Esta es la noticia que conocimos ayer, 8 de enero de 2026, cuando se publicó el Acta de la Junta de Gobierno Local del día 23 de diciembre de 2025, víspera de Nochebuena. Dieciséis días después de celebrarse.

En esa Junta de Gobierno Local de 50 minutos (entre las 12:20 y las 13:10 y en la que, además, se aprobaron siete puntos por Urgencia y otras barbaridades) estas cuatro personas que no viven en Pozuelo de Alarcón (Paloma Tejero Toledo, Miriam Picazo Alonso, Lucía Emilia Molares Pérez y Manuel Moreno Escobar) aprobaron por unanimidad el Estudio de Viabilidad para la concesión de obra pública destinada a la construcción y explotación de un Palacio de Congresos con Hotel anexo (solo Palacio y Hotel, sin Recinto Ferial) que costarán casi 100 millones de euros, de los que 24 millones pondrán los vecinos de Pozuelo con sus impuestos.

Más, claro, la cesión del derecho de superficie durante 40 años, que también tiene su coste.

Aquello de la colaboración público-privada de la que presumía Tejero y por la que no costaría nada a los contribuyentes, ha quedado en aguas de borrajas…

Curiosamente, esta barbaridad contó con la asistencia a JGL y asentimiento de la barbaridad de Félix Alba Núñez, Concejal Portavoz y Coordinador del gobierno; Antonio Iglesias Moreno, Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local; Juan Téllez Rubio, Coordinador General; Felipe José Vilches García, Director General de la Asesoría Jurídica, y Francisco Javier Escalona Moyano, Viceinterventor General.

Sus nombres deben ser también recordados porque solo uno de ells vive en Pozuelo y nos van a dejar una carga insostenible y, encima, para nada.

Porque, amigos, Pozuelo de Alarcón no necesita un Palacio de Congresos. Ni un hotel de lujo anexo. No lo necesita socialmente. No lo necesita urbanísticamente. Y, desde luego, no lo necesita financieramente. Sin embargo, la alcaldesa Tejero ha decidido dar un paso más hacia una obra faraónica, innecesaria y arriesgada, aprobando un estudio de viabilidad que abre la puerta a un proyecto, como digo, de casi 100 millones de euros con IVA.

Un escándalo en toda regla.

Estos son los números. Ochenta millones sin IVA. Casi noventa y siete millones con impuestos. Y hasta 24 millones de euros de dinero municipal comprometidos en una operación privada camuflada de concesión. Casi el Presupuesto de un año del Ayuntamiento.

Todo ello para construir un complejo congresual y hotelero en un lugar que no quieren los vecinos que votan, precisamente, al PP. Es un contradiós.

¿Y para quién? ¿Y para qué? ¿Qué demanda real existe en Pozuelo que justifique un Palacio de Congresos y de un Hotel de estas dimensiones estratosféricas?

Ninguna que no sea teórica, inflada o directamente fabricada en hojas Excel para mayor gloria de la propia Paloma Tejero que necesita lavar su fracaso político…

Pozuelo no es una ciudad congresual. No lo ha sido nunca. No lo será ahora por decreto. No tiene estación de AVE, ni aeropuerto, ni una red hotelera pensada para grandes eventos internacionales. Lo que sí tiene es un tremendo problema de movilidad, que aumentará exponencialmente con ARO, y una población que paga impuestos altos, que sufre una presión fiscal creciente (Tejero les ha subido los impuestos y no ha bajado ninguno como prometió) y que ve cómo su Ayuntamiento prioriza proyectos de escaparate mientras se descuidan los problemas reales.

El argumento de la “viabilidad económica”, como dice el Estudio, tampoco convence. Un Valor Actual Neto positivo y una Tasa Interna de Retorno atractiva sirven para justificar informes, pero no eliminan el riesgo.

El Ayuntamiento pone suelo, pone dinero y pone su nombre. Pero si el negocio no funciona, si la ocupación no llega, si los ingresos no cuadran, el golpe no lo asumirá la consultora que firma el estudio ni la propia Tejero y los firmantes y videntes de la JGL. Lo asumirá Pozuelo. Como siempre. Como ya ha pasado con un hotel en la Ciudad de la Imagen.

Pozuelo no necesita nada de esto porque está muy cerca de Madrid y carece de “diversión adjunta” para el ocio: El Palacio y el Hotel están condenados.

Además, hablamos de una concesión de 40 años. Cuarenta. Una generación entera hipotecada por una decisión tomada en la víspera de Nochebuena, sin debate público real, sin consulta a los vecinos y sin un análisis serio de alternativas.

Cuarenta años condicionando suelo municipal estratégico para un uso que nadie ha pedido y que puede quedar obsoleto mucho antes de que termine la concesión.

Pero lo más grave no es solo la cifra. Es el modelo mental que hay detrás. Pensar que el progreso pasa por edificios grandilocuentes, por obras icónicas y por titulares llamativos, en lugar de por una gestión discreta, eficaz y centrada en las personas. Esa es una forma de gobernar antigua. Caduca. Más preocupada por cortar cintas que por administrar bien. Más obsesionada con dejar “legado” que con resolver problemas.

Este tipo de proyectos responden a la vanidad institucional. Y cuando se mezcla vanidad política con dinero público, el resultado rara vez sale bien.

Pozuelo no pedía esto. No lo necesita. Y nadie ha explicado con honestidad por qué se prioriza una operación de casi 100 millones de euros mientras se posponen inversiones básicas que sí afectan directamente a la calidad de vida de los vecinos. O, simplemente, bajando los impuestos prometidos.

Aquí no hay progreso. Hay riesgo. Hay despilfarro potencial. Y hay una peligrosa desconexión entre el Ayuntamiento y la realidad del municipio. Y la factura, como casi siempre, no la pagarán quienes aprueban estos proyectos desde los despachos. La pagarán, insisto, los vecinos.

Pozuelo no necesita un Palacio de Congresos.
Necesita sentido común.
Y necesita gobernantes que entiendan que no hacer una gran obra a tiempo también es una buena decisión.

El problema es que la alcaldesa Paloma Tejero ha perdido la cabeza buscando su salvación política.
Y eso es ya una gran locura.
¿Y todo esto lo sabe Ayuso?

El Capitán Possuelo