La Comunidad de Madrid ha publicado de forma íntegra el expediente del ático adquirido por el gobierno regional por 6,3 millones de euros. La información completa, publicada a través de la web de la empresa pública Planifica Madrid, justifica el alquiler del piso mediante una memoria de necesidades fechada el pasado 2 de julio de 2026, casi un mes antes de que explotase la polémica.

Según el documento, la Consejería de Presidencia fundamenta la adquisición del inmueble para contar con un espacio institucional dotado de área de trabajo, zona de descanso y alojamiento ocasional para autoridades o visitas oficiales en la región. Algo que sí es compatible con el inmueble, que, efectivamente, no permite convertirlo en oficina, aunque sí en despacho, tal y como defiende el expediente.

El texto apela además a la experiencia de la pandemia del COVID-19 para justificar la conveniencia de disponer de espacios accesorios en contextos de gestión de crisis prolongadas, ya que entonces, Isabel Díaz Ayuso, optó por alojarse en un apartahotel para continuar trabajando sin exponer a sus seres cercanos.

Asimismo, tal y como desvela la Comunidad de Madrid, el informe de la Dirección General de Patrimonio y los dictámenes favorables de la Abogacía General avalan la legalidad de la operación, ratificando que se trata de un arrendamiento para “uso distinto del de vivienda” y plenamente compatible con la normativa urbanística. La operación fue autorizada finalmente por la Consejería de Economía el 27 de julio de 2026 mediante la correspondiente orden de gasto plurianual, a lo que se suma la autorización para alquilar el inmueble a la Comunidad de Madrid.

Estudiamos presentar una querella contra las portavoces de Más Madrid y el PSOE por injurias y calumnias.

Además, pediremos a RTVE que rectifiquen todas las mentiras que dijeron durante el verano. pic.twitter.com/qIDirJ4fP1

— Miguel Ángel García Martín (@MA_GarciaMartin) September 17, 2026

Tras la difusión del expediente, el Gobierno regional ha solicitado a sus servicios jurídicos que estudien la presentación de una querella por un delito continuado de injurias y calumnias contra las portavoces parlamentarias de Más Madrid y el PSOE, Manuela Bergerot y Mar Espinar. En Sol consideran que las acusaciones vertidas sobre el caso contra la presidenta de la Comunidad y el propio consejero de Presidencia rebasan el margen del debate político, de modo que utilizarán la vía judicial.

La ofensiva institucional se extiende a RTVE. La Comunidad de Madrid solicitará formalmente a la corporación pública la rectificación de todo lo emitido en su programación durante el último mes y medio. El Ejecutivo autonómico cifra en 25 horas de emisión -el 80% de sus programas- la cobertura que considera difamatoria sobre la adquisición del inmueble.

Por otra parte, Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, a cuya cartera está asignada la empresa pública Planifica Madrid, ha asegurado que “La presidenta no ha tenido, tiene, ni tendrá residencia oficial”

El propio portavoz ha cargado contra la oposición, pidiendo dimisiones a Más Madrid y PSOE por mentir de manera continuada durante todo el verano.

Así lo ha trasladado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha comparecido a petición propia para dar cuenta de esta compra y de la actividad de Planifica Madrid, empresa pública que adquirió este inmueble en el paseo General Martínez Campos y donde ha reivindicado que la Comunidad es “transparente y da la cara”.

García Martín ha explicado que la Comunidad “nunca compró un inmueble para residencia de la presidenta que, como siempre, vive en su propia casa”. En concreto, ha señalado que la empresa pública Planifica Madrid, en el marco de sus competencias y su actividad de gestión patrimonial, y a petición de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, adquirió un inmueble en General Martínez Campos “tras un proceso de búsqueda e identificación de posibles alternativas y con el objetivo de ponerlo a disposición de la Comunidad de Madrid”.

García Martín ha defendido que este inmueble se adquirió principalmente como “complemento a la actividad institucional” que desarrollan las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid y, “de forma más inmediata, como apoyo a las dependencias institucionales de la Comunidad de Madrid en el marco de las obras en la Real Casa de Correos desde 2025”.

Después, García Martín ha pasado al ataque. “Este inmueble nunca adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta, como sí tienen, por cierto, la mitad de los ministros y muchos presidentes autonómicos”, ha explicado. Para explicarlo, ha hecho mención a la Memoria de necesidades de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local para el arrendamiento del inmueble de julio de 2026.

Según ha citado el consejero, se detecta la necesidad de “contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional”, a ello añade la de disponer de espacios en contextos de gestión de crisis que puedan prolongarse en el tiempo “y que pueden requerir inmuebles de estas características”. “¿Dónde está su fantasma? ¿Dónde está la residencia que se le iba a poner a la presidenta?”, ha preguntado a la oposición.