Las prisas son malas consejeras.
Siempre he dicho que las prisas solo son buenas para los ladrones, los malos toreros y los políticos menores. Y en Pozuelo de Alarcón, los políticos menores son una plaga.

Pero, si las prisas, aparte de ser malas consejeras, se juntan con el capricho y la irresponsabilidad política, el resultado es sencillamente alarmante.
Sobre todo cuando el Gobierno de la alcaldesa Tejero vuelve a dar una muestra vergonzosa de gestión. De su patética y peligrosa, en este caso, gestión.
Y solo por vencer en su pelea personal contra unos vecinos rebeldes (curiosamente, votantes suyos) en el entorno de la Avenida de Europa.

Es el contradiós de una política municipal.

Y es que, la alcaldesa y sus adláteres, en su desenfrenada y tardía carrera por tener listo el Recinto Ferial para las Fiestas Patronales (tras negar una jueza medidas cautelares), no han dudado en saltarse a la torera las advertencias y restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid en materia de prevención de incendios forestales.
Incendios que de la sensación de que estas insensatas políticas no se han enterado aún que han arrasado la sierra norte y oeste de la Región.

Lógicamente, ante ese terrible suceso, en plena ola de calor y bajo una alerta de riesgo extremo de incendios, la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid había dictó una resolución taxativa:

Prohibición total del uso de maquinaria pesada susceptible de generar chispas o deflagraciones en el territorio autonómico.

Pero, pese a esta resolución, el pasado viernes, día 31 de julio de 2026, la empresa adjudicataria del acondicionamiento del polémico Recinto Ferial se puso a trabajar con maquinaria pesada y a correr un grave peligro de generar chispas o deflagraciones en terrenos forestales.
El Parque Forestal Adolfo Suárez y La Casa de Campo, por poner dos ejemplos, están muy cerca.

Aunque eso a esta tropa parece que le importa poco.
En el Gobierno de Pozuelo se consideran tan listas políticamente ya que se creen, presuntamente, por encima de las normas, de la seguridad de los vecinos y del más mínimo sentido común.

Y como estas señoras quieren terminar el Recinto Ferial antes de las fiestas de septiembre, cueste lo que cueste, todo vale. Aunque para ello haya que acelerar unas obras contra la voluntad de los vecinos (Asociados en POZCAVIR) y se salten, presuntamente, la orden autonómica. No quiero pensar que ni lo sabían dentro del caos municipal.

Por eso, la pregunta es:
¿Quién dio la orden de trabajar con maquinaria pesada en el Recinto Ferial el pasado día 31 de julio, saltándose las medidas de Ayuso contra incendios?

Lógicamente, viendo semejante barbaridad, un vecino de la zona alertó al SEPRONA de la vulneración de dicha orden.
La Guardia Civil, viendo el atropello de la legalidad, le indicó al vecino que avisara a la Policía Municipal de Pozuelo, por ser quien podía intervenir con mayor rapidez dado el peligro.

Y los agentes municipales acudieron al recinto. Y comprobaron la situación. Y, finalmente, ordenaron la paralización de los trabajos.
Tras la intervención policial, los trabajadores abandonaron con las máquinas el lugar y quedando solo una excavadora inmovilizada en el interior.

Que las fuerzas de seguridad municipales tengan que intervenir para frenar las temeridades dictadas desde su propio Gobierno roza lo grotesco y retrata a la perfección el caos organizativo e intolerable que impera en el Ayuntamiento de Pozuelo.

Pero esta maniobra no es solo una negligencia administrativa. Es una irresponsabilidad política muy grave que puso en riesgo nuestro entorno y a la propia ciudad por puro oportunismo propagandístico.

Ni las prisas por la foto ni la cercanía de las fiestas justifican vulnerar la normativa de emergencias de la Comunidad de Madrid con la destrucción que ha habido días atrás.
Y que sigue en algunos puntos.
Y menos, repito, cuando esta locura solo es un capricho personal.

Por todo ello, la impunidad no puede ser la respuesta.
Hay que depurar responsabilidades.

La empresa adjudicataria no puede refugiarse en que “cumplía órdenes”, porque las resoluciones administrativas también obligan a quien ejecuta los trabajos.
Pero tampoco puede el Gobierno de estas insensatas forasteras esconderse detrás de la empresa si fue él quien ordenó o permitió continuar unas obras en esas circunstancias peligrosísimas.

Por eso resulta imprescindible que la Comunidad de Madrid abra el correspondiente expediente, tras el informe que, con seguridad, habrá levantado la Policía Municipal, para determinar qué ocurrió exactamente y, en su caso, imponga las sanciones que procedan tanto al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como a la empresa ejecutora.
Son responsables principal y subsidiario.

Amén, claro está, de tomar nota del comportamiento de estas políticas insensatas a las que les tocó en una tómbola gobernar una ciudad como Pozuelo de Alarcón y lo hicieron, por soberbia, en contra de lo que debían hacer.

Porque, amigos, el problema de esta locura solo es una forma más de gobernar.

El Capitán Possuelo