El Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García ha adjudicado dos contratos por un importe total superior a los 100.000 euros a la empresa Atocha Ginecológica, con sede en Málaga, para la realización de abortos a mujeres residentes en Melilla. Las pacientes son derivadas a la sanidad privada desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo dependiente del propio Ministerio.

En concreto, se han formalizado dos contratos. El primero, por valor de 86.156,16 euros, contempla la atención de interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El segundo, dotado con 18.806,54 euros, cubre los abortos practicados a partir de esa semana 14.

Esta situación contrasta con el escenario de Ceuta, donde el Ministerio celebró públicamente que ya se realizan abortos en centros sanitarios públicos. En Melilla, sin embargo, Sanidad ha optado por subcontratar a una clínica privada, obligando a las mujeres a desplazarse en avión hasta Málaga para poder ejercer su derecho a abortar.

La adjudicación de estos contratos pone de manifiesto la incapacidad del Ministerio para garantizar la práctica de abortos en hospitales públicos de Melilla. El acuerdo tendrá una vigencia de 24 meses, hasta febrero de 2028, consolidando así un modelo basado en derivaciones externas que podría ir más allá de la etapa de Mónica García en Sanidad, puesto que hay elecciones en 2027.

Todo ello ocurre mientras el Ministerio de Sanidad presiona a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para que elaboren un registro de objetores al aborto por no garantizar que se pueda abortar en la Sanidad Pública. Al mismo tiempo, el propio departamento dirigido por Mónica García no ha logrado resolver la situación en Melilla, donde el 100% de los abortos se realizan en clínicas privadas y fuera del territorio, a cientos de kilómetros del domicilio de las pacientes.

Este problema no es nuevo, ya que la totalidad de los médicos en Ceuta y Melilla se han declarado objetores de conciencia durante muchos años. Aunque en Ceuta ya se han producido los primeros abortos en la sanidad pública, Melilla continúa sin cambios y no existen indicios de que la situación vaya a modificarse a corto plazo.

De este modo, la sanidad pública de Melilla -una de las dos únicas, junto a la de Ceuta, que dependen directamente del Ministerio de Sanidad- seguirá recurriendo a derivaciones externas para la práctica de abortos durante, al menos, los próximos dos años.

Las mujeres de Melilla, obligadas a abortar en la península

La situación de las mujeres en Ceuta y Melilla presenta una singularidad dentro del sistema sanitario español. Ambas ciudades autónomas son las únicas cuya sanidad depende de forma directa del Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Sin embargo, esta dependencia directa no se ha traducido en una garantía efectiva del acceso al aborto en condiciones de igualdad con el resto del país.

Durante años, la totalidad de los profesionales sanitarios de Ceuta y Melilla se han declarado objetores de conciencia, lo que ha impedido la realización de abortos en la sanidad pública. De hecho, estos abortos se producen en clínicas privadas de la península, puesto que tampoco hay centros habilitados para hacer abortos en ambas ciudades autónomas.

Esta realidad implica un impacto añadido para las mujeres afectadas, que deben desplazarse cientos de kilómetros, normalmente en avión, para poder interrumpir su embarazo. Más allá del aspecto sanitario, la situación plantea un problema de equidad territorial y de acceso real a un derecho reconocido por la ley, condicionado en la práctica por el lugar de residencia.