La ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso no cesa. Tras meses de presión por el aborto, la ministra de Sanidad Mónica García sigue fijando el foco en el Hospital de Torrejón de Ardoz y en la colaboración público-privada.

Después de acusar a Pablo Gallart, directivo de Ribera Salud, de prácticas ilícitas y de denunciar la falta de control y la «posible omisión» de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que derogará la Ley 15/97, que permite este modelo de gestión sanitaria.

La medida no afectará solo a Madrid. Un reciente informe señala que varias comunidades gobernadas por el PSOE aplican sistemas de gestión similares.

En su Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), un análisis integral de la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas, el departamento de García sostiene que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser «un recurso excepcional» para convertirse en «una práctica estructural», lo que implica desviar «una parte creciente del presupuesto público a empresas» cuya lógica responde «al beneficio, no al interés general».

En los últimos años, el número de hospitales privados integrados en el SNS ha pasado de 106 en 2011 a 145 en 2023, lo que representa un crecimiento del 36,8 %, según el documento. Es decir, el 30,7 % del total posee una dependencia funcional privada. En ese mismo periodo de tiempo, el gasto en hospitales público-privados se incrementó en un 84,6 %, lo que equivale a 4.800 millones de euros, publicó El País.​

En un intento de rechazar y criticar la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid, la médico ha puesto en evidencia a territorios afines al Gobierno. El informe refleja que cada vez más camas (13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023) y quirófanos (8 % al 10,7 %) del SNS están en hospitales privados, pero que trabajan para la sanidad pública mediante conciertos o acuerdos. Este fenómeno se concentra especialmente en Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, territorios donde gobierna el PSOE.

Rechazo a los centros privados

El Ministerio de Sanidad, concretamente Mónica García, continúa defendiendo la gestión de los centros públicos y el trabajo de los facultativos –aunque no escucha sus peticiones con el Estatuto Marco–. Así lo demuestra en el informe, donde a pesar de apuntar que en 2023 el 34,6 % de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros privados fueron financiadas con fondos públicos, sostiene que la colaboración no ha demostrado mejoras de eficacia.

Esta afirmación ha sido desmentida en varias ocasiones por diversos estudios, los cuales revelan que la sanidad privada sí ha resultado ser eficiente en la asistencia sanitaria. De esta manera lo publicó el último Estudio RESA 2024, presentado por la Fundación IDIS, el cual evidencia que el sector sanitario privado sigue mejorando en sus datos, a pesar del incremento de la actividad y que, gracias al esfuerzo y resistencia de los profesionales y sus centros, obtiene resultados sanitarios cercanos a los datos prepandemia.