El sindicato Manos Limpias ha presentado este lunes, de forma oficial, una denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión. Su secretario general, Miguel Bernad, atribuye a la Delegación una falta de actuación para poner fin a la acampada instalada en la Puerta del Sol. La iniciativa se había anunciado en un primer momento como querella.

El escrito, dirigido al juzgado de instrucción que corresponda por turno, sostiene que el campamento, promovido el pasado 26 de septiembre por el Sindicato de Inquilinos, carece de amparo en cualquier norma del ordenamiento jurídico. En palabras de la denuncia, es “lisa y literalmente ilegal”. Añade que el asentamiento se levanta frente a la sede de la Comunidad de Madrid y que ha tenido una gran difusión mediática, incluso en medios internacionales, por lo que su existencia era conocida por las autoridades.

Apoyándose en el artículo 404 del Código Penal, Manos Limpias recuerda los requisitos de este delito: que exista una autoridad o funcionario, una obligación legal de actuar, conocimiento de esa obligación, voluntad de no hacerlo y perjuicio a terceros. Subraya que la prevaricación por omisión no exige una acción directa, sino una decisión consciente de no intervenir donde la ley obliga a hacerlo, algo distinto de una simple negligencia. Entre los perjuicios al interés público y privado enumera los problemas para la circulación de vehículos y peatones, el comercio y el turismo, además de la insalubridad en pleno centro de la capital.

La acampada arrancó la noche del sábado, al terminar la manifestación convocada en Madrid tras el desahucio de Maricarmen, y sus impulsores la mantienen para reclamar la aprobación del llamado “decreto Maricarmen”. La denuncia llega después de las críticas cruzadas entre administraciones. El Ayuntamiento acusó el domingo a la Delegación del Gobierno de “dejación de funciones”, recordó que le corresponde el control del orden público y pidió que se “reponga la normalidad” en Sol. También apuntó que durante el 15M de 2011 los desalojos los organizó y coordinó esa misma Delegación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid acusó al Ministerio del Interior de permitir la acampada y de “lavarse las manos” al plantear que sea la Policía Municipal quien la desaloje. Fuentes del Ejecutivo regional aseguraron que lo que hace Interior “es ilegal”, defendieron que la competencia es de la Policía Nacional y reprocharon a Pedro Sánchez “buscar culpables y no encontrar soluciones”.