Estimado director:

Cansado de ver cómo la Policía Municipal de Pozuelo presume de vigilar y promover detenciones de personas a través de las cámaras de tráfico, he decidido escribirle un artículo cuestionando ese proceder, presuntamente ilegal, ya que esas cámaras no se han instalado con ese fin…

Las cámaras de tráfico de Pozuelo permiten detener en Majadahonda a 3 individuos que huían tras robar dinero y móviles por el método de la ‘siembra’.

Dos agentes han resultado heridos leves por las embestidas de los detenidos durante la persecución. pic.twitter.com/8kf3xVS2RE

— Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón (@PMdePozuelo) March 27, 2026

Gracias a los drones, a las cámaras de vigilancia y a la rápida actuación policial, interceptado un vehículo con dos personas tras sustraer numerosas prendas en un establecimiento de nuestra ciudad. pic.twitter.com/0liYTLsCwE

— Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón (@PMdePozuelo) March 14, 2026

Y es que, en Pozuelo de Alarcón, como en tantos otros municipios, las cámaras de tráfico forman ya parte del paisaje urbano. Regulan semáforos, controlan accesos, ayudan a sancionar infracciones. Su presencia se ha normalizado. Lo que no está tan claro es hasta dónde llega su uso.

¿Se están utilizando exclusivamente para el tráfico o también, de facto, para vigilar a los ciudadanos?

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley Orgánica 4/1997 sobre utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establecen límites claros: Finalidad concreta, proporcionalidad, control.
Las cámaras de tráfico tienen un objetivo específico. No son, en principio, herramientas de vigilancia general ni de seguridad ciudadana.

Es cierto que la realidad es más compleja.
En determinadas circunstancias, esas mismas imágenes pueden acabar en manos de la policía para investigar un delito.
Y aquí es donde surge la inquietud:
¿Quién decide ese cambio de finalidad?
¿Quién autoriza el acceso a las grabaciones?
¿Existe siempre control judicial o basta con el criterio operativo de los agentes?

La respuesta, incómoda pero honesta, es que el sistema se mueve en una zona gris.

En espacios públicos, el acceso a imágenes no siempre requiere autorización judicial previa si se enmarca en una investigación legítima. Esto no significa barra libre, pero sí introduce un margen de actuación que depende, en gran medida, del procedimiento interno y del criterio policial. Y eso, en un Estado de derecho, debería hacernos reflexionar.

No se trata de cuestionar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su trabajo es esencial y, en muchos casos, estas herramientas han sido clave para resolver delitos. Pero precisamente por eso, cuanto mayor es el poder tecnológico, mayor debe ser el nivel de control y transparencia.

Porque el riesgo no es un uso abusivo evidente (que sería fácilmente denunciable) sino algo más sutil: la progresiva ampliación de funciones sin debate público, sin una delimitación clara y sin que el ciudadano sepa exactamente quién puede ver esas imágenes, cuándo y con qué garantías.

En un municipio como Pozuelo, donde la calidad de vida y la confianza institucional son señas de identidad, este debate no debería esquivarse. Al contrario, debería liderarse.
¿Existen protocolos claros y accesibles para el uso de estas grabaciones?
¿Se audita quién accede a ellas?
¿Se informa a los ciudadanos más allá de un cartel genérico?

La tecnología avanza rápido. El derecho, no siempre tanto. Y entre ambos, queda el ciudadano, cuya privacidad puede diluirse sin apenas darse cuenta.

Lo que es cierto es que la seguridad no puede construirse a costa de la ambigüedad legal. Ni la eficacia justificar la falta de control.

Pozuelo merece respuestas claras. No puede convertirse en un Gran Hermano

Porque, al final, la cuestión no es técnica ni jurídica. Es profundamente democrática.

Veremos en qué quedan estas presumidas acciones como esos delincuentes tenga abogados espabiladados…

Juan Pozuelo