El Tribunal de Cuentas ha acordado el archivo de la denuncia presentada por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, contra el Gobierno regional sobre el sistema de facturación entre hospitales derivado de la libre elección de centro sanitario. El órgano fiscalizador concluye que no existe responsabilidad contable ni perjuicio económico para las arcas públicas y descarta cualquier condonación de deuda a las empresas concesionarias Quirón y Ribera Salud.

La resolución pone fin a meses de disputa política en torno a la gestión de los hospitales de titularidad pública pero gestión indirecta en la región. Según el Tribunal de Cuentas, no se ha acreditado la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid hubiera dejado de reclamar a las empresas responsables de estos centros sanitarios. El órgano tampoco aprecia un daño patrimonial «concreto, efectivo e individualizado» para las arcas públicas, ni derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica hubiera dejado de exigir.

La denuncia de Espinar sostenía que el Gobierno regional había llevado a cabo una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud a través del sistema de facturación intercentros, un mecanismo que se activa cuando un paciente ejerce su derecho a elegir centro sanitario fuera del que le corresponde por zona. La socialista había pedido que el Tribunal de Cuentas investigara si esta práctica suponía un perjuicio económico para la sanidad pública madrileña.

Sin embargo, la resolución del órgano fiscalizador descarta de plano estas acusaciones y respalda la posición que la Comunidad de Madrid ha mantenido durante todo el procedimiento. El Ejecutivo autonómico siempre defendió haber actuado conforme a la legislación vigente y no haber dejado de percibir ninguna cantidad que correspondiera reclamar a las empresas concesionarias.

El archivo de las actuaciones coincide, además, con la posición mantenida tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, que ya habían solicitado el cierre del procedimiento al no apreciar responsabilidad contable alguna en relación con el sistema de facturación entre hospitales.

Con esta resolución, el Tribunal de Cuentas cierra definitivamente el procedimiento y confirma que la actuación de la Comunidad de Madrid se ha ajustado en todo momento al marco normativo vigente en materia de gestión sanitaria y facturación de servicios entre centros hospitalarios.

La decisión supone un varapalo para el PSOE madrileño, que había hecho de este asunto uno de sus principales frentes de fiscalización contra la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y refuerza el argumento del Ejecutivo autonómico frente a las críticas sobre el modelo de gestión indirecta de hospitales públicos en la región.