Presidentes del Consejo de Ministros durante la regencia de Espartero (II): Joaquín María Ferrer Cafranga y el Marqués de Valdeterrazo
Joaquín María Ferrer Cafranga.
Joaquín María Ferrer Cafranga, guipuzcoano, nacido en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) en 1777 y muerto a los 84 años en el balneario de Santa Águeda en Mondragón (Guipúzcoa), en 1861. Militar y político. Combatiente en el Perú, diputado en las Cortes durante el Trienio Liberal, exiliado en la Década Ominosa, regresó con la amnistía de 1833. Ministro de Hacienda en el Gobierno de Calatrava, integrante del grupo de los ayacuchos y, por tanto, próximo a Espartero. Nombrado Presidente del Consejo de Ministros el 10 de mayo de 1841, su mandato duró solo 10 días siendo cesado el día 20 de mayo del mismo año.
Antonio González González, Marqués de Valdeterrazo (en la foto)
El sustituto de Ferrer Cafranga fue Antonio González y Gonzalez, I marqués de Valdeterrazo, pacense, nacido en Valencia del Mombuey (Badajoz) en 1792 y muerto a los 84 años en Madrid, en 1876. Político liberal y abogado.
Presidente del Consejo de Ministros por segunda vez. Nombrado por el Regente Espartero el 20 de mayo de 1841, su mandato duro poco más de un año, hasta el 17 de junio de 1842. Hombre vinculado a Espartero desde la época en la que los dos coincidieron en las guerras de independencia de las colonias americanas.
Su nombramiento fue consecuencia de la negativa a formar gobierno de varios líderes progresista. El Gobierno que formó estaba compuesto de amigos de Espartero.
Su nombramiento se hizo por decreto y no se presentó a las Cortes para obtener la doble confianza que indicaba la Constitución. Esto generó descontento en los grupos de oposición a Espartero donde se integraban figuras tales como Joaquín María López y Fermín Caballero.
Con su forma de pensar, Espartero no hacía las funciones propias de Jefe de Estado como regente que era, actuaba en todos los ámbitos de poder: Gobierno, Ejército y Milicia, es decir, actuaba como un dictador.
La Deuda continuaba creciendo y la quiebra era tal que los funcionarios cobraban sus sueldos con muchos meses de retraso.
La mayor parte del gasto presupuestario se lo llevaba el ejército y éste no podía ser tocado dadas las circunstancias políticas del momento.
La primera vía de salida a la Deuda fue, una vez más, el liberalismo donde chocaban los intereses de los burgueses de Barcelona, que querían mantener el proteccionismo para mantener el mercado cautivo para sus productos textiles, y los librecambistas de Cádiz que querían abrirse al mercado internacional para poder acceder a nuevas exportaciones para sus productos.
El 9 de julio se publicó un nuevo arancel reduciendo el proteccionismo y permitiendo importar más tipos de productos. Ésta modificación de arancel arruinó la industria textil catalana y malagueña. Los nuevos aranceles llevaron a la industria textil a una disminución generalizada de precios como consecuencias del incremento de las importaciones. La situación de los obreros, que no tenían más método de defensa que la huelga, se volvió crítica, los empresarios ante una situación de huelga ya no tenían interés en continuar con una producción que no era rentable.
La segunda de las salidas a la Deuda que el Gobierno encontró fue retomar la desamortización de bienes de la Iglesia, en concreto al clero secular que no había sido tocado en la desamortización de Mendizábal. Así, el 12 de septiembre de 1841, se amplió la Ley de Desamortización de 1937 para afectar a bienes del clero secular. Con la misma Ley se suprimió, definitivamente, el diezmo. Se aceleró la venta de los bienes de la Iglesia desamortizados. Esto volvió a suponer un nuevo encontronazo con el Vaticano y la ruptura de relaciones diplomáticas.
El Papa Gregorio XVI, en un discurso el 1 de mayo, censuró gravemente a España por haber perseguido a la Iglesia Católica y violar la jurisdicción sagrada y apostólica del Papa entre los años 1833 y 1841. El discurso fue considerado ofensivo a la nación española y a su Gobierno, un atentado contra la autoridad soberana del Estado y causa de intranquilidad y la turbación del orden público. El Tribunal Supremo declaró al Papa enemigo de la nación española en la temporal, es decir se aceptaba y respetaba la autoridad de Papa en lo espiritual pero se rechazaba la autoridad del Rey de Roma y de los Estados Pontificios a los que se declaraban enemigos de España. España no aceptaba la intromisión de un Papa integrista y antiliberal. El 22 de febrero del año siguiente el Papa publicó “Catholicae Religionis” donde condenaba expresa y públicamente la política de Espartero. La rotura de relaciones con la Santa Sede contribuyeron a aislar a Espartero de las potencias más conservadoras de Europa, además, todos los moderados españoles se unieron a los católicos integristas en la oposición a Espartero.
Las relaciones de España con la Santa Sede se mantuvieron rotas hasta 1845.
En agosto de 1841 se reorganizó por decreto el arma de infantería, la más potente y numerosa del Ejército, reduciendo considerablemente sus efectivos, eliminando la reserva pagada y pasando a la reserva un número importante de batallones de la Milicia Nacional. Esto no gustó al Ejército, causó inquietud y descontento que aprovechó la oposición.
También a mediados de agosto Navarra se convirtió en una provincia, dejo de ser considerado reino, aunque conservando la autonomía fiscal y administrativa. Los carlistas se sintieron molestos y se unieron a los moderados como enemigos de Espartero.
Así mismo, en agosto se produjo la abolición definitiva de los mayorazgos. Esto ya se había intentado durante el Trienio Liberal con una Ley que se derogó con la llegada de la Década Ominosa, se volvió a poner en vigor en 1836 y ahora definitivamente, en 1841, permitiendo a los nobles vender las tierras, negociar hipotecas sobre ellas o partirlas en cuantos lotes quisieran. No fue una expropiación ni una nacionalización, los nobles siguieron teniendo sus tierras solo que podían venderlas a su libre albedrio y a dividirlas entre sus herederos.
La Ley de Minas de 1825 establecía que las minas eran propiedad de la corona pero permitía la explotación por particulares mediante concesiones controladas por un organismo creando, la Dirección General de Minas, para su control. En 1841 tras la derrota carlistas, las minas de mineral de hierro de Somorrostro fueron privatizadas. Se creó en Vizcaya la Sociedad Minas de Somorrostro que cambió la forma de explotación artesanal por otra más moderna a cielo abierto. La producción de mineral se multiplicó y se exportó mucho material a Europa. La ventaja del hierro de Somorrostro era la ausencia de fósforo en la composición de la mena lo que lo hacía apto para ser usado en el convertidor Bessemer que transformaba el hierro en acero. Los barcos que en los que se exportaba el hierro volvían a España vacios. Se sacó provecho de esta circunstancia levantando altos hornos en Vizcaya usando la hulla inglesa más barata y de mejor calidad que la española. Éste combustible barato frente al encarecimiento de la madera, como combustible de los altos hornos de Málaga, llevó a la ruina y al cierre de estos últimos.
De la desidia económica del Gobierno y de las Cortes son buena muestra la fecha de la aprobación de los presupuestos de 1841, se aprobaron el 1 de septiembre, y su contenido, en ellos no se especificaba que contribuciones se iban a cobrar ni la cuantía de las mismas, evidentemente así no iba a solucionares el problema de la Deuda.
En octubre se produjo la primera conspiración de los generales moderados contra Espartero.
Los políticos moderados volvieron a intentar volver al poder a mediados de año. Lo primero que hicieron fue reunirse con María Cristina en Paris y con algunos de los generales exiliados como Narváez.
Se preparó una conspiración militar en la que se vieron implicados los generales no esparteristas. Ésta consistía en atacar el Palacio Real en octubre, secuestrar a la Reina Isabel II y a su hermano Luisa Fernanda, apoderarse de Espartero y restablecer a María Cristina como regente en una regencia múltiple junto a los generales Montes de Oca y Diego de León y el político Isturiz.
La conspiración era exclusivamente militar, apenas tenía trama civil. La poca trama estaba localizada en el País Vasco y Navarra. Carlos María Isidro había prohibido la participación de los carlistas en ella.
La sublevación comenzó en Pamplona el día 1 de octubre, extendiéndose a continuación a otras ciudades.
El día 7, los generales Manual de la Concha y Diego de León se sublevaron en Madrid. Se dirigieron a Palacio para apoderarse de la Reina Isabel II. La Guardia de Palacio, a las órdenes del teniente coronel Domingo Dulce, se opuso a la entrega de la Reina y defendió, a balazos, la escalera de acceso a las zonas privadas de la reina impidiendo así su captura. El fracaso de Madrid fue definitivo en el fracaso de la conspiración.
Ante el fiasco, los conspiradores huyeron siendo algunos apresados entre ellos Diego de León, Conde de Belascoain, condecorado con las máximas condecoraciones militares españolas en la Primera Guerra Carlista y compañero de campaña de Espartero. Juzgado y condenado a muerte, fue fusilado en las afueras de la Puerta de Toledo. Su fusilamiento hizo mucho daño al prestigio del Regente.
El 26 de octubre todo había terminado con la rendición de todas las plazas sublevadas.
Tres días después Espartero abolió los fueros vascos. Los fueros eran, en esencia, el derecho a poner, o no poner, en práctica las leyes aprobadas por el Estado, tener aduanas propias y estar libre del servicio militar.
El 17 de noviembre se convocaron nuevas elecciones a Cortes.
A finales de año comenzó otra conspiración contra Espartero, esta vez de los liberales progresistas que querían que Espartero abandonara el sistema de nombramiento de cargos entre sus amigos y conocidos y que respetase lo especificado en la Constitución. Esta conspiración se prolongó durante los años 1842 y 1843.
A finales de año se produjeron en Barcelona alzamientos como consecuencias del acuerdo comercial librecambista con Inglaterra que era muy perjudicial para la industria textil catalana. Son movimientos sociales de los obreros textiles y por tanto no son controlados por el Gobierno. Se formaron las consiguientes Juntas y dieron lugar a situaciones de anarquía. El Gobierno reaccionó prohibió las asociaciones obreras, a instancia de las patronales, para evitar los problemas que causaban en las ciudades industriales.
La frustración por ésta medida librecambista, el comienzo de la destrucción de la Ciudadela de Barcelona y los incidentes que provocó el decreto de sometimiento de las Diputaciones y Ayuntamientos a la autoridad del Gobierno Central contribuyeron a acrecentar el ambiente anti- esparterista en todo en los territorios del estado, especialmente en Barcelona.
El 26 de diciembre de 1841 se inició la legislatura. Las Cortes estaban formadas por los diputados electos en las elecciones convocadas a mediados de noviembre. Las elecciones de habían visto afectada por la impopularidad en la que empezaba a caer Espartero.
Como hemos indicado su capacidad militar no estaba pareja con su capacidad política de hombre de gobierno y las nuevas Cortes, con los partidarios del Regente divididos, se ocuparon la mayor parte del tiempo en combatir a la Regencia.
A principios de 1842 hubo varios incidentes por la forma dictatorial de gobernar de Espartero y su concepto de control de todos los ámbitos de poder. Estos incidentes estaban relacionados con la pretensión de presentación de credenciales del embajador de Francia ante Isabel II y con la firma de Espartero en un contrato de capitalización de intereses de deuda, la firma de éste contrato correspondía al Presidente del Consejo no al Regente.
El 17 de mayo se sometió el Presidente del Consejo de Ministros a un voto de censura que perdió por lo que fue cesado.
Los presidentes del Senado y del Congreso propusieron a Espartero, como Presidente del Consejo de Ministros, al Capitán General José Ramón Rodil, quien fue nombrado para el cargo.
Joaquín de la Santa Cinta. Ingeniero aeronáutico, economista e historiador