La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, avanza que estudia emprender acciones contra el Gobierno de España por rechazar la repatriación de 86 menores inmigrantes no acompañados que habían solicitado debido a su “conflictividad”.

Así se lo traslada al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en una misiva enviada este martes, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, unas semanas después de conocerse que el Ejecutivo central no repatriará a estos menores ante “la falta de garantías en su posible retorno”.

La información fue publicada en exclusiva por El País hace unos días y en ella se recogía la versión de la Delegación del Gobierno, encargada de tramitar estas solicitudes. “La Delegación ha trasladado a la Comunidad de Madrid la decisión de no incoación de los expedientes solicitados en cumplimiento de lo previsto por la norma y en aras siempre del interés superior del menor”, defendía un portavoz al diario de Prisa. “Se rechaza ante la falta de garantías en su posible retorno, por lo tanto, prima el interés superior del menor”, subrayaba.

“Su conflictividad en España, sus alteraciones de conducta, la deriva delictiva en la que se encuentran o el consumo de drogas les abocan, de continuar en nuestro país, a una vida de marginalidad y graves riesgos para su presente y su futuro”, alerta Dávila en su misiva, toda vez que los técnicos de protección de menores “consideran que todos estos casos aconsejan la actuación inmediata de la Delegación para procurar su retorno con garantías”. Su “conflictividad” también “compromete la seguridad de sus compañeros, de los profesionales que les atienden y del conjunto de los ciudadanos”.

En este sentido, considera esta negativa a repatriarlos supone abandonar a estos menores “a su suerte” y evidencia “una preocupante incapacidad para cumplir con las obligaciones que le impone la ley”. Así, la consejera subraya que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “no permanecerá inmóvil” ante esta situación. “Si persiste en esta negativa, será responsable, junto con los ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las consecuencias que se deriven de esta situación. Adoptaremos todas medidas necesarias dentro de nuestras competencias y actuaremos en consecuencia para exigir las responsabilidades que correspondan”

Para la consejera madrileña, resulta “especialmente llamativo” que el Gobierno “invoque el interés superior del menor para justificar su inacción”. Cree, además, que un gobierno que “realmente se preocupa por los menores, no los llevaría utilizando más de dos años como moneda de cambio político o simples paquetes”.

“Su gobierno demuestra, una vez más, que no actúa guiado por el interés superior del su menor, sino por el interés superior de Sánchez y por cálculos políticos que nada tienen que ver con la protección efectiva de ningún menor. La realidad es que decisión abandona a estos menores a su suerte y evidencia una preocupante incapacidad para cumplir con las obligaciones que le impone la ley”, añade.

Asimismo, Dávila recuerda que el pasado mes de diciembre, el delegado afirmó en otra carta que “había solicitado los informes preceptivos a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras”, por lo que ha censurado que hasta ahora “no haya logrado recabarlos, reconociendo implícitamente su incompetencia y su dejación de funciones”.

“En aquel momento no se cuestionaba el interés superior del menor. Hoy en cambio, de confirmarse la información conocida por los medios de comunicación, se utiliza como justificación para no tramitar unos expedientes cuya paralización responde, precisamente, a la inacción de su propia Administración”, insiste.

“Resulta profundamente preocupante que, pese a conocer la situación de estos menores, la Delegación del Gobierno no haya actuado con la diligencia que le exige la ley. Más aún cuando la selección de estos casos ha sido realizada por Comisión de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, atendiendo a circunstancias especialmente graves que aconsejan su retorno con su familia o con los servicios de protección de sus países de origen”, recalca.