Hay decisiones que son legales. Y luego están las decisiones que, además de legales, deberían ser explicadas. Sobre todo cuando son decisiones que cuentan dinero a los contribuyentes… Pero el Gobierno de Pozuelo siempre se llama a andanas.

La Junta de Gobierno Local de Pozuelo de Alarcón del pasado 03 de junio de 2026, según su Acta hecha pública 9 días después, ha aprobado nuevamente una subvención de 200.000 euros para la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (EUCC) Somosaguas Norte.

(También se subvenciona a Somosaguas A)

El dinero a Somosaguas Norte se destinará a obras de caminos, retranqueo de cerramientos y renovación del alumbrado público, curiosamente, en una de las urbanizaciones más exclusivas de España.
El presupuesto total del proyecto asciende a 251.601 euros. Es decir, el Ayuntamiento aporta prácticamente el 80% del coste de la actuación que dicen van a llevar a cabo.

Y es aquí donde empiezan las preguntas que nadie entiende. Bueno, solo los pocos vecinos que conocen el tema porque estas subvenciones se hacen con la mayor oscuridad posible. Es cierto que se publica pero el Gobierno nunca lo destaca en su política de comunicación, como tantas cosas…

Y con esto no estoy planteando que el expediente sea ilegal. La subvención figura en el presupuesto municipal, está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones y cuenta con informes favorables de técnicos, jurídicos e intervención. Todo correcto sobre el papel.

Pero la política no consiste únicamente en cumplir trámites administrativos. También consiste, como decía, en justificar ante los ciudadanos por qué se emplea su dinero de una determinada manera.

Y es que huele a “truquito”. El Ayuntamiento no puede pagar el mantenimiento diario (limpieza, bombillas fundidas, etc.), ya que la ley obliga a los vecinos de dicha urbanización a costearlo. Sin embargo, el convenio aprobado se agarra a una rendija legal de las obras de inversión o modernización de infraestructuras (como la renovación completa del alumbrado o el retranqueo de vallas).

Al considerarse una “transferencia de capital” para una obra que mejora el entorno urbano del municipio, la ley permite otorgar subvenciones nominativas directas si se justifica el interés público.

¿Dónde termina el interés general y dónde empieza el interés particular?

Puffff.

¿Y cuántos años lleva el Ayuntamiento de Pozuelo concediendo ayudas similares a Somosaguas Norte?

¿Diez? ¿Quince? ¿Veinte?
¿Si cada año se hacen 200.000 euros de inversiones esa urbanización debe ser ya Disneyland?

Creo que los contribuyentes que no viven en ella tienen derecho a saber cuánto dinero público ha acabado financiando infraestructuras de esta urbanización.
(La cantidad acumulada podría superar con facilidad varios millones de euros)

¿Se otorga este dinero en respuesta a una necesidad de inversión real y estrictamente tasada cada año, o se ha convertido en una asignación fija encubierta que la entidad ya asume como un derecho garantizado en los presupuestos municipales?

Al delegar la ejecución en una entidad colaboradora, los procesos de adjudicación escapan a la rigidez de la Mesa de Contratación del sector público.

Pufffff.

Mientras miles de pensionistas, familias y pequeños propietarios soportan cada vez más presión fiscal como la Tasa de Basuras ilegítima, el Gobierno sigue destinando recursos públicos a actuaciones que benefician directamente a una zona residencial privilegiada.

¿Reciben otros barrios de Pozuelo ayudas equivalentes?
¿Existe el mismo nivel de inversión específica para La Estación, Húmera, Prado de Somosaguas o el Casco Histórico?
¿O para las abandonadas colonias?
¿Puede el Gobierno municipal demostrar que existe un reparto equilibrado de los recursos?

Quizá el Gobierno tenga respuestas convincentes para todas estas cuestiones.
Quizá exista una justificación impecable para seguir transfiriendo 200.000 euros cada año.

Pero mientras esas explicaciones no lleguen, seguirá creciendo la sensación de que en Pozuelo hay vecinos que pagan impuestos y otros que, además, reciben subvenciones.

Y esa percepción, justa o injustamente, es mucho más difícil de gestionar que cualquier expediente administrativo.

Además, las EUCC nacieron en el derecho urbanístico como figuras transitorias para la conservación inicial de nuevos desarrollos. Sin embargo, en Pozuelo perpetúan un modelo de gestión externalizada que genera islas de privilegio.

¿Tiene el Gobierno de Tejero un plan real para recepcionar definitivamente estas urbanizaciones y unificar los servicios, o prefiere sostener indefinidamente este sistema de convenios a la carta?

Puffff

El Capitán Possuelo