Primero fue Tres Cantos, luego Madarcos y ahora ha tocado el turno a Collado Villalba. Este municipio madrileño, ubicado en la vertiente sur de la sierra de Guadarrama, con una población de poco más de 67.000 habitantes, ha sido el último en dar la voz de alarma por el inusual incremento de su Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la ley de nietos, que ahora el Tribunal Supremo ha paralizado.

Esta localidad, gobernada por la popular Mariola Vargas, ha percibido un incremento del 19 % en este censo respecto a 2019, con 227 personas más inscritas, hasta alcanzar los 1.439, esto es, casi el 3 % del censo total del municipio.

Así las cosas, el Gobierno municipal ha exigido a los organismos estatales competentes clarificar los protocolos de comprobación de los nuevos empadronamientos derivados de la adquisición de la nacionalidad.

«Queremos transparencia, explicaciones y no vale cualquier cosa para ganar las elecciones, incluidos censados que no sabemos ni quiénes son ni qué vínculo tienen con nuestro municipio y que tienen la potestad de elegir el futuro de nuestro país y de nuestra ciudad», ha señalado Vargas.

Así, exige garantías técnicas y jurídicas para «asegurar la fiabilidad del censo y salvaguardar los derechos tanto de los votantes residentes en España como de aquellos empadronados en el extranjero».

Otros casos en Madrid

Tres Cantos es otro de los municipios de la región capitalina más afectados por la ley de nietos, con un incremento del CERA de 215 personas, cuando es una localidad que se creó en 1991 y, teóricamente, esa normativa está destinada a dar la nacionalidad a los descendientes de exiliados entre 1936 y 1955. Por tanto, es imposible que los antepasados de los nuevos inscritos salieran de Tres Cantos, ni por motivos políticos ni por cualquier otra causa.

Su alcalde, el popular Jesús Moreno, considera que ese incremento del censo exterior es «insostenible desde el punto de vista técnico y legal» y ha tachado la situación de «anomalía democrática». Así, ha pedido formalmente a la Junta Electoral Central (JEC) y al Instituto Nacional de Estadística (INE) la auditoría y revisión de oficio de la totalidad de los expedientes del CERA asignados a la localidad desde 2022.

Por su parte, en Madarcos, el municipio más pequeño de la Comunidad de Madrid con apenas 70 vecinos, ya figuran más votantes inscritos en el CERA que el número de habitantes que residen en el municipio.

Un extremo que también preocupa a su alcaldesa, Eva Gallegos (PP), que ha calificado la situación como «desconcertante» y ha advertido del impacto directo que puede suponer en los próximos comicios. «El sentir del pueblo se puede estar desvirtuando totalmente con ese censo», afirmó en declaraciones a Cope hace escasos días.

Lo que genera más estupor en el Consistorio es la falta de verificación oficial sobre los antecedentes de los nuevos inscritos. «No ha venido nadie a preguntar si en nuestro archivo histórico había gente relacionada», esgrime la alcaldesa.

Alegaciones del Gobierno autonómico

En este sentido, cabe recordar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC) para evitar que el Gobierno central manipule los censos electorales.

En concreto, la Comunidad ha pedido oficialmente a la JEC que traslade a las oficinas consulares que solo puedan inscribirse en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) para las elecciones a la Asamblea de Madrid aquellas personas que acrediten documentalmente que su ascendiente tuvo su última residencia en un municipio de la región, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía.

Asimismo, también ha solicitado que el registro en un municipio de Madrid se haga solo cuando la persona lo pueda acreditar, y nunca de forma automática o por defecto cuando no puede demostrar un municipio de procedencia en España.