La explosión que devastó un bar en la calle Manuel Maroto, 3, en Vallecas, dejando dos muertos y 25 heridos, sigue bajo escrutinio.

Según ha sabido ABC, el local donde ocurrió el suceso, catalogado como “almacén” en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, carecía de cédula de habitabilidad.

Pese a ello, Fabio Enrique B., colombiano de 52 años y primera víctima mortal hallada entre los escombros, vivía allí con su esposa.

La investigación apunta a que las reformas ilegales realizadas en el inmueble podrían haber desencadenado la deflagración, que arrasó el bar Mis Tesoros y sacudió el barrio el pasado sábado.

Fuentes policiales confirmaron a ABC que el local, registrado como “actividad por decidir, almacén y otros usos”, estaba ocupado. Inicialmente, se sospechó que los habitantes eran okupas, pero la arrendadora afirmó el domingo que existía un contrato de alquiler.

La viuda de Fabio Enrique, quien alertó sobre su desaparición al no encontrarlo entre los heridos, confirmó que el fallecido realizaba trabajos de reforma en el bajo.

Una hipótesis policial señala que estas obras, sin permiso municipal, podrían haber dañado las conducciones de gas, causando la explosión sin llamas que dejó un saldo trágico.

El portal de transparencia municipal revela que, en octubre de 2024, se presentó una declaración responsable para obras de acondicionamiento en el local, incluyendo saneamiento, pintura y suelos.

Sin embargo, el permiso fue rechazado por problemas administrativos, y las reformas continuaron ilegalmente. En junio de 2025, el Ayuntamiento impuso una multa coercitiva por estas obras no autorizadas, según documentación a la que ha tenido acceso ABC. No existen nuevas licencias ni solicitudes asociadas a esta dirección.

Además, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) del inmueble, construido en los años 50, resultó desfavorable en julio de 2024 por deficiencias estructurales pendientes de corrección.

Borja Carabante, delegado de Urbanismo, aseguró que no hay riesgo inminente de derrumbe, pero los trabajos de desescombro durarán al menos diez días. Los técnicos municipales priorizan estabilizar la estructura del edificio, mientras el área de Políticas Sociales gestiona el realojo de las diez familias afectadas. Algunas se han trasladado con familiares, y otras reciben apoyo del Samur Social. Carabante subrayó la colaboración con la Policía Nacional para esclarecer las causas de la explosión.

Mientras, la investigación sigue su curso para determinar responsabilidades en un suceso que ha conmocionado Vallecas y expuesto las grietas en el control municipal de locales reconvertidos en viviendas.