Esta es la noticia:

El juez ha admitido a trámite la demanda contencioso-administrativa presentada por la asociación POZCAVIR contra el proyecto del Recinto Ferial y el Palacio de Congresos-Hotel.

La demanda cumple con los requisitos formales y legales necesarios para iniciar un procedimiento judicial. Vamos, que no se reclamaba una tontería.

Y es una noticia muy importante porque marca un punto de inflexión en uno de los debates urbanísticos, sociales y políticos más relevantes de los últimos años en Pozuelo.

Y no se trata únicamente de un paso procesal, no. También se ha decidido abrir una pieza separada para estudiar posibles medidas cautelares para parar la obra. Y, lógicamente, concede al Ayuntamiento un plazo de diez días para presentar alegaciones…

Este hecho es tan importante porque sitúa el conflicto en un nuevo escenario, donde lo político y lo jurídico se entrelazan de forma inevitable.

El proyecto impulsado por el Gobierno municipal plantea la construcción de un complejo de grandes dimensiones en el entorno del Arroyo de las Platas (Nada menos que un recinto ferial, un palacio de congresos con hotel anejo y un aparcamiento de gran capacidad a lo que hay que añadir unos coste temerarios) y eso va contra el concepto mismo de ciudad.

El Gobierno de Tejero argumenta que permitiría modernizar las infraestructuras de la ciudad y trasladar fuera del casco urbano eventos multitudinarios que históricamente han generado molestias. Sin embargo, la oposición vecinal ha ido creciendo hasta consolidarse en un movimiento vecinal con amplio respaldo social.

Más de 7.000 vecinos han apoyado ya la iniciativa de POZCAVIR.
Lejos de tratarse de una protesta puntual, esta movilización refleja una preocupación profunda por el modelo de ciudad.

Quienes se oponen al proyecto no lo hacen únicamente por razones estéticas o coyunturales, sino por el temor a una transformación irreversible del entorno. Hablan de ruido, de aumento del tráfico, de problemas de movilidad y, sobre todo, de una presión urbanística que podría alterar de forma definitiva una de las zonas naturales más valoradas del municipio.

La solicitud de medidas cautelares busca precisamente eso, frenar cualquier actuación hasta que exista un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto. Y es aquí donde el movimiento vecinal ha logrado su primer objetivo significativo: La justicia considera que existen elementos suficientes como para analizar el caso con detenimiento.

El Gobierno de la alcaldesa Tejero ya se lo temía. Y como tal, reaccionó.  La decisión de retrasar las obras previstas junto a la carretera de Aravaca, en principio, destinadas a acoger parte de estas instalaciones, evidenciaba un cambio de tono claro tras año y medio de posturas absurdas y ensoberbecidas propia de gente que desconoce la idiosincrasia de Pozuelo de Alarcón.

Aunque oficialmente se presentó como una medida de prudencia a la espera de la resolución judicial, lo cierto es que tiene una lectura política evidente. El Gobierno municipal, no sé si motu proprio o por obediencia, parece consciente del riesgo que supondría avanzar en un proyecto que podría quedar paralizado judicialmente en plena campaña electoral.

Y con la política no se juega en tiempo de elecciones.

Este gesto, además, se produce en un momento delicado para el Partido Popular, tras otras decisiones controvertidas del Gobierno que han generado desgaste. En este sentido, este conflicto no es un episodio aislado, sino parte de un clima político más amplio que tiene enfadado al 80% de los vecinos.

A partir de ahora, el desarrollo del proceso judicial será clave. Si se acuerdan medidas cautelares, el proyecto podría quedar en suspenso durante meses o incluso años. O, tal vez, nunca. Si no es así, el Ayuntamiento tendría vía libre para continuar, aunque bajo la sombra de una sentencia futura que podría alterar el rumbo de los acontecimientos electorales.

Insisto, con  7.000 vecinos cabreados que pueden significar 4 ó 5 concejales para el PP porque, además, la zona de la Avenida de Europa es un nicho electoral claramente pepero.

En cualquier caso, lo que ya ha quedado claro es que el debate trasciende lo técnico. Está en juego una determinada idea de ciudad y eso es muy importante. Una idea que prioriza el crecimiento absurdo y caro frente a otra que pone el acento en la conservación del entorno y la calidad de vida.

La resolución judicial será importante, pero me da que esta admisión a trámite da por cerrado el debate…
“C’est fini”.

El PP no puede arriesgar tanto en el Gran Pozuelo de Alarcón.

Juan Manuel Sánchez