Presidentes del Gobierno de España durante la regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (IV): Ricardo Álava Esquivel y Juan Álvarez Mendizábal
Miguel Ricardo Álava Esquivel, vitoriano nacido en 1772 y muerto a los 71 años en Berèges (Francia) en 1843. Militar, político liberal y diplomático.
Un hombre con una extensa carrera militar y diplomática. Soldado y marino. Combatiente en Trafalgar y en Waterloo como miembro del estado mayor de Wellington. Firmante del Estatuto de Bayona, regresó a España combatiendo con los patriotas.
Represaliado por Fernando VII a su vuelta a España. Nombrado embajador interino en Paris. Capitán General de Aragón en el Trienio Liberal. Siguió a las Cortes y al Gobierno en la retirada antes los Cien Mil Hijos de San Luis, fue uno de los votantes a favor de la regencia y de la sustitución temporal del Rey lo que le valió una sentencia de muerte de la que se salvó refugiándose en Gibraltar.
Exilado en Gran Bretaña durante la Década Ominosa, regresó con la amnistía de 1833. Nombrado Ministro de Marina en el Gobierno del conde de Toreno, no llegó a ocupar el cargo.
Nombrado Presidente del Consejo de Ministros el 14 de septiembre de 1835, su gobierno fue de transición hasta que Mendizábal aceptó formar gobierno, por lo que fue cesado el 25 de septiembre de 1835.
Nombrado embajador en Francia, al proclamarse la Constitución de 1812 después de la sublevación de la Granja fue nuevamente exiliado por negarse a jurarla.
Nombrado embajador en Gran Bretaña después de jurar la Constitución de 1837. Tras la demisión de María Cristina renunció a la embajada y se retiro a Berèges donde murió.
De su actividad como Presidente de Gobierno, dado su corto período en el cargo, obligación que no quería y que presentó su dimisión a raíz del nombramiento, no tenemos recogida ninguna actividad especial, solo es digno de mencionar que con su nombramiento se terminaba la primera etapa de gobiernos Moderados y comenzaba la primera etapa de gobiernos Progresistas en la Regencia.
Juan Álvarez Mendizábal
Juan de Dios Álvarez Mendizábal (en la foto de portada), gaditano nacido en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en 1790 y muerto a la edad de 63 años en Madrid, en 1853. Político liberal exaltado y hombre de negocios. Nacido con los apellidos Álvarez Méndez, cuando se casó cambió su segundo apellido por Mendizábal parece ser que para ocultar el origen judío de la familia de su madre.
Suministrador de vituallas a las tropas acantonadas en Andalucía como socio de la familia liberal valenciana Bertrán de Lis.
Uno de ellos, Félix Bertrán de Lis, fue ajusticiado en 1819 por haber participado en una conjura contra Fernando VII.
Conspirador en la organización de la sublevación de Rafael de Riego. Su papel principal fue el de financiador del complot.
Con la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, Mendizábal, y su socio Bertrán de Lis, financiaron el traslado de la Corte y el Gobierno a Cádiz. Condenado a muerte, se exilio en Londres donde se dedicó a los negocios. Continuó a poyando a los liberales en cuantas intentonas contra Fernando VII se llevaron a cabo desde Inglaterra o Francia.
En la guerra civil portuguesa apoyó a los liberales con créditos en contra de los absolutistas de Miguel I.
Volvió a España en 1835 cuando fue nombrado Ministro de Hacienda en el Gobierno del conde de Toreno.
Nombrado Presidente de Gobierno Interino, por la dimisión del titular el General Álava, desde el 25 de septiembre de 1835. La duración del mandato fue corta, poco más de 7 meses y medio, hasta el 15 de mayo de 1836.
Su Gobierno era progresista y muy personalista. Encarnó en su persona todos los ministerios salvo dos: Gracia y Justicia que nombró inicialmente a Joaquín Díaz Canalejas e Interior que nombró a Martín de los Heros de las Bárcenas. La razón de por qué Mendizábal era ministro de tantos ministerios fue porque no encontraba colaboradores. Fue nombrándolos poco a poco, según los iba encontrando, entre los moderados o los progresistas. Completó el Gobierno en mayo de 1836 poco antes de ser cesado.
Era un gobierno autoritario más próximo a una dictadura que a las libertades ciudadanas. Desde primeros del año 1836 cuando comenzó a gobernar por decreto.
Pretendía un gobierno fuerte, homogéneo, capaz de acabar con la guerra carlista, restablecer la autoridad del gobierno acabando con la revolución de las juntas del verano anterior, garantizar los derechos de la corona y establecer una carta de derechos y deberes de los ciudadanos.
Para calmar a los liberales, las primeras decisiones fueron de tipo simbólico intentando que su gobierno fuera identificado con el gobierno liberal del Trienio. Convirtió la Milicia Urbana en Milicia Nacional donde se encuadraron casi todos los exaltados del país. Legalizó las Juntas que habían surgido durante el verano anterior convirtiéndolas en Diputaciones Provinciales integradas por delegados de las juntas de ciudadanos. Consiguió aplacar a los revolucionarios y conseguir que abandonasen las calles. Rehabilitó la figura de Riego y repuso en sus puestos a los curas liberales.
Como hemos visto en su Manifiesto, quería modificar el Estatuto Real, por lo que convocó a Cortes para el 15 del mes noviembre. El objetivo era revisar el citado Estatuto de forma que se ampliase la base electoral.
Las Cortes estaban formadas por los electos de las últimas elecciones realizadas bajo la Presidencia de Martínez de la Rosa. Eran unas Cortes moderadas con una minoría progresista. En el discurso de apertura de la Reina Gobernadora, escrito por Mendizábal, se anunciaban nuevas elecciones, libertad de imprenta, responsabilidad ministerial con inviolabilidad jurídica del monarca, tabla de derechos y obligaciones de los españoles, arreglo de la cuestión religiosa y reformas económicas para mejorar la Hacienda y acabar con la guerra carlista.
Ya para el 11 de octubre de 1835 se había decretado la liquidación de todos los monasterios de órdenes monacales masculinas. Las pocas excepciones se debían a las órdenes que se dedicaban a la enseñanza de los pobres y a cuidar enfermos en hospitales pero prohibiéndoles admitir nuevos profesos. Sus tierras se vendieron para obtener fondos para el Estado.
Para salvar la corona de Isabel II, que garantizaba la existencia del liberalismo, era necesario disponer de dinero para resolver los problemas endémicos de la Hacienda pública y acabar con la guerra carlista.
El medio que vislumbro para recaudar dinero fue la desamortización de los bienes de los conventos con lo que cumpliría sus objetivos; ingresaría dinero que mejoraría la Hacienda, podría disponer de más caudales para acabar la guerra, reduciría el máximo posible el numero de frailes y monjas con lo que, además, debilitaría el carlismo y favorecería a las clases medias entre las que había un fuerte sentimiento anticlerical como se había revelado, muy claramente, en las algaradas del verano anterior.
Como la deuda española era impagable, España vivía en déficit permanente por la escasa recaudación. Hacía dos años que no se pagaban intereses y nadie nos prestaba dinero para poder acabar con la guerra carlista.
Mendizábal pensó otra manera de recaudar dinero para el Estado y ésta nueva forma de recaudar fue por el Decreto de Leva General. En septiembre declaró que todos los hombres solteros entre 18 y 45 años fueran declarados soldados, la llamada quinta de los cien mil, salvo que comprasen la exención del reclutamiento lo que permitía a las familias más poderosas económicamente pagar una cantidad al Estado para evitar mandar a sus hijos a la guerra. Consiguió 75.000 soldados y 25 millones de pesetas.
Como el dinero recaudado no era suficiente para financiar la guerra, obtuvo plenos poderes de las Cortes por la Ley de Voto de Confianza, de 16 de enero de 1836, para realizar diversas operaciones financieras con diversos banqueros españoles y con los Rothschild.
A finales de enero de 1936, el Gobierno fue derrotado en las Cortes por la oposición de la Cámara del Estamento de Procuradores a la nueva Ley Electoral, por lo que Mendizábal pidió, y obtuvo, la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones.
A partir del 27 de enero, fecha de disolución de las Cortes, decidió gobernar por decreto con la justificación de era la única forma de poder cambiar la política española.
Con el Decreto del 19 de febrero, con las Cortes disueltas, declaró en venta todos los bienes calificados como bienes nacionales procedentes de las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas por el Gobierno de Toreno y por las juntas revolucionarias.
Los objetivos de la desamortización eran disminuir la deuda pública, consolidar una clase burguesa fuerte en el entorno del trono de Isabel II, crear una masa crítica de propietarios que acumularan riqueza, aumentaran el bienestar nacional al poner unas tierras improductivas en mano de quien podía sacarle provecho y crear un excedente de capital que pudiera ser empleado en la industria.
Aunque a corto plazo fue un fracaso, a medio y largo plazo fue un éxito pues puso en producción tierra improductiva y contribuyó a crear la burguesía española.
A principio del siglo XIX se calculaba que el 18 % de la tierra estaba en poder de la Iglesia y, como eran las más productivas, representaban el 20 % de la riqueza agrícola y ganadera. Además poseía un inmenso patrimonio de fincas urbanas que se iba engrosando, más y más, con el paso del tiempo. La Iglesia era un gran prestamista hipotecario que se iba quedando con más fincas por impagos.
A todo ello se unían los privilegios eclesiásticos de no pagar impuestos por tierras concretas sino por un global de pequeña cuantía y de no someterse a la justicia ordinaria lo que le generaba grandes ingresos.
Cuando la nobleza y la Iglesia perdieron sus funciones sociales y políticas, la sociedad empezó a preguntarse por el derecho al disfrute de los bienes de manos muertas: los de la iglesia, la nobleza y los ayuntamientos. La desamortización no fue solo eclesiástica, también la hubo de bienes del Rey y de los ayuntamientos.
Estas últimas fueron mayores en extensión y de mayor transcendencia que la eclesiástica. Socialmente la desamortización de los bienes propios origino un problema político y social considerable, eran tierra propiedad de los ayuntamientos que éstos alquilaban a campesinos pobres como ayuda a salir de situaciones difíciles.
La venta se haría en pública subasta y se podía pagar mediante títulos de deuda pública que, a su vez, podían ser comprados en las bolsas donde su valor nominal estaba muy devaluado, se compraban a un valor real muy por debajo del nominal.
El 8 de marzo se derogaron las vinculaciones con lo cual se extinguieron los mayorazgos. Con estas medidas se pretendía disminuir la deuda a medio plazo y elevar la cotización de la deuda a corto plazo.
Las tierras las compraron los que tenían disponibles para ello, es decir, los conservadores y burgueses por lo que nunca tuvieron interés en revocar las expropiaciones.
La desamortización no estaba pensada para una mejor redistribución de la tierra por lo que el procedimiento seguido evitaba que la tierra pasase a pequeños propietarios. Las subastas de hacían en grandes lotes que estos no podían pagar.
Además de los decretos de amortizaciones, Mendizábal emitió otros decretos en enero de 1836 entre los que se encontraban la creación de la Asociación General de Ganaderos y la disolución del Honrado Concejo de la Mesta tan importante, y con tantos privilegios, durante los siglos anteriores. A ésta asociación se le concedió la jurisdicción sobre cañadas, cordeles y caminos de que había dispuesto la Mesta.
El 26 de febrero comenzaron las elecciones a las nuevas Cortes. Las elecciones las ganó Mendizábal, de un total de 149 escaños en la Cámara del Estamento de Procuradores, había 119 progresistas afectos a Mendizábal y 30 moderados, pero en la Cámara del Estamento de Próceres quedó en minoría, lo que permitía a los moderados bloquear las leyes. El líder de los moderados era Francisco Javier Istúriz, enemigo político y personal de Mendizábal con quien se había retado a un duelo a pistola.
Entretanto continuaba la guerra carlista. A mediados de octubre de 1835 los carlistas volvieron a intentar tomar Bilbao, pero volvieron a fracasar.
Ramón Cabrera, jefe militar carlista del Maestrazgo ordenó fusilar, a primeros de enero de 1836, a varios alcaldes que se negaron a obedecerle o a darle información sobre los cristinos. En respuesta a estos fusilamientos el general cristino, Agustín Nogueras, hizo fusilar a la madre de Cabrera, solo por ser su madre, el 16 de febrero. Esto causó un grave escándalo en España y en Europa pues nadie entendió que se fusilara a una anciana por venganza. A raíz de éste hecho la guerra se convirtió en un aguerra sucia donde ambos bandos fusilaban a todos los prisioneros y Cabrera empezó a fusilar a damas liberales. Se impuso el terror.
La Leva General decretada por Mendizábal se quedó en nada, reclutó a 75.000 nuevos soldados pero se encontró que para ellos no disponía de uniformes, armas, transportes, etc., es decir hacía falta dinero para poder equiparlos y ese dinero no se tenía. Todos los días llegaban al frente norte hombres sin uniforme y sin armas. El dinero obtenido por exención del reclutamiento, en teoría destinado al ejército, se dedicó a solucionar otros problemas urgentes de Hacienda y no a financiar la guerra.
A mediados de abril de 1836, el pretendiente Don Carlos creó el Ministerio Universal, nombró responsable a Juan Bautista Erro, con la misión de organizar el Gobierno Carlista. Estuvo al frente hasta enero del año siguiente cuando dimitió.
Mendizábal quiso captar a los moderados y planteó un pacto ofreciendo carteras ministeriales a los principales jefe como Istúriz y a Alcalá Galiano pero fue rechazado con propuestas más radicales que las que estaban defendiendo desde el Gobierno.
El proceso de desamortización y la gobernación por decreto de Mendizábal le dio mucha fuerza al grupo moderado. La calle apoyaba a los moderados.
A finales de abril y primeros días de mayo, Mendizábal consiguió completar su gobierno con el nombramiento de José Rodil como Ministro de la Guerra y a José María Chacón Pery como Ministro de Marina.
En la primera quincena de mayo, un nuevo Decreto Electoral cambiaba el sufragio imponiendo uno directo y censitario que permitía multiplicar por cuatro el censo anterior. Éste decreto se publicó después del cese de Mendizábal.
El gobierno era incapaz de legislar con las Cortes en contra, por lo que el recién nombrado Ministro de la Guerra puso una moción de confianza. Mendizábal perdió la moción y pidió a la Reina Regenta la disolución del Gobierno. El 14 de mayo Mendizábal fue cesado y con él la primera etapa de gobiernos progresistas dando lugar, con el nombramiento de su enemigo Francisco Javier Istúriz, a la segunda etapa de gobiernos moderado.
Con su cese Mendizábal no dejó la política, pocos meses después volvió al gobierno en la cartera de Hacienda.
Joaquín de la Santa Cinta. Ingeniero aeronáutico, economista e historiador