Hay injusticias que no necesitan grandes discursos para quedar en evidencia.
Basta con mirar la letra pequeña de una ordenanza municipal.

En el Gran Pozuelo de Alarcón, una vecina empadronada desde 2002 puede encontrarse con que el Gobierno le niega una ayuda por nacimiento porque su marido, procedente de Madrid capital, no lleva dos años empadronado en el municipio.
Veinticuatro años de vinculación con Pozuelo no parecen suficientes.
Peculiar caso, como poco.

Las bases municipales de estas ayudas exigen que ambos progenitores lleven al menos dos años empadronados en Pozuelo antes del nacimiento del menor.
Es decir, no basta con que uno de ellos haya vivido aquí durante más de dos décadas, pague sus impuestos y haya decidido formar en este municipio su hogar.
Si su pareja viene de otro lugar y no cumple el plazo de dos años, la familia se queda fuera de la ayuda.

Uno podría pensar que el objetivo de estas ayudas es fomentar la natalidad y apoyar a las familias que deciden criar a sus hijos en Pozuelo.
Pero quizá nos hemos equivocado y no es para eso. Con este Gobierno puede ser para cualquier cosa. A lo mejor, además de tener un hijo, hay que presentar un certificado de solidez en el matrimonio, expedido por el concejal de zona…
Lo que no pase en Pozuelo no pasa en ningún sitio…

La comparación con Madrid capital, esa fuente de inspiración tejerina, resulta reveladora.
Allí, basta con que uno de los progenitores acredite cinco años de empadronamiento.
Un criterio que permite reconocer el arraigo de una familia sin convertir el lugar de procedencia del otro progenitor en un obstáculo automático.

¿Tan difícil sería estudiar una fórmula parecida?
Si el Ayuntamiento considera que dos años son necesarios para garantizar la vinculación con Pozuelo, podría exigir una antigüedad mayor a uno de los padres, en lugar de obligar a que ambos cumplan exactamente el mismo requisito.
No sé. Algo así. No se trata de pedir extrañas pertenencias, sino de aplicar el sentido común.

Y aquí llega la ironía.
¿Será que el Gobierno municipal de forasteros no quiere que las vecinas de Pozuelo se casen con forasteros?

Porque, si aplicáramos esa peculiar filosofía con carácter general, habría que revisar también la procedencia de algunos integrantes del propio Gobierno.
La diferencia es que ellos, que son forasteros, han encontrado acomodo en el Ayuntamiento y cobran puntualmente.
Para determinadas familias vecinas, en cambio, 24 meses parecen pesar más que toda una vida de vinculación con el municipio.

Y es que una cosa es exigir arraigo y otra convertirlo en una carrera de obstáculos.
Si el Gobierno quiere fomentar la natalidad, quizá debería empezar por no poner trabas innecesarias a quienes han decidido formar aquí su familia.
Aquí, alcaldesa.

En Pozuelo, al parecer, no basta con tener un hijo.
También hay que mirar con lupa de dónde viene el padre y si viene con buenas intenciones…

Hay preguntas que el Consistorio debería responder:
¿Cuántas ayudas por nacimiento se han denegado por este requisito?
¿Por qué es imprescindible que ambos progenitores acrediten dos años de residencia?
¿Se plantea revisar una condición que puede excluir a familias que ya viven en Pozuelo?

¿No podrían mirar cada caso individualmente y mirar su arraigo?
Y no hablo de prevaricar sino de bajarse del burro, señores, y arrimarse un poco a la vida de los vecinos…

Quien solicita esas ayudas es porque las necesita.
No creo que los habitantes de La Finca las soliciten para sus hijos…

Aunque hubo una concejala (que ahora se sienta en el Gineceo Gubernamental) que las cobró (siendo concejala) a nombre de su marido…
Pero eso ya lo contamos en El Correo de Pozuelo en su día…

Así que no se la cojan con papel de fumar…
Otro gallo les cantaría a este Gobierno si no fuesen tan desaboridos y pensasen que están ahí para servir a los que pagan su sueldo…

Manolo Pérez