Ya sé que da igual pero yo, erre que erre, hoy vuelvo sobre el tema…

Y es que yo creía que la transparencia no era una opción política… Ni tampoco un gesto voluntario de buena voluntad institucional pero no…

Yo creía que la transparencia era una obligación legal y, sobre todo, un pilar básico de cualquier democracia que aspire a ser algo más que un mero escaparate. Especialmente, en la democracia local. Pero en el Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón no es así…

Aquí solo hay “tramparencia”.

Pero vuelvo al tema. Porque resulta especialmente preocupante lo que está ocurriendo en esta ciudad con la publicación (o más bien la no publicación) de los decretos de Alcaldía.

Ya sé que da igual, pero mi conciencia me dicta que debo volver a denunciarlo…

Ayer, curiosamente y mirando por encima el Orden del Día del Pleno del Jueves, vi que, en su punto 3º, hay una “Dación de cuenta del Decreto de la Alcaldesa-Presidenta de 24 de marzo de 2026 de modificación de competencias de los Directores Generales”.

Y como esto de los directores generales es algo que me preocupa mucho ya que son los que realmente mandan en el Gobierno (pobres concejales del montón) quise averiguar qué ha cambiado en sus competencias…

Las competencias de esos directores generales son el termómetro perfecto de la temperatura política del Pasillo del Infierno… Tejero las ha modificado tropecientas veces y esas modificaciones son las señales de los que suben y de los que bajan en el tobogán político que tiene montado la alcaldesa.

Pero naranjas de la China… Ese Decreto de la Alcaldesa-Presidenta de 24 de marzo de 2026 no existe. O no está publicado. Debe ser que no quiere que los mortales nos enteremos del Sube y Baja.

Me bastó acudir al portal oficial de decretos municipales para comprobar una realidad difícil de justificar…

Los documentos aparecen de forma irregular, incompleta y, en algunos casos, aparentemente selectiva. No se trata de una percepción subjetiva, sino de un hecho constatable.

La propia web municipal muestra decretos de determinadas fechas mientras otros, que deberían figurar por lógica administrativa, simplemente no están.

Y la pregunta que tantas veces hemos hecho vuelve a ser inevitable:
¿Por qué?
¿A qué viene ese descojone en el listado?

Y es que ese decreto de 24 de marzo de 2026 sobre Direcciones Generales (DDGG) resulta paradigmático. Insisto, aparece mencionado en el orden del día del Pleno pero su contenido no es accesible públicamente.

¿Cómo es posible que un asunto que va a ser debatido en sede pública carezca de la mínima transparencia previa?
¿Cómo pueden los concejales, los medios y, sobre todo, los vecinos, formarse una opinión informada si la información se oculta o se dosifica?

El problema no es menor.
Los decretos de Alcaldía no son documentos secundarios: son decisiones ejecutivas que afectan a la organización, al funcionamiento y, en muchos casos, al gasto público del Ayuntamiento.

En definitiva, afectan directamente a la vida de los ciudadanos y más cuando, vuelvo a insistir, afecta a los que de verdad mandan en el Gobierno.

La legislación sobre transparencia obliga a su publicación y accesibilidad, precisamente para evitar arbitrariedades y garantizar el control democrático.

Sin embargo, lo que se percibe es justo lo contrario: una gestión opaca, donde se publican “los que se quieren” y cuando se quiere. Una dinámica que erosiona la confianza institucional y alimenta la sospecha. Porque cuando la información no fluye, la desconfianza crece.

Y aquí surge otra pregunta aún más incómoda:
¿A qué se le tiene miedo?

Si los decretos son correctos, legales y defendibles, no debería existir ningún problema en hacerlos públicos de forma inmediata y completa.

La opacidad siempre invita a pensar que hay algo que no se quiere explicar o que no se sostiene bajo el escrutinio público.

Resulta especialmente llamativo que todo esto ocurra mientras el propio Ayuntamiento presume de su Portal de Transparencia, que incluye apartados específicos sobre acceso a la información pública y rendición de cuentas.

La contradicción entre el discurso institucional y la práctica real es evidente.

Lo ocurrido con el decreto del 24 de marzo no es una anécdota. Es un síntoma. Un síntoma de una manera de gobernar que prefiere la discrecionalidad a la rendición de cuentas.

Y la pregunta sigue en el aire:
¿Qué se está ocultando y por qué?

Juan Manuel Sánchez