Hace apenas dos meses nos hacíamos una pregunta en El Correo de Pozuelo:
¿Estaba construyendo el Ayuntamiento de Paloma Tejero un auténtico castillo de naipes con las Zonas de Bajas Emisiones?

Poco después llegaba otra sorpresa todavía mayor: La propia Comisión Europea confirmaba que estas restricciones no eran una obligación impuesta por Bruselas, sino una decisión incorporada por el Gobierno de Pedro Sánchez en la legislación española.

Y ahora llega un nuevo capítulo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de abrir una pieza separada para ejecutar la sentencia firme que anuló las Zonas de Bajas Emisiones de la capital.

Lo hace tras la iniciativa de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que pretende evitar que miles de conductores tengan que acudir uno por uno a los tribunales para recuperar sus derechos.

Hay que pagar con la misma diligencia y sencillez que se multó y se cobró. No vale que ahora se pongan trabas administrativas. Esos obstáculos, demoras o cargas burocráticas propias de las administraciones para intentar no pagar.

Y estamos hablando de mucho dinero. La propia AEA calcula que el conflicto puede afectar a más de 3,4 millones de multas por un importe superior a los 663 millones de euros.

Y hablando de dinero, ¿cuánto dinero llevan gastado ya los vecinos de Pozuelo (porque es su dinero aunque los administre Tejero) en preparar unas Zonas de Bajas Emisiones que nadie quería ni necesitaba?

Porque esta historia no empezó ayer.
Comenzó en 2022.

Desde entonces se han sucedido estudios, informes técnicos, proyectos, reuniones, horas de trabajo municipal y planificación administrativa. Sin embargo, los vecinos desconocen cuál ha sido el coste total de esa maquinaria burocrática.

¿Se han contratado asistencias técnicas?
¿Se han encargado estudios de movilidad?
¿Se han redactado proyectos?
¿Se ha previsto la compra de señalización, cámaras o sistemas informáticos?
¿Cuánto dinero público se ha comprometido ya?

La transparencia exige respuestas.
Y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón es transparente. O eso dicen.

Y más aún cuando Pozuelo, como hemos dicho tantas veces, no presenta los graves problemas de contaminación que justificaron originalmente estas medidas en grandes ciudades.

La alcaldesa Paloma Tejero tiene todavía tiempo para explicar a los vecinos cuánto les está costando este absurdo proyecto.

Porque quizá el verdadero problema ya no sea si habrá o no Zonas de Bajas Emisiones. Que no lo habrá salvo que Tejero o su sucesor se vuelva loco.
El verdadero problema puede ser descubrir cuánto dinero se ha invertido en un proyecto que nació herido de muerte…

Ahora, los dueños del dinero tienen derecho a conocer esa factura.
Y el Gobierno, la obligación de hacerla pública.

Porque ya les vale de abusar…

Manolo Pérez