¿Qué está sucediendo en Pozuelo con la publicidad institucional?
Y no meto en el tema a El Correo de Pozuelo que no recibe ni un euro del Ayuntamiento de la villa (siendo el periódico más leído) porque eso es una prevaricación administrativa como un Pepe de grande y ahora no toca.

Lo pregunto solo con el ánimo de plantear el debate porque la línea que separa los contratos de publicidad institucional de los contratos dedicados a la buena reputación política y personal de la alcaldesa es, en general, “tenue, difusa, brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa», en palabras del juez García Castellón.

Y da la casualidad de que, en el Ayuntamiento de Pozuelo y respetando, por supuesto, la presunción de inocencia, los contratos de publicidad institucional tiene todos esos adjetivos que enumera el propio juez.

Pero vayamos por partes que diría Jack el Destripador…

El juez de la Audiencia Nacional García Castellón acordó a principios de noviembre pasado la imputación de Ignacio García de Vinuesa y otros dos cargos vinculados al Ayuntamiento de Alcobendas por los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación. Todos en relación con la publicidad institucional y la posibilidad de su mal uso para promoción política-personal del propio alcalde.

Explicaba en aquel auto que, según se recogía en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, los investigados habrían concertado con una empresa de Alejandro De Pedro (llamado “el conseguidor” de Púnica) para que realizara trabajos personales al que fuera alcalde entre 2011 y 2014 y que se acomodaría la estrategia para que fuesen los fondos públicos del Patronato Sociocultural de Alcobendas los que abonaran dichos servicios.

Ahora el magistrado instructor, y tras haber interrogado a los investigados, afirma que no hay indicios suficientes para mantener la imputación a estas tres personas (el ex alcalde García de Vinuesa, su directora de comunicación la eventual María Teresa Alonso-Majagranzas y la gerente del Patronato Sociocultural Yolanda Sanchís).

(Mi más entusiasta enhorabuena para ellos, al tiempo que lamento la condena de medios de comunicación que han sufrido).

Explica García Castellón que la mera afirmación por parte de la acusación de que las facturas giradas por las empresas de De Pedro refieren conceptos imprecisos y poco claros, «no pasa de ser una valoración subjetiva, una sospecha que además fue desmentida por los dos investigados que declararon».

Además, para el juez instructor es «comprensible» que, a la vista del organigrama del Ayuntamiento, las facturas fueran dirigidas al Patronato, «toda vez que la comunicación dependía orgánicamente (aunque no funcionalmente)» de este organismo.

Aún así y esto es lo importantísimo, el magistrado de la Audiencia Nacional señala que la licitación de los servicios como «contratos menores» puede resultar una cuestión de índole administrativa, «pero no puede ser un fundamento para una imputación penal».

Pero el magistrado también reconoce en su resolución que «la línea divisoria entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos no ha dejado, nunca, de ser tenue, difusa, brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa».

Por ello, considera que debe ponderarse cada caso concreto y analizar «si en los contratos adjudicados y en la creación de periódicos digitales dedicados a la publicidad institucional se escondían o solapaban beneficios personales y partidistas, completamente alejados de la función y del cargo público», o si realmente las actividades promocionadas poseían «un vínculo próximo e indisoluble con las políticas públicas anexas a los cargos que a las que debían servir los elegidos desde la legitimidad refrendada por las urnas».

Traigo, por tanto, esta reseña del auto García Castellón porque tiene mucha importancia de cara a la utilización de la publicidad institucional en Pozuelo en donde también la línea que separa la promoción político-personal de la alcaldesa Susana Pérez Quislant es tenue, difusa, brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa.

Y planteo el debate sin acritud.

Como no habrá debate ya que con nuestros políticos es imposible, estaría bien que se aclarasen los temas relacionados con la publicidad institucional del Ayuntamiento de Pozuelo y evitar cualquier tipo de maledicencia respecto a la alcaldesa.

El Capitán Possuelo