A pesar de la evidencia científica, España fue el país que más tarde retiró las mascarillas. Aun así, solo el Ministerio de Sanidad cuenta con más de 156 millones de mascarillas caducadas en sus almacenes, para las cuales busca una salida. En total, 156.040.900 unidades de mascarillas caducadas que provienen de diferentes compras efectuadas durante la pandemia, cuando imperaba la ley de la selva, con adquisiciones masivas de tapabocas, falta de controles y dinero desviado a este fin, como viene contando THE OBJECTIVE en exclusiva.

En una respuesta del Ministerio de Sanidad a través del Portal de Transparencia, tras una pregunta de este medio, se indica que los almacenes de Sanidad amontonan 156 millones de mascarillas caducadas, «siendo el 91% de ellas quirúrgicas y el resto mascarillas FFP2», se lee en la misiva firmada por César Hernández García, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia del Ministerio de Sanidad, que señala que «se ha solicitado la extensión de caducidad del material».

«El material está almacenado y, antes de la decisión sobre su destrucción, se ha solicitado la extensión de caducidad del material», insisten en el documento. Y es que mientras que las mascarillas quirúrgicas suelen caducarse un año después de su fabricación, las FFP2 o similares pueden aguantar hasta tres años.

En la misiva también aclaran que «cada organismo dispone de la información de sus respectivos contratos en relación a los precios de las mascarillas y son los responsables de determinar en qué momento se procederá a la destrucción del material caducado del stock que puedan tener disponible». «No podemos informarle qué cantidad de material ha caducado en las dependencias del SNS en su conjunto […]. Desde esta Unidad únicamente podemos suministrar información relativa a los contratos que han sido gestionados y adjudicados por esta Dirección General», señalan.

85 millones de euros

Los precios de adquisición de dichas mascarillas, según se desprende del documento, debido a que provienen de distintas compras efectuadas durante la pandemia, varían. En el caso de las mascarillas quirúrgicas el valor unitario de compra fue de media 0,43 euros y en el caso de las mascarillas FFP2 el valor unitario de compra fue de 1,85 dólares estadounidenses (1,70 euros al cambio).

De esta forma, teniendo en cuenta que el 91% de estas mascarillas caducadas son quirúrgicas (141.997.219) y el resto, 9%, FFP2 (14.043.681), el Ministerio de Sanidad habría gastado en la compra de ellas casi 85 millones de euros (84.933.061).

Si finalmente estas fueran destruidas, el director General de Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia del Ministerio de Sanidad señala que no supondría un coste adicional, ya que «el coste de destrucción del material está incluido en el contrato dealmacenamiento».

Sin embargo, lo que la respuesta de Sanidad a través de Transparencia no detalla es quién vendió esas mascarillas, cuándo fueron adquiridas y por qué se siguieron comprando y almacenando cuando había millones amontonadas. Hay que recordar que durante la pandemia fueron miles los contratos de emergencia que se realizaron con máxima arbitrariedad y opacidad.

Muestra de ello es el caso Koldo, el mayor escándalo de corrupción de la trama de las mascarillas que motivó la detención de 20 personas la semana pasada en una operación de la UCO. El exministro de Sanidad Salvador Illa, que a finales de marzo de 2020 cerró una primera compra de 550 millones de mascarillas con China, decidió adjudicar solo nueve meses después a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas –la empresa clave en las mordidas por la adjudicación en los contratos de tapabocas–, un megacontrato para el suministro de mascarillas valorado en 2.579 millones, como ya contó este medio.

Sus mascarillas, según ha constatado los periodistas de THE OBJECTIVE Alberto Sierra y Enrique Morales, eran seis veces más caras que las de otros aspirantes. No obstante, de ese macrocontrato, a día de hoy, es imposible saber exactamente cuánto dinero se repartió y en qué manos acabó. Empresas del sector estiman que apenas se ejecutaron un 6% de los 2.500 millones aprobados debido en parte a que muchas comunidades autónomas siguieron recibiendo sin cesar, durante todo el periodo en que estuvo vigente el Acuerdo Marco, mascarillas que el Ingesa habría adquirido al inicio de la pandemia mediante contratos de emergencia –sin publicidad ni licitación previa– para dotar al Fondo Estratégico de Emergencia.

(Gentileza de The Objective-Lidia Ramírez)