A veces, algunas veces, y mira que uno confía en la Justicia, llego a pensar que no hay Justicia sino que solo hay jueces. Y, como son humanos, depende del que te toque.

Y debe ser cierto porque, por eso, la propia Justicia creó las instancias superiores. Para que corrijan, digamos, la debilidad propia del ser humano.

No se explica de otra manera…

Y es que ni 24 horas ha necesitado el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid en dar la razón, aunque solo de forma provisional, al Gobierno de Sánchez en el litigio que mantiene con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el CREADE, el centro de recepción y atención de inmigrantes instalado por el Ministerio de Migraciones sin la correspondiente licencia municipal…

Curioso. A veces, algunas veces, ante esta rapidez se podría decir que su señoría tenía prisas. Y las prisas, ya se sabe, solo son buenas para los ladrones y los malos toreros. No sé. ¿Habría que meter también a algunos jueves en ese viejo dicho popular?

Es que el señor juez de este litigio ni se ha tapado en las formas, dándole, a su decisión, algo de tiempo para disimular. No sé. Una semana, digo yo. No se acaba el mundo en una semana.

El plazo es llamativamente breve si se compara con el más de un mes que transcurrió desde que el Gobierno de Sánchez solicitó las medidas cautelares hasta que el propio consistorio de Pozuelo tuvo conocimiento efectivo de ellas (curiosamente, la víspera de Nochebuena), cuando al día siguiente comenzaban las entrañables fiestas navideñas para todos. Incluido, los jueces.

Aunque esta decisión solo sea de manera provisional, conviene subrayar todas estas circunstancias.
Porque lo llamativo no es tanto el contenido del auto como la velocidad supersónica con la que ha sido dictado.

Las alegaciones municipales se presentaron el pasado martes a mediodía. El miércoles llegó la diligencia de ordenación, ese papel administrativo que viene a decir “ya tengo los documentos”, y casi sin dar tiempo a leerlas (ni a sospechar que las había leído) apareció el auto.

No he visto tanta rapidez salvo a John Wayne en “Río Bravo”. Y no lo digo como crítica personal al juez sino como constatación objetiva de una asimetría difícil de explicar…

¿Será verdad que cuando recurre el Gobierno de Sánchez, alguna Justicia corre y, cuando quien tiene que defenderse es un ayuntamiento, el reloj se congela?

Pregunto. Por saber solamente. Porque no hay ninguna explicación lógica.
Bueno sí, presuntamente, hay una:
¿Qué coño se creen estos fachas ricos de Pozuelo?

Su señoría no menciona ni una sola línea de las alegaciones del Gobierno de Pozuelo en su resolución. Nada. Silencio absoluto.

Y, claro, ante estas circunstancias, uno no puede evitar maliciarse que no hayan sido siquiera consideradas, aunque, por supuesto, la decisión se debe acatar y respetar, como corresponde en un Estado de Derecho pero el pensamiento, en estos casos, vuela sobre pantanos malolientes.

Eso sí, el Gobierno de Tejero, lógicamente, ya ha anunciado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque aquí nadie se rinde ni se resigna. Hay que crecerse en el castigo. Como los toros bravos. Esto es una decisión cuanto menos impropia y, como decía al principio, las instancias superiores de la Justicia están para corregir la vulnerabilidad humana.

Conviene, en cualquier caso, aclarar algo que algunos parecen empeñados en ocultar que este auto no resuelve el fondo del asunto. Solo mantiene abierto el CREADE mientras se dirime la cuestión principal que es si se vulnera la legalidad  no.

Y esa cuestión principal es muy sencilla de entender, aunque a algunos les incomode: el edificio tiene licencia municipal para 270 camas y una actividad formativa muy concreta. Punto Pelota. El Ministerio de Migraciones lo ha transformado, por la vía de los hechos consumados, en un centro de inmigrantes con más del doble de plazas.

No es una opinión del Gobierno de Pozuelo ni una exageración interesada. Son datos reconocidos por el propio Ministerio en documentos oficiales.

Este verano autorizó hasta 564 plazas y admitió una ocupación real de 403 personas, de una decena de nacionalidades distintas. Eso, en cualquier manual serio, se llama incumplir la licencia y generar riesgo de hacinamiento. Y eso es lo que motivó la orden de cierre municipal.

Aun así, desde el Gobierno de Sánchez se pretende vender este conflicto como una especie de insolidaridad municipal o de capricho político de pueblo rico y facha. Nada más lejos de la realidad.

Aquí no se discute la acogida, se discute la legalidad. Se discute si el Gobierno de Sánchez puede saltarse las normas urbanísticas que exige al resto de ciudadanos, empresas e instituciones. Y la respuesta, por muy incómoda que resulte, debería ser no.

Es, tal vez, la única forma de proceder político que entiende este presidente que, curiosamente, vivió en esta ciudad y, en teoría, conoce bien…

Hasta que se le contradice, claro. Eso no lo soporta.

Hace bien el Gobierno de Pozuelo en reiterar su voluntad de llegar hasta donde haga falta. Hablo de instancias jurídicas superiores. Porque si algo está en juego en este asunto no es solo un centro concreto sino un principio básico de legalidad…

La ley debe ser igual para todos, incluso y sobre todo, cuando quien la incumple es el propio Gobierno de la Nación…

Confío en que la sindéresis se imponga.
Porque si la debilidad humana (que mencionamos antes) es nuestra identidad, la sindéresis es la capacidad natural para juzgar rectamente.

El Capitán Possuelo