1891, que mejoraba el comercio entre ambas naciones pero que dejaba a Cuba desarmada arancelariamente frente a Estados Unidos.

En 1892, aprovechando el cuarto centenario del descubrimiento de América, el Gobierno trató de impulsar un resurgimiento nacional, fomentando el patriotismo español con actos conmemorativos.

A primeros de año tuvieron lugar los sucesos de Jerez de la Frontera (Cádiz) cuando, en la noche del 8 al 9 de enero de 1892, unos cientos de campesinos interrumpieron  en la ciudad dando vivas a la anarquía. Controlaron la ciudad durante unas horas hasta que las tropas  de  guarnición de la ciudad le hicieron frente y los expulsaron de la misma. Dos personas fueron asesinadas por los rebeldes y hubo un muerto entre los amotinados. Los cabecillas de la revuelta fueron detenidos, juzgados en consejo de guerra y, cuatro de ellos, condenados a ser ejecutados.  La sentencia que se cumplió el día 10 de febrero. Los anarquistas convirtieron en mártires a los ejecutados y fueron vengados mediante una oleada de terrorismo que tuvo como escenario Barcelona. El mismo día de la ejecución hubo un atentado en la Plaza Real de Barcelona y, el año siguiente, el Capitán General  Martínez Campos sufrió otro atentado  fallido como represalia por los muertos de Jerez.

El 25 de marzo de 1892, celebró la Unió Catalanista  su primera asamblea en Manresa en la que aprobaron las Bases por la Constitució Regional Catalana.

Reclamaba la restauración de las instituciones históricas del Principado y el traspaso a Cataluña de amplias  competencias políticas y económicas. La asamblea de Manresa se suele considerar como el acta de nacimiento del catalanismo político de raíz conservadora. Las Bases eran un proyecto autonomista que propugnaban por modernizar el derecho civil catalán, la oficialidad exclusiva del idioma, la reserva de cargos públicos para los naturales del Principado, la soberanía interior exclusiva, un cuerpo de orden público y moneda propios, etc.

En abril de 1892, el cubano José Martí funda en Nueva York el partido revolucionario cubano. Concebido como una organización única de todos los independentistas cubanos, el partido debía conseguir los medios materiales y humanos necesarios e investir a los jefes militares de la imprescindible autoridad política para desencadenar la guerra de la independencia de Cuba. Entre los fundadores del partido de encontraban personas claves en la lucha independentista como el cubano  Antonio Maceo y   el dominicano Máximo Gómez.

En 1892, las organizaciones internacionales de trabajadores decidieron que  todos los 1º de mayo se celebrarían una manifestación  anual internacional. Los socialistas españoles analizaron la situación  teniendo en cuenta: los recientes sucesos de Jerez, la posición de los anarquistas y la disposición del gobierno contrario a las manifestaciones públicas. En consecuencias, decidieron que la jornada fuera un día de afirmación plena de la lucha obrera pero no de revolución social. Se organizarían actos conmemorativos pero pacíficos. Los anarquistas, por el contrario, al no poder realizar la revolución ese día, perdieron interés en la jornada.

En Filipinas, el germen de la revuelta se estaba sembrando. Las primeras expresiones de descontento se estaban manifestando con la aparición de asociaciones que tenían un carácter inicialmente autonomistas y que hallaron eco entre los demócratas y masones españoles. Una de ellas fue la llamada Liga Filipina fundada por José Rizal en 1892. Rizal pretendía que el archipiélago abandonase el régimen colonial para integrase como un territorio más en las instituciones españolas. Otra, mucho más radical y violenta, era la conocida como Katipunan.  Era un acrónico de una frase en  el idioma tagalo cuya traducción decía: Suprema y Venerable  Asociación  de los Hijos del Pueblo. Era una sociedad secreta, fundada el 17 de julio de 1892  por Andrés Bonifacio  y con Emilio Aguinaldo como líder destacado, que  tenía por objetivo liberar al país de los colonizadores  españoles. Estaba constituida por revolucionarios e independentistas que pretendían conseguir la emancipación por medios violentos.

El 20 de noviembre de 1892, se publicó  el libro de Sabino Arana Goiri: “Bizkaya por su independencia. Cuatro glorias patrias”. Era una recopilación de la mayoría de sus artículos sobre temas lingüísticos e históricos. Se considera la publicación del libro como el acta de nacimiento del nacionalismo vasco. Las cuatro glorias patrias hacen referencia a las batallas de Arrigorriaga (en el año 888), Gordexola y Otxandio (en 1355) y Munguía (1470).

Sabino Arana había nacido en 1865 en Abando, en el seno de una familia burguesa, católica y carlista. El Domingo de Resurrección de 1882, con 17 años, se produjo su conversión desde el  carlismo al nacionalismo bizkaitarra gracias a las conversaciones con su hermano que lo convenció de las ventajas del nacionalismo. A partir de 1932, el partido nacionalista vasco celebra todos los Domingos de Resurrección el Aberri Eguna o día de la Patria Vasca.

En el gobierno de Cánovas convivieron dos tendencias opuestas: la representada por Francisco Romero Robledo, había vuelto al partido después del fracaso del partido liberal reformista que había fundado, que simbolizaba el dominio del pragmatismo más crudo con sus prácticas clientelares y de manipulación de las elecciones,  y la que personificaba Francisco Silvela que incorporaba un reformismo conservador, bajo la bandera de la moralización, que pretendía restablecer el prestigio de la ley  y cortar todos los abusos .

Cánovas se decantó por el pragmatismo de Romero Robledo lo que llevó a la dimisión de Francisco Silvela en noviembre de 1891. La renuncia provocó una grave crisis  interna en el partido conservador.

Silvela formó un grupo disidente del partido, los silvelistas, con un programa que pretendía reformar el gobierno municipal como base para la creación de una moralidad política que impidiera el funcionamiento del caciquismo y la utilización de la política municipal para fines electorales. Posteriormente este proyecto lo lideró Antonio Maura.

Unos casos de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid en diciembre de 1892, más o menos encubiertos por Romero Robledo, levantaron olas de protesta. En el debate en el Congreso, Silvela realizó la célebre declaración que significó su ruptura con Cánovas.

La Reina Regente solventó el problema haciendo dimitir a Cánovas y encargando la formación de Gobierno a Práxedes Mateo Sagasta, el 11 de diciembre de 1892.

Joaquín de la Santa Cinta, Ingeniero aeronáutico, economista e historiador