El delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín, pillado a contrapié político, ha arremetido contra la reciente decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de cerrar el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Migrantes (CREADE) por falta de licencia, y ha denunciado que se trata de “un ejercicio de racismo preventivo” justo en un momento en que el Gobierno central iniciará el reparto de migrantes al que desde la localidad madrileña se habían opuesto.

Martín se ha manifestado en estos términos en una entrevista con RNE, en la que ha incidido en que aún no se conocen oficialmente las cifras de migrantes que deberá recibir cada Comunidad Autónoma, por lo que considera que el asunto no ha sido tratado con la seriedad que corresponde por parte de las administraciones controladas por el Partido Popular, como son la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Sin embargo, ha recalcado que hasta el momento de sus declaraciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no había recibido “ninguna comunicación formal” sobre la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo, acusando por tanto al PP de estar pendiente “de los titulares” y “hacer seguidismo” de lo que “le señalan los ultras”, más que a trabajar en el asunto.

En los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Pozuelo para el cierre del centro destaca que las instalaciones carecen de la licencia adecuada para su uso, pues los permisos actuales datan de 2013 y no reconocen el uso residencial de las mismas.

Sin embargo, Martín ha incidido en que el CREADE sí abrió sus puertas “de par en par” en 2022 para recibir a refugiados ucranianos, pero que ahora que la previsión apunta a migrantes africanos, el PP de Madrid ha reaccionado de manera “francamente irresponsable”.

“Somos conscientes de que en el mes de julio el Ayuntamiento de Pozuelo anunció que haría todo lo posible para que allí no se instalaran menores procedentes de Canarias, y lo que ha hecho en estas semanas ha sido dos visitas a este centro y tenemos constancia de dos actas de inspección urbanística, nada más”, ha relatado Martín, que ha abogado por afrontar la cuestión desde un prisma de respeto a los Derechos Humanos y conscientes de que se trata de personas vulnerables.

Finalmente, preguntado por la capacidad de maniobra del Gobierno central para revertir el cierre del centro ordenado por el Ayuntamiento de Pozuelo, el delegado ha señalado que se “analizará la decisión cuando llegue”, a la par que ha destacado que hay cuatro centros como el de Pozuelo en todo el país que “funcionan con total normalidad”.

“Tenemos otros centros y otros recursos activados para responder a lo que es una emergencia humanitaria y es en lo que tendríamos que estar, en responder, en dar soluciones, no en generar más problemas”, ha remachado el delegado del Gobierno, que ha destacado que a España “le corresponde responder por ser la frontera sur de Europa”.

UNA DECISIÓN “INSOLIDARIA” Y “AVALADA” POR AYUSO

Más tarde, Martín ha pronunciado unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que asegura que la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo está “avalada” por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, e insiste en lo “insolidario” de una medida que, considera, “atufa a racismo”.

“Un racismo preventivo, además, porque se ha activado ante la mera hipótesis de que el CREADE de Pozuelo se pudiera llegar a habilitar para atender a los menores no acompañados; niños y niñas que están solos ante su posible llegada a la Comunidad de Madrid”, ha señalado Martín en un vídeo.

Para el delegado, esta medida ha servido para “amenazar” a las personas que actualmente hacen uso de los recursos del CREADE, entre las que ha destacado a “decenas de familias ucranianas” que se vieron obligadas a huir de su país por el estallido de la guerra en febrero de 2022, así como “otros beneficiarios de políticas de protección internacional o ayuda humanitaria”.

“Pido responsabilidad, y pido que trabajemos en las soluciones y no en generar más problemas”, ha remachado el delegado del Gobierno, apelando a la colaboración institucional de las administraciones gobernadas por el PP, una reivindicación que ha repetido desde su toma de posesión, y que esta misma semana ha vuelto a centrar parte de su discurso.