Estimado Capitán:

Hace unos días, leí en El Correo de Pozuelo un artículo que me llamó mucho la atención sobre la licitación que el Gobierno estaba llevando a cabo para crear un “Gran Hermano” de 4 millones de € “para observar el tráfico” y se preguntaba si se trataba de la búsqueda de la seguridad inteligente o era, simplemente, un capricho tecnológico más…

Y no solo me llamó la atención sino que me preocupó y hoy quiero dejarle algunos comentarios sobre esa preocupación…

Y es que el debate sobre esa instalación masiva de cámaras en Pozuelo no es solo una cuestión técnica o presupuestaria. Es, ante todo, un debate político y moral sobre el modelo de ciudad que se quiere construir.

A raíz del proyecto impulsado por el gobierno de la alcaldesa Tejero (con una inversión millonaria en sistemas de vigilancia del tráfico) me han surgido dudas legítimas que me llevan a percibir un inquietante paralelismo con escenarios descritos por George Orwell en su obra “1984”.

Y la preocupación no es trivial. Las cámaras de tráfico tienen, en teoría, una finalidad concreta: regular la circulación, mejorar la seguridad vial y optimizar la movilidad urbana. Sin embargo, diversos análisis recuerdan que su uso debe estar limitado por principios como la proporcionalidad, la finalidad específica y el control legal. Cuando esos límites se difuminan, aparece el riesgo de que herramientas diseñadas para gestionar el tráfico acaben convirtiéndose en instrumentos de vigilancia generalizada.

Y eso es muy grave. De hecho, ustedes lo han denunciado en varias ocasiones con algunas medallitas que se ha puesto la Policía Municipal.

Porque la pregunta clave es:
¿Qué impide que ese maravilloso sistema derive hacia un uso sancionador masivo?

Hoy se presentan como dispositivos para ordenar el tráfico; mañana podrían utilizarse para multar automáticamente cualquier mínima infracción, como exceder en apenas 5 km/h la velocidad permitida.

La experiencia en otras ciudades muestra que la tecnología tiende a expandir sus usos una vez instalada. Y lo que empieza como una medida puntual puede terminar siendo un sistema permanente de control.

A esto se suma otro elemento inquietante como es la acumulación de datos.

Los parkímetros ya registran información detallada sobre quién aparca, dónde y durante cuánto tiempo. Si a eso se le añaden redes de cámaras inteligentes, el resultado es un mapa casi completo de los movimientos cotidianos de los ciudadanos.

Y no se trata de una hipótesis exagerada, sino de una posibilidad técnica real.

Por otro lado, cabe cuestionar el concepto mismo de “seguridad inteligente” cuando esta se basa en sustituir la presencia física de agentes por dispositivos automatizados.

La seguridad no es solo vigilancia; también implica proximidad, prevención y capacidad de respuesta humana. Un sistema excesivamente tecnificado puede generar una sensación de control sin ofrecer necesariamente una mayor protección efectiva.

En este contexto, el dilema entre seguridad y libertad reaparece con fuerza.

Se suele plantear como una elección inevitable, pero quizá sea una falsa dicotomía. Un exceso de vigilancia puede erosionar derechos sin garantizar una mejora proporcional en la seguridad.

Y, paradójicamente, puede desembocar en un escenario en el que los ciudadanos se sientan menos libres y no necesariamente más seguros.

Por todo ello, el debate en Pozuelo no debería centrarse únicamente en la eficacia de la tecnología, sino en sus límites. Porque una ciudad no se define solo por lo que controla, sino por el espacio de libertad que es capaz de preservar.

Muchas gracias por informar de temas tan delicados…

Juan Pozuelo