Juan  Manuel Bravo Murillo Méndez Ortega, extremeño, nacido en Fregenal de la Sierra (Badajoz) en 1803 y muerto Madrid  a los 70 años, en 1873. Político liberal moderado, jurista, teólogo y filósofo.  Muy trabajador,  abogado prestigioso y ferviente  católico. Durante el reinado de Isabel II ocupo los cargos de Presidente del Consejo de Ministros, Presidente del Congreso y Ministro de Gracia y Justicia, Hacienda y Comercio. Estudiante en las Universidades de Sevilla y Salamanca, fiscal en la Audiencia Provincial de Cáceres. Exiliado durante la Regencia de Espartero. Bravo pertenecía a la rama más a la derecha del partido moderado. Se convirtió en el líder de ésta facción donde militaban muchos católicos integristas.

Nombrado Presidente del Consejo de Ministros el día 14 de enero de 1851 en sustitución de Narváez. Su mandato no llegó a dos años, siendo cesado el 14 de diciembre de 1852.

Formó un Gobierno de técnicos  expertos en sus temas y se reservó para sí el Ministerio de Hacienda. Su fama de persona íntegra, y la creencia generalizada de que era el hombre adecuado para  a acabar con todos los males que la corrupción del Gobierno anterior había traído sobre el País, hizo que su nombramiento fuese bien aceptado en la opinión pública.

El Gobierno se planteaba realizar una reforma constitucional para adecuar la política a la realidad del país y para  evitar las eternas disputas parlamentarias que, a veces, impedían un buen gobierno al servicio del pueblo.

A los pocos días de su nombramiento, Bravo Murillo presentó las Cortes su programa de gobierno basado en el mantenimiento de la paz interior, autoridad, moralidad pública, reforma de la Administración y un Plan de Obra Pública.

En febrero se inauguró, por fin, la segunda línea de ferrocarril de la península, la que unía a Madrid con Aranjuez.

El 16 de marzo  de 1851 se llegó al acuerdo final entre el Reino de España y El Vaticano firmándose el Concordato el 11 de mayo. El acuerdo  fue aprobado por las Cortes el 17 de octubre del mismo año. Éste Concordato, que  duró hasta 1931, fue el resultado de las negociaciones iniciadas en 1833 a la muerte de Fernando VII. Significó el reconocimiento definitivo de la legitimidad de Isabel II,  la aceptación, por la Iglesia, de las desamortizaciones de sus bienes  y de las compensaciones recibidas a cambio de las mismas.

El Concordato llevaba 7 años negociándose. Había estado a punto de ser firmado por Narváez en 1848, pero una fuerte campaña de prensa en su contra orquestada por la oposición hizo que  éste renunciara a su firma.

Los puntos importantes de Concordato eran:

• España reconocía a la Religión Católica como la única religión del Estado Español. El Estado se declaraba, por tanto, confesional  tal y como  se recogía en la Constitución del 1845
• Daba  libertad a la Iglesia para enseñar el catolicismo en todos los niveles de la enseñanza, tanto pública como privada. Incluía la autorización a las órdenes religiosas a abrir colegios de enseñanza pública. Es decir la Iglesia tenía el derecho a fiscalizar la enseñanza.
• La Iglesia conservó la jurisdicción sobre sus miembros y la capacidad de censura.
• A la Iglesia se le reconocía el derecho a adquirir y poseer  bienes en propiedad.  Éstos estarían a salvo de intervenciones estatales y por tanto no serían desamortizables en el futuro. A cambio, la Iglesia reconocía como legales las ventas de bienes desamortizados realizados hasta la fecha. Por supuesto que seguía reclamando los desamortizados y aún no vendidos aún.
• La Iglesia recibiría una asignación presupuestaría anual para el mantenimiento del culto y del clero.

A cambio, la Iglesia confirmó el reconocimiento de la Reina  Isabel II como reina de España y adoptó una apolítica neutral en el conflicto entre carlistas e isabelinos. La firma del Concordato perjudicó mucho al carlismo al reatarle  el apoyo de muchos  católicos.

También aceptaba la desamortización efectuada hasta entonces y   levantaba las condenas eclesiásticas dictadas, en su momento, contra el Estado por las mismas.

El Estado seguía teniendo derecho al Patronato Regio, es decir,  el derecho a proponer al Papa candidatos para ser nombrados obispos.

Con la firma del Concordato la Iglesia Católica recuperó gran parte del poder perdido en la Revolución Liberal. Era un Concordato muy favorable a la Iglesia que no gustó a los progresistas.

Las consecuencias del Concordato en la enseñanza quedaron materializadas en el Reglamento del 10 de septiembre del año siguiente, 1852, por el que se anulaba el Plan  de Gil y Zárate de 1845 y se devolvía la enseñanza a la Iglesia.

El 7 de abril de 1851, el Gobierno disolvió las Cortes. Se estaba discutiendo el proyecto de  Ley presentado a las Cortes, el 1 de febrero del  mismo año, para la reducción de la  Deuda Española. En la sesión del 5 de abril se produjo un suceso inesperado que forzaría la disolución de las Cortes. En plena disputa se planteó la duda de si el Gobierno disponía de los recursos necesarios para aplicar la Ley que se estaba discutiendo.  El Gobierno forzó la votación nominal  y definitiva del proyecto de Ley. El Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Santiago Fernández Negrete,  votó en sentido contrario al resto del Gobierno, expresando la división de éste en cuanto a la aplicabilidad de la Ley.

Bravo Murillo cesó al ministro nombrando en su lugar a Fermín Arteta Sesma que ocupaba el Ministerio de Gobernación y disolvió las Cortes.

Se convocaron elecciones que se llevaron a cabo el 10 de mayo y los resultados  de las votaciones dieron una  mayoría muy favorable a la política de Bravo Murillo. Las nuevas Cortes, iniciaron las sesiones  el 1 de junio. Constituido el Congreso de los Diputados, el mismo proyecto de ley de arreglo de la Deuda rechazado la legislatura anterior fue rápidamente dictaminado favorablemente a los intereses del Gobierno.

Por Ley de 7 de mayo de 1851, el Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas presentó el Plan general de Carreteras. Éstas quedaron divididas en generales, transversales, provinciales y locales. La Ley previa la clase de carretera, su construcción y conservación. Son carreteras generales las que se dirigen desde Madrid a las capitales de provincias, las transversales aquellas que cortan a enlazan carreteras generales, las provinciales son las que enlazan una carretera general y una transversal, el resto son carreteras locales.

El 8 de mayo, la Comisión encargada de la redacción del  proyecto de Código Civil, presidida por Florencio García Goyena,   dio por terminados sus trabajos. Éste proyecto no fue aprobado por lo que España  seguiría sin Código Civil hasta 1889.

El 18 de junio, mediante Real Decreto, se establece tomar agua del río Lozoya para abastecimiento de Madrid, dando comienzo al desarrollo del Canal de Isabel II. Al día de hoy sigue suministrando toda el agua potable a la Autonomía de Madrid.

Este canal entraba dentro del Plan de Canales y Pantanos preparado por el Gobierno de Bravo Murillo y que se completaba con otras  obras en  el Canal de Castilla.

El 13 de julio de 1851, el proyecto de Ley del Plan de Arreglo de la Deuda Pública fue aprobado por el Congreso de los Diputados por 154 votos a favor frente a 52 en contra. Cinco días más tarde, el Proyecto fue aprobado en el Senado  por 59 votos a favor frente a 19 en contra. Isabel II lo sancionó el 1 de agosto y fue publicado por la Gaceta de Madrid convirtiéndose en Ley.

Con ésta Ley se trataba de evitar  suspensión de los pagos de la Hacienda Española a pesar de que ésta se encontraba en quiebra técnica desde los años finales del siglo anterior.

Básicamente, la Ley consistía en  reconocer la deuda que estuviera al 3% de interés, reducir los intereses de las deuda restante al 3% durante los próximos  19 años de una forma progresiva, hacer una quita del 20% del capital (reducir el capital prestado al 80 % de su valor) y emitir una nueva deuda amortizable para poder pagar los títulos pendientes de canje.

Para acrecentar la confianza de los prestamistas, el Gobierno elaboró unos Presupuestos Generales del Estado con superávit  con el cual se podría pagar la nueva deuda amortizable emitida.

El 14 de julio de 1851 en Cuba, un grupo liderado por Joaquín Agüero se levantó contra los españoles en las Tinas declarando la independencia. La revuelta fue aniquilada rápidamente  y su líder fusilado.

El 3 de agosto, nuestro conocido aventurero venezolano, Narciso López de Urriola salió, una vez más, desde Nueva Orleans  con una expedición  con la pretensión establecer una república independiente y una posterior anexión a los Estados Unidos. Desembarcaron el día 12 de agosto en Pinar del Río. La expedición volvió a ser un desastre, sus componentes fueron detenidos y fusilados. López fue capturado en Pinos de Ragel, conducido a La Habana, juzgado por alta traición y ajusticiado mediante garrote vil el 1 de septiembre. El consulado español en Nueva Orleans fue destrozado  por las turbas así como  intereses españoles en esa ciudad. Gran Bretaña y Francia apoyaron a España  y, ante la posible guerra entre España y Estados Unidos, prepararon un convenio que los yanquis se negaron  a aceptar replicando con una nueva propuesta de compra de la Isla a España.

Entretanto en Filipinas, el Gobernador, Antonio de Urbiztzondo Eguia (desde julio de 1850 a diciembre de 1853), procuró traer mano de obra china a las islas  para trabajar en la agricultura  con la expresa prohibición de trabajar en el comercio para así evitar la importación de opio  que era muy dañino para la sociedad. Durante su mandato hizo una nueva incursión contra los piratas moros  de Balanguingui. En 1852 se abrió el Banco Español Filipino en Manila.

A finales de agosto se inauguró el Tribunal de Cuentas y Contaduría General de Reino, organismo básico en el conocimiento público, redacción y fiscalización posterior de las cuentas del Estado.

Bravo Murillo, como buen hombre  de su tiempo y de su partido, estaba interesado en el desarrollo de las vías de transporte como el ferrocarril,  la mejora de las carreteras, de los puertos y  los canales, del abastecimiento de agua a Madrid y en general del desarrollo de las obras públicas. Para ello, el 29 de octubre de 1851, el Ministerio de   Comercio, Instrucción y Obras Públicas pasó a denominarse Ministerio de Fomento, traspasando el negociado de Instrucción al Ministerio de Gracia y Justicia, y siendo nombrado Ministro Miguel de Reinoso

El 16 de noviembre de 1851, el Ministro de Estado, Manuel Pando Fernández de Pinedo, II Marqués de Miraflores, publicó una Real Orden renovando completamente el Ministerio de Estado. La diplomacia española era muy mala a pesar de las reformas introducidas por gobiernos anteriores. El objetivo de ésta Real Orden era potenciarla y mejorarla.

La principal reforma estaba centrada en mejorar el nivel de los funcionarios adscritos al ministerio. Para ser admitido en la carrera se debía aprobar un examen.

El Ministro de Fomento presentó  a las Cortes, el 3 de diciembre, el Plan General de Ferrocarriles. Era el primer plan que intentaba corregir la desorganización de las concesiones otorgadas hasta entonces y establecer las líneas básicas del desarrollo del ferrocarril. Se establecía que la planificación de las líneas las haría el Estado aunque la construcción las harían los particulares. Se establecía una red radial con centro en Madrid y fijaba cuatro líneas de construcción preferente que coincidían con cuatro radiales (Madrid – Irún, Madrid – Sevilla por Extremadura, Madrid – Valencia  y Alicante y Madrid – Barcelona por Zaragoza).

Catorce días después se publicó el Real Decreto, por el mismo Ministerio, con el Plan de Puertos de Mar que establecía la base para la construcción de puertos previendo que los futuros barcos serían de vapor y mayor tonelaje. También  se incluía en el Plan la construcción de suficientes faros en las costas para hacer segura la navegación.

En Francia, el Presidente electo de la II República, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino  del Napoleón Bonaparte, da un golpe de estado, el 2 de diciembre  de 1851. Pocos días  después, en enero de 1852, se promulga una nueva Constitución francesa por la que el Presidente de la República puede  prolongar su mandato por 10 años reelegibles. Finalmente, mediante un plebiscito celebrado un año más tarde,  la República Francesa pasó a ser   Imperio Francés  y Luis Napoleón su emperador.

A la vista de tales hechos en el país vecino, Bravo Murillo pensó hacer algo similar en España. Reformar la Constitución de 1845  para hacer un sistema político que diera más competencias al Rey y menos a las Cortes. El proyecto de reforma se presentó a finales del año siguiente, 1852.

El día 9  de diciembre  de 1851 las Cortes fueran suspendidas. La idea era volver a iniciar el siguiente   periodo de sesiones  en abril, pero, con la escusa de los acontecimientos franceses, en enero se clausuraron  no resudándose sus sesiones hasta el 1 de diciembre del año siguiente, 1852.

El día 2 de febrero de 1852, la Reina sufrió un atentado en el mismo Palacio Real. Su autor fue Martín Merino y Gómez, el cura Merino, religioso y activista liberal. Merino accedió al Palacio Real amparado en sus ropas de religioso y asentó a la Reina una puñalada  provocándole una herida que no fue de mayor gravedad al amortiguar el golpe el recamado del traje y las ballenas del corsé. Detenido inmediatamente por la Guardia Real, juzgado y condenado a muerte, fue ejecutado el día 7, después de haber sido despojado de ser degradado de sus órdenes eclesiásticas, su cuerpo quemado y sus cenizas esparcidas por una fosa común

El 18 de junio de 1852, mediante  el Decreto   de los Funcionarios, se publicaba la reforma de la Administración del Estado encargando, además, a todos los ministerios unos reglamentos particulares para sus oposiciones de acceso y de  ascensos. Los reglamentos entraron en vigor el 1 de octubre del mismo año y fueron suspendidos el 14 de diciembre, la misma fecha del cese de Bravo Murillo.
La Administración española necesitaba ser reformada en todos sus aspectos. Durante el siglo le sistema se había politizado y cada gobierno había depurado de la administración a sus enemigos políticos. Era costumbre que, cuando alguien  llegaba al Gobierno, se  echaba a todas las personas  de la Administración y ponía en su lugar a los suyos. Ésta acción no solo se aplicaba a los altos cargos de la cúpula de la Administración, sino que se extendía a todos los puestos de cualquier nivel. El empleado público no sabía cuánto tiempo iba a durar su empleo antes de convertirse en cesante.

Bravo Murillo creó un aserie de cuerpos de funcionarios, seleccionados por criterios apolíticos, distintos para cada rama y actividad, sometidos a un escalafón. A los cuerpos se accedía por oposición o por concurso de meritos. Los ascensos serian por antigüedad y los ceses por jubilación o manifiesto incumplimiento del deber.

A finales de septiembre de 1852 se creó la Caja General de Depósito para centralizar los depósitos del Estado y disponer de una fuente de financiación. Los particulares podían hacer imposiciones a un interés determinado en la Caja. El sistema fracasó porque las imposiciones se hacían a corto plazo y porque, en 1854, la revolución dejó sin fondos a la Caja.

El 1 de diciembre de 1852 se abrieron las Cortes para un nuevo periodo de sesiones. Llevaban cerradas desde primeros de año y se abrieron para  votar la Reforma de la Constitución que proponía el Gobierno. Las Cortes votaron en contra por lo que Bravo Murillo pidió a la Reina su disolución al día siguiente. Se convocaron elecciones para el 1 de marzo de 1853.

El 3 de diciembre, una vez disueltas las Cortes, Bravo Murillo publicó su proyecto de Reforma Constitucional. Buscaba que el público, en las elecciones convocadas para marzo del año siguiente, refrendara las reformas que las Cortes habían rechazado.

La reforma  política propuesta incluía, además de la Constitución, ocho leyes Orgánicas. Su objetivo era simplificar la Constitución de 1854 para modernizarla haciendo que algunos aspectos salieran de la misma para ser regulados por Leyes Orgánicas. Pretendía imponer una Constitución del modelo francés, más autoritaria y con más poder para la Corona.

A la reforma se opusieron todos los partidos, incluso Narváez, que estaba en Francia, regresó para oponerse.

Las circunstancias políticas se precipitaron. El día 9, Bravo Murillo ordenó a Narváez trasladarse a Viena. Era un destierro político. El día 10 los progresistas y moderados  dijeron que la reforma de Bravo Murillo eran antidemocráticas. El 13  la Reina destituyó a Bravo Murillo y el proyecto de reforma no siguió adelante.

Joaquín de la Santa Cinta. Ingeniero aeronáutico, economista e historiador