La alcaldesa de Pozuelo Susana Pérez Quislant ha ratificado el manifiesto conjunto que han suscrito los alcaldes de grandes ciudades de España contra la incautación a los ayuntamientos del superávit municipal por el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias.

De esta forma, Pozuelo se une a los alcaldes de grandes ciudades como Madrid, Valencia, Granada, Zaragoza, Pontevedra, Murcia, Cádiz o Santa Cruz de Tenerife.

Hasta aquí la noticia.

A Pozuelo no le va nada en ello porque su superávit es consecuencia de la mala gestión de su propia alcaldesa Quislant que no invertía lo que presupuestaba… Pero está bien que sea una buena chica pepera…

Bueno, la verdad es que ella se apunta a un bombardeo con tal de aparentar. En este caso, sin duda, más bien para aparentar que ELLA no es la culpable de que Pozuelo tenga superávit. Y lo es.

Quislant, como siempre, aporta su argumento carril de manual: “Este acuerdo suscrito vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”.

Después, en el comunicado conjunto, se reivindica el “papel fundamental” que han desempeñado todos los ayuntamientos en la gestión de la pandemia y de sus consecuencias económicas, “independientemente de su color político o de su situación económico-financiera”, aunque de verdad no se sepa cuál ha sido el papel que Quislant ha desempeñado en Pozuelo salvo la compra política de las mascarillas y el fracaso politico de los 80.000 test.

Ante esta situación, estos alcaldes reunidos exigen a la FEMP y a Hacienda la “rectificación de forma inmediata” del acuerdo y el inicio de nuevas negociaciones que posibiliten el establecimiento de unos criterios de reparto de los fondos fundamentos en la “igualdad y en la solidaridad”, en la línea de lo realizado con las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno”.

A ello añaden que los criterios para la distribución de esos fondos “no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”.

El problema es que les van a hacer el mismo caso que a un conejo de ARPO.

Estos alcaldes solicitan a los grupos políticos con representación en el Congreso y en el Senado que rechacen el acuerdo y que “defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten”.

Por último, manifiesto reclama una “reunión inmediata” al Ministerio de Hacienda para “replantear las ayudas estatales a los municipios”, “reducir las limitaciones financieras impuestas a los ayuntamientos eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos, para el año 2021”, “avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y “definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros”.

Fantástico. Sobre el papel queda genial.

Manolo Pérez