El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata y otras 18 personas del Patio Maravillas fueron a juicio el jueves pasado acusadas de «usurpación» por la ocupación del edificio de la calle del Acuerdo número 8, aunque fueron absueltos debido a que el delito del que se les acusa ha prescrito. Lucía Lois, portavoz del Patio Maravillas, ha confirmado a Efe que la vista tuvo lugar este jueves, y que el juez del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid atendió la petición del abogado defensor de que se archivara el caso debido a que el delito ha prescrito ya.

Según el Patio Maravillas, en total fueron a juicio 19 personas, entre ellas el edil Guillermo Zapata, acusadas de usurpación del edificio que fue la primera sede de este colectivo, en el número 8 de la calle Acuerdo. Los ocupantes fueron desalojados del mismo en 2009, fecha en la que se fijó el delito, por lo que de acuerdo con la ley el mismo ha prescrito.

«Desde el Patio Maravillas nos alegramos de esta sentencia», asegura el colectivo, que defiende que los «espacios sociales autogestionados, como el Patio Maravillas, no son sólo una riqueza imprescindible en esta y en cualquier ciudad, sino que suponen un derecho que debería reconocerse».

«La legitimidad de estos espacios, por su valor social y su aportación a la construcción de ciudades más democráticas, están por encima de marco legal, que en muchas ocasiones no es capaz de reconocer los beneficios que se generan desde las comunidades frente al uso especulativo del suelo y la propiedad privada, que abandona y deja caer nuestra ciudad, mientras la ciudadanía se ve sin recursos ni espacios donde organizarse, construir democracia y dar vida a nuestros barrios», argumenta.

Guillermo Zapata fue juzgado también unos días antes, el pasado 3 de junio, por ocupar otro inmueble para Patio Maravillas en la calle Pez, edificio del que se desvinculó -dijo en el juicio- cuando le comunicaron una orden judicial de desalojo en febrero de 2015. La portavoz de Patio Maravillas ha especificado que aún esperan la sentencia de este juicio, en el que también se juzgó a otros tres activistas del colectivo por un delito de usurpación de inmueble, por el que la Fiscalía pidió una pena de 1.800 euros de multa a cada uno.