Sumar, miembro del Gobierno sanchista junto a ERC, EH Bildu, Podemos, Compromís y BNG (la ultraizquierda que apoya Sánchez se manifiestan contra el propio presidente y escenifican un frente común para exigir un texto ambicioso en materia de vivienda.

Y ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha liderado la ofensiva al ala socialista del Ejecutivo advirtiendo de que el acuerdo en el seno del Gobierno aún no está cerrado.

García ha calificado el caso de Maricarmen como un punto de inflexión y ha emplazado al PSOE a decidir si se sitúa junto a la especulación o al lado de las familias en situación de vulnerabilidad. La titular de Sanidad ha llegado a amenazar con un plantón en la reunión de ministros de este martes si el texto final no recoge de forma íntegra las exigencias planteadas.

Entre los puntos calificados de irrenunciables por el socio minoritario se encuentran la regulación de los alquileres habitacionales y de temporada, la congelación absoluta de los precios de arrendamiento, la prórroga automática de los contratos y la eliminación total de los desahucios en España.

Por su parte, la dirección de Podemos ha mostrado una desconfianza abierta hacia la maniobra del Ejecutivo. El dirigente morado Tito Morano ha criticado que, a un día de la aprobación de la norma, Moncloa no haya remitido borrador alguno a las formaciones de la investidura. Morano ha acusado al PSOE de negociar en primer lugar con Junts para articular un decreto descafeinado y pretender recabar después el respaldo de la izquierda a hechos consumados.

Desde las filas moradas han abogado por la expropiación de inmuebles en manos de fondos de inversión y han admitido pocas expectativas respecto a la resolución final del texto, fiando la eficacia de la medida a la presión de la movilización social.

El resto de los socios parlamentarios de la investidura han cerrado filas en sus exigencias al Gobierno durante la concentración a las puertas del hospital. Enrique Santiago (Izquierda Unida) ha cuestionado abiertamente las “resistencias” del PSOE a asumir las demandas del Sindicato de Inquilinos, mientras que Alberto Ibáñez (Compromís) ha avisado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de que no aceptarán un texto “descafeinado”.

En la misma línea, el coportavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha tildado las medidas de “irrenunciables” y ha advertido a los socialistas de que el problema no se resuelve “con una foto o vídeos”.

Por su parte, la diputada de ERC, Etna Estrems, ha reclamado medidas estructurales y ha apelado a la “altura de miras” del resto de formaciones de la Cámara para convalidar el decreto.