La Comunidad de Madrid ha creado la Comisión Interdepartamental para la Reconstrucción de la Sierra Oeste, encargada de coordinar las actuaciones y ayudas destinadas a los municipios afectados por los incendios.

El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno extraordinario del pasado 29 de julio, se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

El nuevo órgano será el encargado de desarrollar el Plan de Recuperación de la zona afectada, articulando las medidas de apoyo entre todas las consejerías del Ejecutivo autonómico para garantizar una respuesta integral que contribuya al restablecimiento de las localidades más perjudicadas y a la vuelta a la normalidad.

El texto recoge que los incendios han ocasionado importantes daños en viviendas, instalaciones y explotaciones ganaderas, además de afectar a actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la construcción y el transporte, entre otros.

Para hacer frente a sus consecuencias, el Gobierno regional ya está desplegando distintas iniciativas dirigidas a reparar las infraestructuras y restablecer los servicios públicos afectados.

La Comisión estará presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. También formarán parte de ella los viceconsejeros y los secretarios generales técnicos de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid, así como la Secretaría General del Consejo de Gobierno.

Entre sus principales funciones figuran la recopilación y coordinación de las propuestas de los distintos departamentos, la definición de nuevas medidas de ayuda, el seguimiento de su ejecución y la evaluación del cumplimiento de las actuaciones previstas para la reconstrucción de la Sierra Oeste.

La Comisión se reunirá con carácter semanal y siempre que sea convocada por su presidente o lo solicite, al menos, un tercio de sus vocales.

Asimismo, podrá constituir mesas sectoriales de trabajo e invitar a expertos y responsables técnicos cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera.

Su vigencia inicial será de un año, prorrogable por otro más, aunque quedará extinguida una vez concluyan los trabajos y se alcancen los objetivos para los que ha sido creada.

Además, su funcionamiento no supondrá un incremento del gasto público y sus miembros no percibirán retribución alguna por el desempeño de estas funciones.