El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid denuncia al exdelegado sanchista Francisco Martín por “prevaricación omisiva” ante la acampada ilegal de perroflautas en Sol

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid han presentado este lunes ante los juzgados de plaza de Castilla una denuncia contra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva.
Así lo ha manifestado la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que ha recordado que la inacción continuada del entonces delegado permitió, pese a saber que no era ajustada a Derecho, que la acampada ilegal en la Puerta del Sol se desarrollase entre el 26 de septiembre y hasta su dimisión, momento en el que su sucesora en el cargo le puso fin.
Así, a lo largo de sus 30 páginas, la denuncia desarrolla cronológicamente los acontecimientos ocurridos esos días en una concentración ilegal que, como figura en el propio texto, “fue tolerada por quien ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, que tenía la competencia exclusiva de velar por la seguridad ciudadana y de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía en general y no solo de los acampados, aun sabiendo que dicha concentración en un espacio público no se ajustaba al ordenamiento jurídico”.
Para reforzar esta tesis, además de acudir a jurisprudencia y desgranar los hechos objetivos y documentados ocurridos esos días – de los que el denunciado tuvo amplio conocimiento-, la denuncia recuerda que el propio artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión facultaba al entonces delegado a levantar la concentración ilegal por la concurrencia de personas con objetos contundentes y peligrosos, susceptibles de ser usados como armas.
En este sentido, se incluye también lo recogido en los requerimientos y cartas que, hasta en cuatro ocasiones, se le enviaron desde el Ayuntamiento de Madrid, recopilando informes de Policía Municipal y donde ya se afirmaba la presencia de esos objetos prohibidos, además de otros graves altercados para el orden público; los peligros en caso de una hipotética amenaza o situación de emergencia por la que hubiera que evacuar la plaza; los daños materiales que se estaban causando en bienes de especial protección, y los incidentes y agresiones que allí se producían.
La vicealcadesa, a preguntas de la prensa, ha aclarado que la estimación del coste que ha tenido la acampada es de unos 40.000 euros. No obstante, ha advertido que la cifra no es definitiva y que seguramente sea mayor, pues los daños en los los bienes de especial protección no han podido ser subsanados con una simple limpieza del monumento.
Así pues, tal y como recoge la denuncia “no se trataba de meras sospechas o hipótesis” que pudieran haber justificado la actuación de Francisco Martín, “sino que existían datos objetivos, fundados y suficientes” para ejercerla y poner fin a la acampada ilegal, no haciéndolo por su propia arbitrariedad. “Este comportamiento constituye, pues, una manifiesta injusticia, ya que carece de fundamento jurídico y obedece, exclusivamente, a la voluntad caprichosa de quien está llamado a garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”, agrega el texto.
Cambio de criterio de la delegación
Un aspecto recogido también en el documento y que sirve para desvelar que la falta de actuación voluntaria del denunciado puede ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación administrativa es el cambio de criterio de la propia delegación tras la dimisión de Martín.
Así, tal y como figura en la denuncia, “entre el 26 de octubre, día en que el denunciado negó la existencia de circunstancias que justificaran la disolución, y la madrugada del 3 de noviembre, momento en el que se produce el desalojo, no se produjo ningún nuevo hecho objetivo, grave y distinto de los que se habían estado comunicando a la Delegación del Gobierno desde el primer momento que justificara el cambio de criterio, salvo la dimisión en el cargo del propio denunciado”.
El regidor capitalino anunció a finales de octubre, durante la celebración del Pleno municipal, que el Ayuntamiento interpondría una “denuncia penal” contra el ahora ya exdelegado del Gobierno en Madrid por su “inacción” ante la acampada en la Puerta del Sol.
En respuesta a la pregunta de la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, que se había interesado en conocer qué iba a hacer el Consistorio “para acabar con la ocupación, la degradación y la violencia en la Puerta del Sol”, Almeida anunció que, una vez que se agotara el plazo administrativo del requerimiento que habían presentado en la Delegación del Gobierno, interpondrían “una denuncia penal contra el ya exdelegado del Gobierno de Madrid por inacción como consecuencia de que ha cometido, a nuestro juicio, un evidente delito permitiendo que se produjera la ocupación de este espacio público”.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por su parte, también sigue adelante con su querella contra Francisco Martín por un presunto delito de prevaricación administrativa así como por omisión del deber de perseguir aquellos delitos que se estuvieron cometiendo de forma continuada durante días, tales como delitos de presuntas agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta autonómica.
Además, ya comunicó a la nueva delegada, Pilar Trinidad, que la Comunidad de Madrid iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar a la Delegación del Gobierno “los gastos en los que ha incurrido tras esta acampada ilegal”, que se desalojó finalmente el 3 de noviembre tras 38 días.
El Consejo de Gobierno ya analizó hace unos días el impacto negativo en los comercios de la zona con pérdidas superiores a los 30.000.000 de euros. Asimismo, destaca el especial impacto que ha sufrido Metro, con 494.000 viajeros menos, lo que ha supuesto un coste económico superior a los 750.000 euros, teniendo en cuenta los menores ingresos y los mayores gastos de la acampada en concepto de refuerzo de seguridad y limpieza principalmente.





