La alcaldesa de Pozuelo Paloma Tejero y su gineceo sigue sin entender que la transparencia en la gestión pública no es una opción, sino una obligación básica en cualquier democracia municipal. No lo entienden. O, peor aún, si lo entienden pero pasan de ella en una muestra más de desprecio a los que pagan la falla.

Y es que resulta especialmente preocupante lo que está ocurriendo en el Gran Pozuelo de Alarcón con la liquidación del Presupuesto 2025, un documento clave para conocer cómo se han gestionado los recursos municipales que, en última instancia, pertenecen, insisto, a todos los vecinos.

Hoy, en el Pleno Municipal de marzo, el Gobierno que preside Paloma Tejero dará cuenta, en su punto número 3, del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el pasado 25 de febrero de 2026, en el que se aprobó dicha liquidación. Dación de cuenta se llama. Puro trámite. Cero transparencia.

Y los vecinos, ya ven, contando nubes y patos en el Parque Martín Crespo.

Y no es cosa extraordinaria.
Esta liquidación presupuestaria de 2025 no fue publicada en el acta de esa Junta de Gobierno Local, como ya denunciamos. Es decir, se aprobó un documento fundamental para la rendición de cuentas sin que su contenido fuera puesto a disposición pública en el acta.

Y, lejos de corregir esta opacidad, ahora todo apunta a que, en el propio Pleno, tampoco se facilitará el acceso real a los detalles de esa liquidación. En consecuencia, los vecinos seguirán sin saber con precisión cómo se han gestionado más de 175 millones de euros de su dinero.

Y, como hemos dicho muchas veces, no estamos ante una cuestión menor o meramente técnica. La liquidación de un presupuesto permite evaluar el grado de ejecución de las partidas, detectar desviaciones, analizar prioridades políticas y comprobar si el dinero público se ha utilizado de manera eficiente y conforme a lo previsto. En el Pleno solo están sus representantes.

Es, en definitiva, una herramienta esencial para el control democrático.

La actitud del Gobierno de Pozuelo transmite una preocupante sensación de gestión cerrada, de decisiones tomadas de espaldas a la ciudadanía. Una forma de actuar que recuerda más a prácticas opacas que a los estándares de buen gobierno que se presuponen en una administración moderna y de la que presume en su página web. Porque no se trata solo de cumplir formalmente con dar cuenta en un Pleno, sino de garantizar que la información sea accesible, comprensible y esté disponible para los contribuyentes.

Resulta difícil no interpretar esta situación como un desprecio hacia los vecinos de Pozuelo, que son, vuelvo a insistir, quienes sostienen con sus impuestos el funcionamiento del Ayuntamiento.

La falta de publicación en el acta de aquella JGL y la ausencia de información clara en este Pleno refuerzan la percepción de que se ha optado por una gestión en la que prima el control interno frente a la transparencia pública. Algo que erosiona la confianza en las instituciones.

Además, esta opacidad llega en un contexto político-sanchista en el que la exigencia de transparencia es cada vez mayor. Las administraciones públicas están obligadas no solo a gestionar bien, sino a demostrarlo. Y eso implica abrir los datos, facilitar su consulta y permitir que cualquier vecino pueda conocer con detalle qué se hace con cada euro.

La rendición de cuentas no puede reducirse a un mero trámite administrativo. Debe ser un ejercicio real de responsabilidad política. Por ello, el Gobierno municipal aún está a tiempo de rectificar: publicar íntegramente la liquidación del Presupuesto 2025, explicar sus principales magnitudes y asumir que la transparencia no debilita, sino que fortalece la gestión pública.

Porque en una ciudad como Pozuelo de Alarcón, donde el nivel de exigencia impositiva a la ciudadanía es alto, gobernar también implica respetar el derecho de esos vecinos a estar informados de qué se hace con su dinero.

¿O qué carajos pasa aquí?

Juan Manuel Sánchez