La Justicia abre diligencias contra el ex delegado sanchista en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, tras la denuncia del Gobierno de Ayuso por la acampada de Sol

El Tribunal de Instancia de Madrid ha abierto diligencias previas contra Francisco Martín, exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, a raíz de la denuncia penal presentada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por su actuación ante la acampada instalada en la Puerta del Sol. La Comunidad de Madrid le atribuye presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos por no intervenir para poner fin a la concentración.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado la apertura de estas diligencias durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su intervención, ha recordado que la protesta por la vivienda mantuvo ocupada la Puerta del Sol durante 38 días.
La denuncia autonómica, presentada el pasado 30 de octubre, sostiene que durante la acampada se produjeron distintos hechos delictivos que, a juicio del Gobierno madrileño, no fueron perseguidos por el entonces delegado del Gobierno. Entre ellos, la Comunidad enumeró presuntas agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Almeida también lleva a los tribunales la inacción de Martín
La iniciativa judicial del Gobierno regional no es la única que afronta el exdelegado por su gestión de la acampada. El Ayuntamiento de Madrid también ha presentado una denuncia penal contra Francisco Martín por un supuesto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva.
Los servicios jurídicos municipales registraron el escrito el pasado lunes ante los juzgados de plaza de Castilla. Según explicó la vicealcaldesa, Inma Sanz, la denuncia, de 30 páginas, recoge cronológicamente los acontecimientos y sostiene que Martín permitió que la concentración continuase pese a conocer que no se ajustaba a la legalidad.
El documento municipal argumenta que el entonces delegado tenía competencias para intervenir y que recibió hasta cuatro requerimientos y comunicaciones del Consistorio. En ellos se trasladaban informes de la Policía Municipal sobre la presencia de objetos contundentes y peligrosos, alteraciones del orden público, posibles problemas para evacuar la plaza en caso de emergencia, daños en bienes protegidos e incidentes y agresiones.
La denuncia también cuestiona el cambio de criterio de la Delegación del Gobierno tras la salida de Martín. En concreto, señala que entre el 26 de octubre, cuando el exdelegado descartó que existieran circunstancias que justificasen disolver la concentración, y la madrugada del 3 de noviembre, cuando finalmente se produjo el desalojo, no hubo nuevos acontecimientos objetivos que explicasen el cambio de postura, salvo su dimisión.
Daños en el patrimonio y pérdidas económicas
La batalla judicial por la acampada de Sol viene precedida de otros movimientos administrativos de la Comunidad de Madrid. Antes de presentar la denuncia penal, el Ejecutivo autonómico interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la inacción de Francisco Martín, una vez transcurridas las 48 horas que le había concedido para adoptar medidas.
La Abogacía General de la Comunidad defendió que la concentración había sobrepasado los límites legales del derecho de reunión y había desembocado en una ocupación ilegal del espacio público. Para respaldar su posición, incorporó un informe sobre los daños ocasionados en dos bienes de interés cultural: la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño. Los desperfectos podrían constituir, según el Gobierno regional, un delito de expolio contra el patrimonio cultural.
Además, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar a la Delegación del Gobierno los gastos derivados de la acampada. La Comunidad cifra en más de 30 millones de euros las pérdidas sufridas por los comercios de la zona y calcula que el impacto económico sobre Metro de Madrid supera los 750.000 euros, después de registrar 494.000 viajeros menos y asumir mayores gastos de seguridad y limpieza.






