El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido denegar la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid de levantar la acampada que, desde el pasado 26 de septiembre, se encuentra en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen, según el auto judicial al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Los magistrados reconocen que existen circunstancias de especial urgencia, pero consideran que no se puede adoptar la medida cautelar solicitada sin escuchar previamente a la Administración General del Estado. Según la Sala, es necesario conocer también la posición de la Delegación del Gobierno y valorar si concurren los requisitos legales para apreciar una eventual inactividad administrativa.

Además, la resolución pone el foco en las consecuencias que podría tener el desalojo, ya que, si las personas acampadas no atendieran los requerimientos verbales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrían llegar a utilizar medidas de compulsión física.

Da dos días a Delegación del Gobierno

Ante esta posibilidad, los magistrados consideran necesario conocer las alegaciones y los motivos de la Delegación del Gobierno para no haber desplegado hasta ahora la actuación reclamada por la Comunidad de Madrid. Por ello, y atendiendo a las circunstancias del caso, la Sala ha reducido el plazo legal de alegaciones, que deberá presentarse antes de las 9:00 horas del miércoles 7 de octubre.

Fue el pasado 2 de octubre cuando la juez que estudiaba las medidas cautelarísimas reclamadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para desalojar la acampada ilegal de la Puerta del Sol decidió elevar el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que es el órgano competente para resolver el recurso.

Y es que la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid tomó esta decisión tras analizar el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la “inacción” del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

En su escrito, el Ejecutivo autonómico también solicitó la adopción de medidas cautelarísimas para ordenar la “inmediata disolución” de la concentración por la vivienda en Sol, una vez transcurridas las 48 horas establecidas en el requerimiento enviado al representante del Gobierno central en la región.

El Ejecutivo autonómico consideró que la concentración permanente instalada en el kilómetro cero de Madrid estaba excediendo los límites constitucionales y legales del derecho fundamental de reunión en el que se ampara el delegado del Gobierno para evitar la intervención policial.