El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha interpuesto el recurso contra la medida cautelar que le impuso la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de iniciar «de inmediato» los trámites para la puesta en marcha de un registro de médicos objetores al aborto en la región.

Así lo ha avanzado este martes el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, en declaraciones a los medios de comunicación a su salida de una reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género. El también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha reiterado la posición que llevan meses esgrimiendo desde la Puerta del Sol y es que Madrid garantiza el derecho de los médicos a la libertad de conciencia y, al mismo tiempo, presta el servicio a las mujeres que desean abortar dentro de los supuestos contemplados en la ley.

Mientras tanto, la ministra de Sanidad Mónica García, a la desesperada tras los malos resultados de la ultra izquierda en las elecciones de CyL, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que no crear el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) podría derivar en su inhabilitación para ejercer un cargo público, según lo establecido en el Código Penal.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, García ha recordado que el artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen a cumplir resoluciones judiciales u órdenes de la autoridad competente pueden enfrentar multas e inhabilitación para el cargo público.

La ministra ha subrayado que todas las comunidades autónomas han avanzado en la creación de este registro, excepto la Comunidad de Madrid, donde, según sus palabras, “el 99 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas”.

García ha explicado que el Ministerio de Sanidad ha activado los mecanismos legales previstos para garantizar el cumplimiento de la ley, citando la reciente resolución judicial que obliga a Madrid a iniciar los trámites para crear el registro.

En este contexto, ha criticado que Ayuso haya manifestado su intención de no implementar la medida. “El empeño personal de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres”, ha sentenciado García.

Además, la ministra ha insistido en que las leyes y las resoluciones judiciales no se aplican según preferencias personales, sino que se deben acatar en todos los casos.

También ha anunciado que en los próximos días el Ministerio enviará una carta a todas las comunidades autónomas solicitando la información detallada sobre la organización de este servicio, incluyendo centros con ginecología y obstetricia que realizan IVE, distribución de profesionales objetores y medidas de gestión para garantizar la prestación efectiva del servicio.