El Gobierno del Gran de Pozuelo de Alarcón aprueba partidas económicas de gran relevancia en las Juntas de Gobierno Local sin que trasciendan los detalles a los vecinos, que son los dueños del dinero, y casi nadie entiende por qué…

Qué cosa más rara…

Por supuesto, no voy a entrar (aunque podría) en cuales deben ser los temas de esas JGLs que la alcaldesa Tejero quiere políticamente destacar pero bueno sería que los contase todos tratados. Con publicidad, claro. Y estoy hablando, por ejemplo, de la Junta de Gobierno Local del día 22 de abril de 2026, cuya Acta conocimos la semana pasada.

Aquel día, el Gabinete de Comunicación de la alcaldesa nos vendió que la JGL había aprobado un nuevo acuerdo marco de 5,5 millones de euros para asfaltar la ciudad hasta el 2029, creo recordar.

Y eso está muy bien. Aunque esto de los acuerdos marcos deben haberlo descubierto ahora, con la legislatura agonizante.  Ya lo podían haber puesto en marcha en 2023. Otro gallo nos hubiera cantando.

También nos vendió que habían propuesto al párroco de Santa María de Caná Jesús Higueras, como Hijo Adoptivo de Pozuelo de Alarcón y al empresario Enrique Cerezo y a la Congregación de Nuestra Señora para las Medallas al Mérito de la Villa.

Y eso también está muy bien pero…
Pero en Pozuelo siempre hay un pero…

Pero también aprobaron diversos gastos que, pese a su indudable relevancia para el día a día del municipio, han pasado prácticamente inadvertidos para la opinión pública.

Y, oiga, siempre que se hable de gasto de dinero de los vecinos bueno sería que se les contase (y no solo publicando el Acta de la Junta ocho días después en lugares recónditos de la web municipal) tanto la cantidad como las razones por las qué se han aprobado…

No sé, Rick, por aquello de respetar a los que ponen el dinero…

No comunicaron, de esa JGL de 22 de abril, que, uno de los puntos más críticos, era el desembolso de casi 800.000 euros destinado al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

En una ciudad que arrastra severos problemas de movilidad, tanto interna como en sus conexiones externas con la capital o ciudades limítrofes, resulta incomprensible que el Gobierno local no ofrezca explicaciones detalladas.

El transporte público en Pozuelo requiere una planificación ambiciosa y un debate abierto sobre las frecuencias, líneas y conexiones. Ocultar estas transferencias bajo el frío lenguaje de los expedientes administrativos priva a los vecinos de comprender el verdadero coste de estos servicios y las razones detrás de la falta de mejoras estructurales.

Pero sobre todo se oculta que el problema se resolvería, como tantas veces hemos dicho, poniendo dinero… En lugar de gastarlo en chuminadas, poner pasta para resolver el problema.

Y estamos hablando de cantidades importantes. El Ayuntamiento y el Consorcio calculan cuánto dinero cuesta mantener los autobuses urbanos porque el precio de los billetes no cubre todos los gastos (A esto se le llama “déficit de explotación”) y sería bueno que los vecinos supiesen que, para el año 2026, se calcula que al Ayuntamiento le correspondería pagar 1.404.199,93 € por el servicio.

Simplemente, por saberlo… Para que los vecinos valoren…

La misma tónica se repite con los 40.000 euros autorizados a favor de la entidad Canal de Isabel II Gestión, S.A. para sufragar servicios de recaudación.

Aunque se trate de un procedimiento habitual en la administración local, el ciudadano tiene el legítimo derecho de conocer el motivo por el cual se derivan estas cuantías y qué beneficios reportan a la gestión municipal.

Pedagogía político-local. Es bueno saberlo…

Por otro lado, aunque la cifra sea menor en comparación con las anteriores, sería conveniente saber que los más de 15.700 euros aprobados para el pago de intereses de demora a la empresa Dornier, S.A. dejan en evidencia una preocupante desidia administrativa.

Que los vecinos tengan que costear intereses acumulados por facturas sin pagar desde el año 2022 (sentencias del 2024 y 2025) no solo resulta vergonzoso, sino que demuestra fallos en la agilidad de los pagos de Tesorería, esa de la que tanto presumen.

Cada euro destinado a pagar los intereses del retraso municipal es un euro menos que se invierte en el mantenimiento de las calles, la seguridad o las actividades culturales de Pozuelo. Y debe contarse a los vecinos porque ellos, insisto, son los dueños del dinero.

Es que gobernar exige explicar.
¿Cuántos intereses de demora ha habido que pagar y por cuanto dinero?

Y es que no basta con la publicación formal de las actas de la Junta de Gobierno en tablones oficiales de la web municipal a donde no se llega fácilmente. Se requiere voluntad política para comunicar de forma clara y accesible en qué se emplea el dinero recaudado.

El Gobierno de Paloma Tejero tiene la obligación moral y legal de rendir cuentas a los vecinos de Pozuelo, quienes merecen saber exactamente hacia dónde va su dinero y por qué decisiones tan relevantes siguen tomándose en el más absoluto silencio institucional.

¿Tanto daño cree que les hace la transparencia?

Creo que solo es una forma de gobernar que en España se ha puesto de moda…

Manolo Pérez