Dos años y cuatro meses después de su dimisión, y cumpliendo el acuerdo de alternancia en el poder de los dos partidos, moderado y unión liberal, O´Donnell fue nombrado por tercera  vez, cuarta  si  se considera  el nombramiento de Presidente Interino de Saturnino Calderón, Presidente del Consejo de Ministros el 21 de junio de 1865. Su mandato duró algo más de un año hasta su dimisión el 10 de julio de 1866.

O´Donnell formó un Gobierno con miembros del partido unión liberal entre los que destacaban José Posada Herrera en Gobernación y Antonio Cánovas del Castilla en Ultramar. La política del Presidente estuvo dirigida a afianzar a su partido, unión liberal, como alternativa del régimen. Mientras el partido moderado representaba la alternativa conservadora, el partido de la unión liberal representaba la alternativa liberal progresista. Pretendía poner las bases para que los dos partidos dinásticos se repartieran el poder, en turnos pacíficos, como forma de consolidar la Monarquía de Isabel II.

O´Donnell había intentado formar un gobierno de coalición entre unionistas y progresistas, pero las divisiones internas de éstos últimos frustraron el proyecto. Para ello empezó a aplicar puntos del programa progresista como: ampliación del censo electoral, cuanto mayor era el censo, mas difícil resultaba su control; establecimiento de la circunscripción provincial; continuación de la desamortización eclesiástica, rehabilitación de los catedráticos separados; liberalización de la prensa  y el reconocimiento del Reino de Italia. Sus esfuerzos resultaron vanos, los progresistas no estaban dispuestos a escucharlo a pesar de las medidas que había tomado. Los progresistas habían pasado del retraimiento a la revolución.

En el mismo mes de junio, el Gobierno comunicó a las Cortes la necesidad de tomar una decisión sobre el reconocimiento del Reino de Italia. Éste anuncio no preocupó excesivamente a la Santa Sede, contaba para evitarlo con  los medios de presión  del propio clero español y  de la camarilla de la Reina. Sin embargo, a pesar de la moderada reacción del Vaticano y de la buena disposición del Gobierno español de respetar los intereses del catolicismo, la posibilidad de que España reconociera al Reino de Italia, alertó a los elementos más conservadores que iniciaron una fuerte oposición en las Cortes, en la prensa y en las propias instituciones de la Iglesia.  Se tenía  la intención de movilizar a los católicos españoles para impedir el reconocimiento. El reconocimiento oficial por España del Reino de Italia  se llevó a cabo el 1 de agosto de 1865.

O´Donnell inició una política de desafío a la Iglesia española, ésta política no era sostenible, el Presidente necesitaba apoyos y no discordias. Los obispos pensaron que si caía la Reina, y así lo estaban pidiendo la coalición de progresistas y demócratas, con la Reina caía la Iglesia, entonces hicieron una piña con Narváez contra los enemigos comunes  de ambos.

Las Cortes fueron clausuradas el 12 de julio, con ello se daba por concluida el periodo de sesiones. Las Cortes no volvieron a reunirse, fueron disueltas en octubre dando  terminó la Legislatura.

Se convocaron nuevas elecciones el 10 de octubre que se celebrarían los primeros días de diciembre.

O´Donnell ofreció a Prim un amplio grupo parlamentario para los progresistas en las nuevas elecciones si conseguía que éstos abandonaran el retraimiento, pero la junta general del partido decidió, por votación de sus miembros,  seguir con el retraimiento.

El 25 de noviembre de 1865, el Ministro de Ultramar, Cánovas, promulgó un Real Decreto de Reforma de las Colonias y convocó una Junta de Información que debería iniciar el programa de reformas y discusión de  las bases de las leyes especiales, para Cuba y Puerto Rico, previstas  en todas las Constituciones desde la Constitución de 1837.

El decreto no mencionaba a Filipinas ni a las otras colonias españolas del Pacífico, la razón era la diferencia  en el modelo de organización política entre Cuba y Puerto Rico con las demás colonias. Éstas tenían un modelo de organización muy distinto y no era el momento de reformarlo.

La medida fue muy bien acogida por los progresistas y no también por los conservadores que la miraron con recelos.

La junta se componía de comisionados nombrados por los ayuntamientos de las islas y de especialistas nombrados por el Gobierno. El objetivo era discutir las cuestiones que propusiera el Gobierno e informar por escrito de las conclusiones, quedando la decisión de aplicarlas, o no, en poder del Gobierno.

Se ordenó la elección de 22 Comisionados, 16 cubanos y 6 puertorriqueños. El Gobierno nombro a otros 22 expertos y proporcionó los temas a discutir entre las que se encontraban: la esclavitud, los aranceles y la organización política de las colonias.

La Junta comenzó sus sesiones en diciembre de 1866 cuando el Gobierno de O´Donnell ya había sido sustituido por el Gobierno de Narváez.

Los comisionados opinaron que la esclavitud debía ser conservada aunque la mitad de los comisionados puertorriqueños dijeron que había que abolirla.

Las propuestas sobre aranceles se aprobaron por unanimidad. Se pasaba de un mercantilismo del siglo XVIII a un librecambismo con un nuevo sistema fiscal, el anterior se basaba en las rentas de aduanas. Proponían  un impuesto directo del 6 % sobre la renta líquida   del capital invertido en cualquier tipo de negocios. Los cubanos serian libres para vender sus productos en cualquier parte del mundo.

En cuanto a la organización política, se pidió que hubiera municipios autónomos,  que los ayuntamientos se eligieran por elección popular directa y que hubiera consejos análogos a los peninsulares.

La Junta de Información  concluye sus trabajos, después de cinco meses, el 27 de abril de 1867. Fue disuelta por Narváez con la promesa  del Ministro de Ultramar de leer todos los informes. No se hizo nada con las conclusiones. Año y medio  después,  10 de octubre de 1868, comenzó la primera guerra de independencia cubana, la llamada Guerra Grande o Guerra de los diez años.

Al no conseguir que su partido volviera a las instituciones, Prim  intentó llegar al gobierno por la vía del pronunciamiento.  Quería repetir un pronunciamiento únicamente militar, emulando a la Vicalvarada, para conseguir que la Reina lo nombrase Presidente del Consejo de Ministros. El día 3 de enero se sublevó, sin conocimiento del comité central de su partido, en el pueblo madrileño de Villarejo de Salvanés. El pronunciamiento fracasó porque, a las dos unidades sublevadas, no se le unieron las otras unidades comprometidas por lo que aquellas tuvieron que internarse en Portugal, el 20 de enero, perseguidos por fuerzas leales al Gobierno. El fracaso del pronunciamiento hizo que Prim apoyara la línea mayoritaria de su partido, el retraimiento y la alianza con el partido demócrata. A partir de entonces se dedicó a preparar al derrocamiento de la Reina Isabel II convirtiéndose no solo  en el líder del progresismo sino del movimiento revolucionario.

Entretanto, el conflicto del Océano Pacifico continuaba su camino hacia la guerra. Perú había conseguido la solidaridad de las repúblicas vecinas: Chile, Bolivia y Ecuador que también se sentían amenazadas por la presencia de la flota española en el Pacifico.

Un cambio en el Gobierno de Perú fue aprovechado por las nuevas autoridades para negarse a reconocer el Tratado Vivanco – Pareja. Formó una alianza con Chile, y  con las otras naciones aliadas,  y procedió a declarar la guerra a España a principios de 1866. La declaración de guerra de tantas naciones hacía muy difícil mantener una escuadra tan alejada de España y sin puertos refugio donde poder abastecerse. El almirante Pareja se suicidó y la flota quedó al mando del brigadier Casto Méndez Núñez que recibió órdenes de permanecer en esas aguas. Las principales acciones de la guerra fueron: el bombardeo del puerto y ciudad de Valparaiso en Chile, el 31 de marzo de 1866, ante la no devolución de la fragata española Covadonga, alevosamente capturada, y el bombardeo de los fuertes del defensa del puerto de El Callao en Perú, el 2 de mayo del mismo año. El combate no tuvo un vencedor claro y ambos combatientes se atribuyeron la victoria.

Pocos días después, el 10 de mayo, la flota se dividió en dos mitades, una de ellas, con la fragata Numancia, se dirigió hacia Filipinas para, desde allí, volver a España. La  fragata Numancia fue el primer navío blindado en dar la vuelta al mundo. La otra mitad de la flota continuó en la zona por si se intentaban nuevas operaciones de castigo  hasta finales de junio del mismo año.

La crisis económica de España,  iniciada con la industria textil en 1864, se vio reforzada  cuando   las empresas de ferrocarriles empezaron a quebrar. Con la ley de ferrocarriles de 1855, muchos capitales se dirigieron a las compañías ferroviarias que experimentaron un gran auge alimentando una espiral especulativa.

Conviene recordar que el negocio del ferrocarril consistía: primero en conseguir concesiones para especular con ellas, segundo en conseguir  subvenciones para su construcción y tercero seguir consiguiendo subvenciones para garantizar su funcionamiento. A nadie le importaba los estudios de tráfico de personas o mercancías, cuando se acaban o se suspendían las concesiones, las empresas, que habían sido constituidas con muy poco capital, entraban en pérdidas y se declaraban en quiebra.

El valor de las  acciones de las compañías de ferrocarriles cayó en picado, sus efectos se trasladaron inmediatamente al sistema bancario dada la estrecha relación entre ambos sectores, el ferroviario y el financiero. Las consecuencias inmediatas fueron las quiebras bancarias, la falta de liquidez, el descenso de los productos manufacturados ligados a las industrias en pérdida y un retraimiento general en la economía.

A primeros de febrero un grupo de políticos, militares y financieros dirigieron  a la Reina una carta donde indicaban la grave crisis que amenazaba al sector ferroviario y, como consecuencias, a las sociedades de créditos que habían invertido en el citado sector. Como solución proponían la concesión de nuevas subvenciones a las compañías ferroviarias para evitar las quiebras. Obviamente su objetivo era seguir engordando a las compañías ferroviarias a costa del Estado, en teoría para evitar un mal mayor y en la práctica para seguir manteniendo la vinculación existente entre el mundo de los negocios y los principales partidos políticos.

Las primeras quiebras de sociedades de crédito ya se habían producido en 1864  como consecuencias de la baja rentabilidad de algunas líneas de ferrocarril. En 1866, la crisis alcanzó a dos importantes sociedades de cerdito y el pánico se extendió. Un mes más tarde se produjo la sublevación del Cuartel de San Gil y a la crisis económica se vino a unir la política.

El 22 de junio se produjo una sublevación en Madrid protagonizado por los sargentos de artillería del Cuartel de San Gil disconformes con las medidas que impedían su ascenso a la oficialidad, hasta el grado de comandante, como ocurría en infantería. Alentados por los demócratas, siempre en primera fila cuando había alguna circunstancia que pudiera hacer daño al sistema, los sargentos intentaron apoderarse del Ministerio de Gobernación para establecer allí un gobierno provisional, pero no consiguieron tomarlo. La sublevación fracaso, las barricadas levantadas por los civiles de los partidos demócratas y progresistas fueron quitadas  por el ejército después de dura lucha, y los sargentos, refugiados en el Cuartel de San Gil, fueron sometidos por las tropas mandadas por el General Serrano.

Los sargentos habían asesinado algunos oficiales, por lo que la represión fue muy dura. Se fusilaron a 66 de los sublevados, la mayoría sargentos aunque también había algunos soldados y un par de civiles, a pesar de que Francisco Silvela pidiese en el Congreso  que la Reina templara la severidad de la justicia.

El pronunciamiento de Prim en enero y el de los sargentos de San Gil de junio, anunciaba la pérdida del apoyo del ejército al Gobierno. O´Donnell también perdió la confianza de la Reina por negarse a fusilar a todos los detenidos, unos mil, por lo que fue obligado a dimitir. A la salida de Palacio anunció que no lo volvería a pisar mientras Isabel II reinase. Parece ser que  en la dimisión de O.Donnell tuvo mucha influencia el padre Claret, partidario de la línea dura y que no había perdonado a O´Donnell el reconocimiento del Reino de Italia. La Reina consideró que éste había sido blando con los sublevados y llamó, el 10 de julio de 1866, a Narváez para que formara gobierno.

Una vez dimitido,  O´Donnell se fue a Biarritz donde murió el 5 de noviembre del año siguiente  de tifus.  Su sucesor al frente del partido unión liberal fue el General Serrano, pero el partido no fue capaz de sobrevivirle.

Joaquín de la Santa Cinta. Ingeniero aeronáutico, economista e historiador