La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España el pasado 22 de julio que desarrolla el reparto «forzoso y opaco» de menores no acompañados desde Canarias entre las comunidades autónomas.

De forma más concreta, los servicios jurídicos de la Administración regional han recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, que regula la reubicación de estos menores en situaciones de presión migratoria, al considerar que «vulnera competencias autonómicas».

Según han informado fuentes del Ejecutivo regional, la impugnación se basa en que el decreto vulnera competencias autonómicas exclusivas en materia de protección de menores y asistencia social. La Administración madrileña ha calificado este reparto como «forzoso, opaco y discriminatorio», acusando al Gobierno central de utilizarlo con fines políticos para penalizar a comunidades gobernadas por el Partido Popular y beneficiar a sus socios nacionalistas, dado que Cataluña y País Vasco no reciben asignación alguna.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han formalizado el recurso ante el Tribunal Supremo en contra del Real Decreto 658/2025, al considerar que invade competencias autonómicas sin justificación suficiente. Este texto es desarrollo del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, ya impugnado previamente ante el Tribunal Constitucional por 11 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, por los mismos motivos: invasión competencial, falta de urgencia real y el uso inadecuado de un decreto-ley para materias que requieren ley orgánica.

En paralelo al recurso, el Gobierno regional ha solicitado formalmente al Ejecutivo central toda la documentación técnica y jurídica utilizada para elaborar el reparto. Las solicitudes se han dirigido a: la Secretaría de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el Ministerio de Juventud e Infancia y el Ministerio del Interior.

Por otro lado, Madrid ha reclamado los datos actualizados del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RIENA) por comunidad autónoma desde 2023; los indicadores utilizados para el cálculo del reparto como población, renta, tasa de desempleo, número de menores ya atendidos o ratio de plazas por habitante; y la fórmula de ponderación aplicada según el artículo 35 ter de la Ley Orgánica 4/2000. Además, se reclama la justificación técnico-jurídica de por qué a Madrid se le asignan 647 menores y ninguno a Cataluña ni al País Vasco.

También se ha solicitado acceso a la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y todos los informes jurídicos, técnicos y presupuestarios emitidos durante la tramitación del Real Decreto 658/2025.

El Ejecutivo autonómico considera que el procedimiento ha sido arbitrario y discriminatorio, y exige al Gobierno central la remisión urgente de esta información con el objetivo de garantizar la transparencia, el control legal del proceso y la defensa de los intereses de los madrileños.