Este Gobierno está al borde del abismo. Me cuentan que en esa nueva política de urbanismo que impulsó Susana Pérez Quislant, cuando era concejala de esa competencia en el Gobierno de una Adrados que solo miraba a Madrid, hay una serie de medidas que, en teoría, quieren cambiar Pozuelo.

Muchas de esas medidas están recogidas en un informe que tiene la Gerencia de Urbanismo y del que ya hablé en su momento porque, en él, se recoge lo que se va a hacer, entre otras cosas, con las Viviendas Coca y con todo su entorno.

El caso es que, en ese informe, hay una medida que me parece una aberración, aunque, según los expertos consultados me aseguren que es legal.

Me cuentan que, entre las medidas, que la señora Quislant promete para cambiar Pozuelo está la de cobrar el IBI a los inquilinos de los pisos sociales que alquila. Algo alucinante. Aberrante, incluso. Quieren cobrar el IBI de sus propios pisos, a las personas a los que se los alquilan. Personas, recuerdo, que se encuentran en situaciones económicas y sociales precarias. Jamás se vio nada igual. Ni con Franco.

Pero resulta que es legal. La Ordenanza del IBI lo especifica, según los especialistas:

 Art. 4.2 segundo párrafo. «Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.»

Y la Ley que regula las Haciendas locales dice lo mismo:

Art. 61.

«5. No están sujetos a este impuesto:

1. b)Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:

Los de dominio público afectos a uso público.

Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.»

Resulta, por tanto, que los bienes municipales no están sujetos al impuesto salvo que estén arrendados. Es espantoso. Porque da igual que estén arrendados a ricos o a pobres, para hacer negocio o para vivienda social…

Supongo que el legislador pensaría que la decisión final era política a la hora de aplicar la ley o no… Y el sentido común dice que esa medida no debería aplicarse a las viviendas sociales de Pozuelo de Alarcón. Pero prevista está. La gestora Quislant así lo decidió… Su olfato político está a años luz de la realidad, incluso, de la realidad pozuelera y decidió que solo existe la ley…

Espero que esta locura, contradictoria con la política de derecha social que está practicando Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid y que, al parecer, define al nuevo PP, no se lleve nunca a efecto en esta ciudad. Una ciudad que presume, por cierto, de haber bajado el IBI.

Pero, insisto, existe esa posibilidad.

Seguiremos informando…

La Piraña del Meaques