Los ayuntamientos están en pie de guerra con el Gobierno a cuenta de la tasa de basuras, un nuevo impuestazo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez obligará a aplicar a los consistorios a partir del año que viene y que podría suponer el pago de hasta el doble de lo que se desembolsa actualmente en algunas localidades, según cuenta El Debate.

El problema es que a los ayuntamientos no les hace ninguna gracia tener que aplicar de manera obligatoria una tasa que ya existía de manera discrecional y que algunas localidades incluso eliminaron –como es el caso de Madrid– al poder ser financiado con recursos del presupuesto municipal.

«Es un disparate», señala la presidenta de la Federación Española de Municipios (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo. «La normativa europea no obliga a crear una tasa para la recogida del quinto contenedor, es una ley que Sánchez se ha sacado de la manga y va a suponer pagar el doble de lo actual», agrega.

Además, advierte, los propios inspectores de Hacienda han cuestionado la medida y no se descarta que se produzca una avalancha de recursos al estar «cuestionada» la propia legalidad del cobro y viola el principio constitucional de autonomía local.

«Nos va a generar un problema a los ayuntamientos y una carga para los ciudadanos», explicó el pasado lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un acto en el Mercado de San Cristóbal.

«Los ayuntamientos vamos a sufrir un ‘sanchazo’, porque esto es un ‘sanchazo’ en forma de tasazo. La tasa de basuras no es cierto que venga de la normativa comunitaria, viene de la ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez», añadió.

Las federaciones de consistorios han intentado reunirse con el Ministerio de Transición Ecológica, pero este, que no consultó la medida previamente, se niega a recibirlos. Los ayuntamientos señalan además que muchos municipios ya se enfrentan a nuevas obligaciones, como la recogida selectiva de residuos orgánicos o la necesidad de construir nuevas instalaciones de tratamiento, por lo que este nuevo impuesto podría suponer un incremento del 60 % de los costes de gestión y ensanchar las diferencias ya existentes entre municipios.

El tributo deberá satisfacer un gasto de unos 3.000 millones de euros al año. Sin embargo, los gravámenes actuales solo generan 2.079 millones de euros, según datos de 2021 de la Fundación ENT, por lo que serán necesarias subidas cercanas al 45 % para cumplir con el requisito de la nueva regulación.

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIPHL) alertó el pasado año que la regulación, de no ser reformada, «supondrá un grave quebranto para las arcas públicas al abocar a los entes locales a un desarrollo reglamentario sujeto a la extraordinaria inseguridad jurídica que sufre el tributo».

(Con información recogida por El Debate)